Por Damián Quevedo
En medio de una recesión que ya nadie puede negar y con nuevos reveses políticos en el Congreso, el gobierno sigue pagando vencimientos de deuda externa y pidiendo nuevos préstamos para cubrir estos compromisos, una situación que agranda, cada vez más, la impagable deuda.
El Tesoro nacional realizó este martes un pago de intereses por la deuda contraída con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por 612 millones de dólares. Este desembolso forma parte de un total próximo a los USD 2.000 millones que el Gobierno deberá girar al organismo hasta fin de año. En el calendario están previstos otros dos vencimientos más en concepto de intereses para agosto, por USD 861 millones, y noviembre, por 883 millones de dólares[1].
Además del desembolso del FMI y el Swap chino, el gobierno recurre a la emisión de bonos como medio para lograr el ingreso de dólares, que no es más que otra forma de pedir prestado. Milei lanzó bonos de deuda apenas asumió su mandato, que deberán pagarse incluso luego de finalizada su gestión, como el "Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal)", que se suscribe al tipo de cambio oficial y se paga en dólares con opción de rescate anticipado. El plazo de vencimiento previsto es el 31 de octubre de 2027.
Este bono suma varios vencimientos de acá a fin de año, junto con los que el gobierno debe cancelar con el FMI, en las condiciones actuales, sin ingresos regulares de divisas y con la caída de las reservas internacionales del BCRA, que los libertarios agotaron intentando “planchar” el dólar, el pago de bonos y deuda, será imposible.
En ese contexto, cuando ingrese la liquidación de la última cosecha, los dólares que de allí provengan serán insuficientes para cumplir con todos los vencimientos que quedan para este año. Ante esa situación, al gobierno no le quedará más opción que seguir pedaleando y buscar la concreción de otro préstamo.
De conseguirlo, sería más oneroso que este último, ya que las derrotas políticas del oficialismo lo muestran como un gobierno incapaz de garantizar el plan de ajuste que exige el fondo. Por esta razón, Sturzenegger está tratando de ponerse en sintonía con el FMI, hablando de la inminencia de una reforma laboral, como la que exigen los funcionarios de este organismo.
Esta, junto con la lucha salarial, será una batalla estratégica para los trabajadores, que, para librarla, tendrán que poner en pie una conducción combativa y democrática, que haga todo lo contrario de lo que hacen los burócratas peronistas de la CGT y la mayoría de los sindicatos: un plan de lucha en serio contra el ajuste y los ajustadores.
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