A través del ministro de Justicia, Germán Garavano, el
gobierno acaba de anunciar que pretende “consensuar” un proyecto de reforma del
régimen penal juvenil, a través de la imposición de la baja de la edad de
imputabilidad, que de 16 descendería a 14 años. Este intento no es más que una “fuga hacia adelante”, ya que
Macri, Bullrich y compañía están tratando de ocultar - frente a la creciente presión
popular - la incapacidad del estado de frenar el aumento de la delincuencia que
afecta a amplios sectores de los trabajadores y el pueblo. El gobierno quiere salvar la responsabilidad de la policía, luego
de que una combativa movilización de vecinos frente a la comisaría de Flores denunciara
a viva voz a los uniformados, acusándolos de ser cómplices de narcos y dueños
de talleres clandestinos. ¡Nadie pedía que les bajen la edad de la imputabilidad a los
jóvenes ni una mayor presencia de policías en las calles! Sin embargo, Macri,
que no escucha los reclamos del pueblo sino de los grandes empresarios que lo
banca, volvió a la carga con una iniciativa de carácter reaccionario. Esta propuesta, que había sido impulsada por el kirchnerismo
en 2009, significa una nueva vuelta de tuerca en la política de criminalización
de la juventud y el fortalecimiento del aparato represivo, que el gobierno y
los patrones necesitan para enfrentar las luchas obreras. (Leer todo)
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