Cristina, igual que Milei -aunque con formas distintas- gobernó para Monsanto, Chevron y compañía

Por Juan Giglio

Ciertos sectores del progresismo y de la izquierda todavía sostienen que Cristina Fernández de Kirchner enfrentó a los grandes intereses del agronegocio durante el llamado “conflicto del campo” de 2008. Sin embargo, aquella disputa estuvo lejos de constituir una batalla contra el modelo agroexportador.

Es cierto que el Gobierno mantuvo una pulseada con la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria y otras entidades por la aplicación de retenciones móviles. Pero nunca cuestionó el poder de las multinacionales semilleras, los fabricantes de agrotóxicos, los grandes exportadores ni los pooles de siembra. Por el contrario, garantizó la continuidad de un modelo basado en el monocultivo, la concentración de la tierra, la expansión de la frontera agrícola y la apropiación privada de la renta agraria.

La prueba más contundente llegó el 15 de junio de 2012. Frente a los empresarios estadounidenses reunidos en el Consejo de las Américas de Nueva York, Cristina Fernández reivindicó públicamente las inversiones de Monsanto y presentó la biotecnología empresarial como una pieza fundamental para el futuro de la producción de alimentos. El propio comunicado de la Casa Rosada destacó la inversión de la multinacional en Malvinas Argentinas, Córdoba, y celebró que la Argentina estuviera “a la vanguardia” en materia de patentes y eventos biotecnológicos. [El discurso todavía puede consultarse en el archivo oficial] https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/25917-ante-empresarios-estadounidenses-la-jefa-de-estado-sostuvo-que-argentina-tiene-un-futuro-muy-promisorio.

No fue una equivocación ni una contradicción circunstancial. Fue una definición de clase. Mientras el kirchnerismo pronunciaba discursos contra “las corporaciones”, ofrecía a una de las mayores multinacionales del agronegocio condiciones favorables para ampliar sus negocios. Como el tero, gritaba en un lugar y ponía los huevos en otro.

La alianza resultaba todavía más escandalosa porque, casi simultáneamente, comenzaba en Córdoba el primer juicio oral del país por fumigaciones ilegales con glifosato y endosulfán. El proceso no tuvo a Monsanto como acusada: los imputados fueron dos productores y un piloto aeroaplicador. En agosto de 2012, un productor y el piloto fueron condenados a tres años de prisión condicional por contaminación ambiental.

La causa dejó al descubierto las consecuencias del modelo agroindustrial. En el barrio Ituzaingó Anexo se habían denunciado alrededor de 200 casos de cáncer, cien de ellos mortales, mientras que diversos análisis detectaron agroquímicos en el organismo de numerosos niños. Los hechos juzgados correspondían a fumigaciones realizadas en 2004 y 2008, cuando el barrio ya se encontraba bajo emergencia sanitaria. [La sentencia constituyó el primer precedente penal argentino de este tipo] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-201610-2012-08-22.html.

El problema, además, nunca se redujo a un solo barrio. Las fumigaciones rodearon poblaciones y escuelas rurales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y otras provincias. Docentes, familias, médicos y organizaciones ambientales denunciaron intoxicaciones, enfermedades y la presencia de agrotóxicos en el agua, el suelo y el organismo de niños y trabajadores. Frente a esas advertencias, los gobiernos nacionales y provinciales protegieron la rentabilidad de los grandes productores y las multinacionales.

Esa fue la verdadera política agraria del kirchnerismo: no acabar con el poder de la oligarquía y los monopolios, sino negociar con ellos la distribución de una parte de la renta mientras se mantenían intactas las bases del negocio, una orientación similar a la que Cristina y los suyos desarrollaron hacia la industria petrolera. En 2014, impulsaron la Ley 27.007, aprobada por el PJ junto al macrismo, sectores del radicalismo, fuerzas provinciales y otros representantes de la oposición patronal. La norma profundizó la entrega de los hidrocarburos al gran capital y creó condiciones todavía más favorables para las petroleras.

La ley estableció concesiones de 25 años para la explotación convencional, 35 para la no convencional —incluido el fracking— y 30 para las explotaciones en la plataforma continental. Lo más grave es que habilitó prórrogas sucesivas de diez años. Esto significa que, en la práctica, las empresas pueden perpetuarse sobre los yacimientos mientras las autoridades continúen renovando sus concesiones. [Así quedó establecido en el texto de la Ley 27.007] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/237401/norma.htm.

La normativa también extendió los beneficios del régimen creado por el Decreto 929/2013 y redujo de mil millones a 250 millones de dólares la inversión mínima necesaria para ingresar en él. Después de tres años, las empresas beneficiadas podían comercializar libremente en el exterior hasta el 20% de su producción, sin obligación de ingresar esas divisas al país. No se trató, por lo tanto, de recuperar la soberanía energética, sino de ofrecer Vaca Muerta y otros recursos estratégicos como garantía de rentabilidad para Chevron y el resto de las petroleras imperialistas.

Estos hechos pulverizan el relato de un kirchnerismo enfrentado con el imperialismo. Cristina Fernández administró los intereses del gran capital con un discurso distinto en las formas del utilizado hoy por Milei, pero muy parecido en cuanto a su contenido entreguista. Mientras el libertario proclama abiertamente su subordinación a Washington y a las corporaciones, el kirchnerismo encubrió sus acuerdos con una retórica “nacional y popular”.

El vínculo privilegiado de Cristina con el ala “progresista” del Partido Demócrata estadounidense tampoco modificó esa relación de dependencia. Cambiaron los interlocutores, las formas diplomáticas y los discursos, pero no la subordinación económica ni la entrega de los recursos naturales.

Los trabajadores y el pueblo debemos enfrentar el ajuste de Milei, Caputo y el FMI, pero sin depositar ninguna confianza en quienes ya gobernaron para Monsanto, Chevron, las mineras y los grandes exportadores. Volver al kirchnerismo no significa salir del saqueo, sino regresar a otra variante de su administración.

La única salida verdaderamente antiimperialista consiste en expropiar a los monopolios, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero y colocar la tierra, los hidrocarburos, la minería y el conjunto de los recursos estratégicos al servicio de las necesidades populares. Esa tarea no será realizada por ninguna fracción del peronismo ni de la burguesía. Requiere una organización revolucionaria de la clase trabajadora y una lucha consciente por un gobierno obrero y socialista.

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