Por Damián Quevedo
Uno de los grandes escándalos de los 90 fue el de las valijas, que ingresaban al país sin ningún tipo de control aduanero, de la mano de la entonces cuñada del presidente Carlos Menem, Amira Yoma. El kirchnerismo también tuvo sus valijeros, el más famoso de los cuales fue el venezolano Antonini Wilson.
Amira Yoma,
por entonces secretaria privada del presidente Carlos Menem, aparecía
supuestamente involucrada en una banda que transportaba y lavaba dinero sucio
del narcotráfico. Junto a Yoma estaba su marido Ibrahim al Ibrahim y Mario
Caserta, un puntero de Lanús que Menem colocó en un puesto menor de la
administración pública[1].
A Milei solo le falta anunciar la producción de un cohete que vaya a la estratosfera, para igualar a Carlos Menem. Es que, además del ajuste y las relaciones carnales con EEUU, ahora cuenta con una valijera. Este nuevo escándalo de corrupción será otro dolor de cabeza para el ejecutivo en el Congreso y la Justicia.
El escándalo
por la denuncia de que Laura Belén Arrieta, representante de la CPAC, habría
ingresado al país con valijas sin someterse al control de Aduana por
"órdenes de arriba" llegó al Congreso: el diputado de la Coalición
Cívica Maximiliano Ferraro realizó un pedido de acceso a la información pública
para que la administración de Javier Milei esclarezca la información que, ni
bien fue dada a conocer, sacudió a la Casa Rosada[2].
No podemos afirmar (todavía) que la valija en cuestión contenga dinero lavado, del narcotráfico u otra actividad ilícita. Sin embargo, lo que sí es innegable, es que el gobierno no quiso que se conozca su contenido, lo cual, en sí mismo, constituye un hecho de corrupción.
Este gobierno, uno de los más corruptos de las últimas décadas, es, además, una banda de lúmpenes, vinculada a piratas financieros bastante marginales dentro del mundo de los negocios capitalistas, como aquellos que protagonizaron el Criptogate.
Bajo el capitalismo, sus gobiernos representan a algún sector patronal, ya sea la industria tradicional, la banca o el agronegocio. Pero, en este caso, el ejecutivo comandado por Milei no expresa a ninguna de estas fracciones o alguna multinacional importante. Es, por lo tanto, una anomalía propia de la crisis del régimen.
En ese sentido, esta gente, cuyo principal objetivo es enriquecerse rápidamente, no es solo un problema para el pueblo que sufre la motosierra, sino también para los capitalistas. La burguesía, además de ajuste, necesita cierta estabilidad o seguridad jurídica, un funcionamiento institucional relativamente aceptable que la banda libertaria no le garantiza.
Por esa razón, es probable que los capitalistas hayan adoptado la política del “limón exprimido”, que no es otra que la de aprovechar las actuales circunstancias para sacarle todo el jugo a Milei y los suyos, para después, cuando no tenga más para ofrecer, tirarlo a la basura, tratando de reemplazarlo por una opción más “seria”.
Esta es una de las cuestiones que hacen que, tanto el
gobierno, como el propio régimen, estén transitando un período de extrema
debilidad, situación que deben aprovechar los trabajadores y el pueblo para
salir a luchar por sus derechos y en contra del plan de hambre, miseria y
explotación que aplican los libertarios.
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