Crecen las deudas populares con bancos, aplicaciones y usureros locales que se enriquecen gracias a Milei y su banda
Por Ernesto Buenaventura
La
movilización convocada para este jueves, con el objetivo de exigirle al Estado
una respuesta frente a la crisis de endeudamiento que golpea a millones de
trabajadores, pequeños industriales y comerciantes, pone de manifiesto la
gravedad de un problema que crece al ritmo de la recesión, la inflación y la
destrucción de los ingresos populares.
*En el país
hay 5,8 millones de personas con créditos impagos o atrasos graves, según los
datos del Banco Central de la República Argentina. Ese número se refiere a los
que tomaron préstamos en los circuitos oficiales —tarjetas de crédito,
billeteras virtuales y préstamos personales—, lo que significa que la cantidad
total de endeudados que no están pudiendo pagar es todavía mayor. A los datos
oficiales hay que sumar a quienes recurrieron a circuitos informales: vecinos,
prestamistas de barrio e incluso redes vinculadas al narcotráfico.*[^1]
No se trata
de individuos que “gastaron más de lo que podían”, como pretenden instalar el
Gobierno, los bancos y sus voceros mediáticos. El endeudamiento para pagar
alimentos, medicamentos, alquileres, tarifas y otros gastos elementales es una
consecuencia directa de la política de ajuste y saqueo aplicada por el gobierno
libertario.
Los salarios
y las jubilaciones están planchados, mientras aumentan los precios y se
multiplican las tarifas de los servicios esenciales. Millones de familias
recurren al crédito para sobrevivir y después toman nuevas deudas para pagar
las anteriores. Así se conforma una verdadera bicicleta financiera popular, no
destinada a la especulación ni al enriquecimiento, sino a garantizar la comida
de todos los días.
*En un hogar
con dos jubilaciones mínimas, el peso de los servicios públicos sobre los
ingresos pasó del 5,1 % al 17,3 %, más del triple. Para una familia con un
ingreso mensual de 1,5 millones de pesos, equivalente al ingreso medio, la
participación de esos servicios se duplicó, del 7 % al 14 %. En un hogar
sostenido por un salario medio del sector formal, casi se triplicó: pasó del
3,8 % al 10,7 %.*[^2]
Esta política
constituye un gigantesco mecanismo de transferencia de recursos desde los
trabajadores hacia los bancos, las empresas de servicios, los monopolios y el
capital financiero. Mientras las mayorías populares se endeudan para comer o
pagar la luz, los grandes grupos económicos reciben beneficios impositivos,
subsidios, desregulaciones y todas las garantías necesarias para continuar
acumulando ganancias.
La otra cara
de esta situación es el deterioro constante de la imagen del Gobierno. La
recesión, el aumento de las deudas familiares y los escándalos de corrupción
erosionan su base social, incluso entre sectores que votaron a Milei. Al mismo
tiempo, comienza a emerger un proceso de resistencia colectiva contra el
ajuste.
La
movilización de los endeudados, en la que participan centrales sindicales,
movimientos sociales y partidos de izquierda, no constituye un fenómeno
aislado. Forma parte de un proceso más general de luchas contra el plan de
saqueo: la defensa de la tierra frente a los capitales extranjeros, las
movilizaciones contra los despidos, la resistencia ante el cierre de fábricas y
los reclamos de jubilados, docentes y trabajadores estatales.
Cada una de
estas peleas expresa, desde diferentes lugares, una misma contradicción:
mientras el Gobierno pretende descargar la crisis sobre las espaldas del
pueblo, sectores cada vez más amplios comienzan a comprender que ninguna salida
individual podrá resolver problemas que tienen un origen social y político.
Sin embargo,
la participación de las conducciones de la CGT y las CTA no ofrece ninguna
garantía. Esas burocracias han dejado pasar el ajuste, aislando las luchas y
negándose a convocar un verdadero plan de combate. Si ahora se suman a la
movilización, es por la presión que crece desde abajo y por el temor a quedar
completamente desbordadas.
En este
contexto, es urgente que la izquierda revolucionaria se ponga a la cabeza del
proceso, impulsando asambleas, plenarios y organismos de coordinación que
permitan unir a los endeudados con los trabajadores ocupados y desocupados, los
jubilados, los estudiantes y todos los sectores atacados por el Gobierno.
La tarea
consiste en transformar las luchas dispersas en una fuerza nacional,
independiente del Gobierno, los gobernadores y las burocracias sindicales.
Unificar los reclamos, imponer un paro general y preparar un verdadero
Argentinazo que derrote el ajuste y expulse a sus ejecutores.
La rebelión
ya está en curso. El desafío es organizarla, centralizarla y dotarla de un
programa propio de la clase trabajadora, para que la crisis no vuelvan a
pagarla quienes la padecen, sino los capitalistas que la provocaron.
[^1]: *Página/12*, 17 de agosto de 2026.
[^2]: *La
Nación*, 30 de junio de 2026.
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