Por Damián Quevedo
Hay una serie de factores que anuncian la posibilidad
concreta de que explote una nueva crisis de deuda en Argentina, una cesación de
pagos que pondría en evidencia que el Estado argentino está quebrado, a pesar
de las declaraciones altisonantes de sus funcionarios, que continúan agitando la
supuesta conquista de un “déficit cero” absolutamente fantástico.
En ese sentido, el vencimiento más acuciante para Milei, es
el del año próximo, ya que por más que el ministro Caputo repita una y otra vez
que los pagos hasta el 2026 están garantizados, todo el mundo financiero sabe
que no es así, ya que el gobierno tendrá que pagar u$s23.800 millones, un monto
integrando por 11.290 millones que deben ir a parar a los bolsillos de los
acreedores privados, 4.000 millones para los organismos internacionales, 3.000 millones
que le corresponden al FMI, 2.850 del swap chino y 2.650 millones de las deudas
provinciales.
Abonar en tiempo y forma esa cantidad gigantesca de dólares parece,
por lo menos en la actualidad, como algo totalmente irrealizable, si se tiene
en cuenta que el Gobierno ni siquiera está en condiciones de pagar la mitad de
esa cifra. Además, para completar el cartón, el Estado nacional también debe
afrontar pagos cuantiosos para fin de este año, en un marco más que adverso, ya
que los dólares provenientes de la venta soja será menos, debido a la caída de
los precios internacionales y a la retención, por parte de los productores, de
muchas toneladas de ese commodity, a la espera de una nueva devaluación del
peso.
Tampoco cuenta Milei con las reservas de dólares del Banco
Central, que está en rojo desde hace tiempo, con un negativo de 5500 millones,
que, en caso de continuar la tendencia general, podría llegar a los niveles de
fines del 2023, cuando el rojo alcanzó los 11 millones. Con estos números, el
riesgo país también está por las nubes, lo cual dificulta o hace imposible que el
gobierno consiga nuevos créditos a largo plazo para “pedalear” los pagos de la
deuda con la tradicional “bicicleta” financiera. Por esa razón, Milei se vio
obligado a recurrir a los buitres más voraces de las finanzas, que también se
negaron a prestarle a la Argentina.
Este contexto de crisis financiera tiene una base terrenal
que condiciona todo: la recesión, que llega debido a la crisis del capitalismo
semicolonial y se profundiza con cada una de las políticas de ajuste que aplica
el gobierno, que no sólo atacan el nivel de vida de la clase trabajadora
-activa y jubilada- sino que también golpea los intereses de las patronales más
vulnerables, que no son solo las pequeñas y medianas. El punto más agudo de
este ajuste hacia estas fracciones capitalistas es la baja del impuesto PAIS
-en setiembre pasará del 17,5% al 7,5%- cuya aplicación favorecerá el ingreso
de mercancías importadas, una dinámica que acabará con los negocios de buena
parte de los empresarios que fabrican para el mercado interno.
A la situación económica desfavorable para el gobierno, es
necesario agregarle la crisis política que continúa sacudiendo las estructuras
de La Libertad Avanza, que expulsa todos los días a alguno de sus funcionarios
o legisladores, como acaba de suceder con el senador Paoltroni, cuestionado por
haber criticado la postulación para formar parte de la Corte Suprema del mafioso
juez Lijo, un personaje ligado a los negocios más turbios. Esta realidad la
conoce muy bien el resto de la oposición patronal, que, de conjunto, sostienen
al gobierno, porque saben que, si se cae el ejecutivo libertario, su derrumbe
afectará al régimen semicolonial que defienden de conjunto.
Libertarios, peronistas, radicales, macristas y un largo
etcétera de políticos patronales, forman parte del circo de esta “democracia” representativa,
que cada vez es menos democrática para los y las de abajo, que sufren las
consecuencias del eterno ajuste al servicio de los verdaderos dueños del país,
los grandes monopolios internacionales. Los políticos tradicionales actúan como
virreyes de la recolonización nacional por parte de las potencias, que, para
mantener sus negocios, necesitan que, tanto Argentina como el resto de los
países latinoamericanos, no crezcan ni desarrollen sus industrias, sino que
continúen siendo proveedores baratos de materias primas y pagadores seriales de
las deudas que cobran en las casas matrices de las grandes metrópolis
imperialistas
La tarea central de los pueblos latinoamericanos es
liberarse del yugo de la dependencia, rompiendo las cadenas como lo hicieron,
muchos años atrás, los grandes libertadores del continente, San Martín y
Bolívar. Debe ser la clase trabajadora la que se ponga al frente de este
proceso independentista, ya que es el único sector social que nada tiene que
perder, el único que no está atado y condicionado -por los negocios- con los
monopolios. La izquierda revolucionaria tiene que jugarse a conducir
políticamente esta lucha, que, para ser consecuente, tiene que desembocar en la
conquista del poder por parte de los trabajadores.
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