Por Damián Quevedo
Este miércoles, el poder
ejecutivo deberá sortear dos batallas en el marco de la crisis política de la
cual es su víctima principal. Las denuncias parlamentarias relacionadas a la
cripto estafa y los intentos de imponer a dos jueces propios en la Corte
Suprema. A todo eso se le agrega la anunciadísima movilización de apoyo a los
jubilados, que puede ser multitudinaria.
Diputados para tratar una decena de proyectos vinculados
al escándalo $LIBRA. En el Senado, están a un paso de conseguir el número
necesario para rechazar el pliego de Manuel García Mansilla que, junto con
Ariel Lijo, fueron designados por Milei --mediante un decreto-- para ser jueces
de la Corte Suprema[1].
Más allá de que el parlamento resuelva alguna de las cuestiones en disputa, el ejecutivo se verá obligado a desplegar un operativo represivo fenomenal para mantener el control de la calle en los alrededores del Congreso. Esta movida, debido a las circunstancias que la rodean, pone en juego el magro capital político que aún conserva Milei, quien se jacta de haber terminado con los piquetes.
Las agrupaciones de jubilados, que vienen sosteniendo una pelea constante y desafiando el protocolo de Bullrich, se convirtieron -en los hechos- en un punto de referencia de la resistencia contra el ajuste. Tan importante ha sido su lucha, que cientos de simpatizantes de distintos clubes de fútbol, anunciaron que estarán presentes este miércoles para hacerles el “aguante”.
Esta situación no solo agranda el
papel de vanguardia del movimiento de jubilados y jubiladas, sino que además
refleja otro fenómeno, mucho más peligroso para el gobierno y para el régimen
político en su conjunto: un proceso de radicalización social, que está
desarrollándose en los socavones de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
Esta dinámica, que se expresó horas en la bronca de vecinos y vecinas de Bahía Blanca, que echaron a la ministra de seguridad de uno de los barrios inundados de esa ciudad, tomó cuerpo en Matanza. Allí, decenas de motoqueros se organizaron para recuperar una moto robada, ejerciendo su más que legítimo derecho a la autodefensa.
La convocatoria del miércoles no partió de las barras bravas, todas vinculadas a los partidos patronales y a la burocracia sindical, sino de sectores activistas que existen en todos los clubes. Esto demuestra, que, hoy por hoy, ni los burócratas gremiales ni los partidos políticos -incluida la izquierda- tienen autoridad para centralizar la lucha contra el gobierno.
Po esa misma razón, el movimiento de jubilados y jubiladas, acompañado por todos los sectores que lo apoyarán este miércoles, debería tomar la posta y convocar a realizar una asamblea o reunión de coordinación para discutir y resolver cómo continuar y profundizar la pelea contra el ajuste y los ajustadores.
[1] Página12 10/03/2025
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