Abajo la reforma anti-educativa de Alberto, Kicillof y el FMI
¿Qué abarca esta reforma?
La reforma anti-educativa significa la imposición de una
serie de cambios que, al servicio del ajuste en el área, afectarán la
cotidianidad de la vida escolar. Varios de estos ya vienen ejecutándose, ya que
los distintos gobiernos -más allá de su signo político- acordaron llevarlos
adelante con el aval de los sindicatos y sin consultar a la docencia, profundizándolos
cuando aprovecharon el encierro obligatorio en la pandemia.
Todos los niveles están siendo atravesados por esta
política, que significa un avance cualitativo en cuanto a precarización y
flexibilización laboral para el conjunto de la docencia, además de una baja
fenomenal de nivel educativo. Por esa razón, a los bajos salarios docentes -que
continúan “reajustándose” por debajo de la verdadera inflación- se le suma el
abandono en la infraestructura escolar y la depreciación de los contenidos.
La muerte de Sandra y Rubén, que puso de manifiesto la
paupérrima situación que sufre nuestra educación pública y gratuita, no provocó
una mayor inversión ni, mucho menos, la preocupación real por parte del
gobierno nacional y provincial, que continuaron imponiendo sus políticas de
disminución del presupuesto. No es casualidad, que para 2023 se hayan recortado
las partidas en 15,5%, que redundará en la falta de gas y luz, el desmoronamiento
de los techos y las paredes, la falta de muebles y de todos los arreglos que se
necesitan.
En ese contexto, el nivel inicial continuará sufriendo la
falta del personal apropiado, dando lugar al amontonamiento de niños/as en las
aulas, que tampoco recibirán el acompañamiento necesario, sufriendo, la mayoría
de ellos y de ellas, una total y absoluta exclusión. El nivel primario
incrementó una hora más a cada cargo sin su correspondencia en el salario e
inversiones en talleres y otro tipo de recursos que lo justifiquen. ¡Cantidad
no es igual a calidad, y menos en el nivel de vida de la comunidad educativa de
este nivel!
El nivel secundario no es ajeno a estas reformas, porque tampoco
se refaccionan las escuelas. ¡Ni hablemos de la posibilidad de poner en pie
nuevas instituciones educativas, lo cual, en las actuales circunstancias, es
una verdadera utopía! Además, allí
pretenden imponer un retrógrado reagrupamiento en base a unas pocas “áreas”, en
las que irán a parar docentes de materias, que, a la larga, dejarán de existir
porque el gobierno las considera innecesarias.
Por todo esto, queda claro que Alberto, Kicillof y compañía
continuarán cerrando cursos en todos los niveles educativos, imponiendo una
política que un grado de desocupación docente nunca visto, especialmente entre
aquellos compañeros y compañeras que no forman parte del listado oficial o que
no tienen la posibilidad de comprar puntos. ¡Las últimas titularizaciones dan
cuenta de esto!
La demanda de docentes bajará porque, si se impone la
reforma, solo se van a necesitar profesionales de la educación en muy pocas áreas,
cuyo objetivo será educar en base a ciertas generalidades. Esto provocará el
cierre de las carreras menos solicitadas, afectando directamente a los profesorados,
que tendrán que reducir personal y bajar la calidad educativa, que, después de
tantos ajuste, ya es bastante baja. ¡Compañeras y compañeros, debemos defender
nuestros terciarios y la carrera docente!
Parches precarios
para “solucionar” el problema de la docencia desocupada
El gobierno pretende “resolver” esta terrible realidad
creando programas por fuera del estatuto docente, con bajos salarios y de corto
plazo, como los Forte, los COI o los Fines, que se multiplicaron, obligando a
buena parte de los y las estudiantes del profesorado a tomarlos, como única
opción de contar con algún ingreso, magro por cierto. Este tipo de enseñanza no
solo flexibiliza nuestro trabajo, sino que liquida los contenidos.
Desde nuestra agrupación convocamos a enfrentar esta Reforma
Antieducativa, exigiendo el aumento inmediato del presupuesto y que se frenen
los planes de precarización laboral y educativa. Pedimos que construyan
escuelas, arreglen las aulas, envíen todos los insumos necesarios, abran nuevos
cursos y pongan en marcha un debate sobre qué educación necesitamos para dotar
a la clase obrera y al pueblo pobre del conocimiento que necesitan para avanzar
social y económicamente. .
A la falta de presupuesto educativo se le suma el ninguneo
de nuestro trabajo -como profesionales de la educación- política que no ha sido
ni es el patrimonio de un solo gobierno, sino de todos los que, en las últimas
décadas, defienden los intereses de los grandes monopolios, que pretenden una
escuela que les garantice mano de obra barata y obediente.
Para eso, y en complicidad con los sindicatos docentes, han
aprovechado la cuarentena para imponer la “bi-modalidad”, mediante la reforma del
artículo 109 de la Ley de Educación. Esto, que cambiar el concepto de “educación
a distancia”, sirve para hacernos trabajar en las peores condiciones, una
realidad que incluye la extensión de la jornada y que seamos los y las docentes
quienes garanticemos la provisión de los elementos técnicos correspondientes,
como la conexión de internet, las compus, etc.
Una de los problemas centrales que ocasionó esta modalidad,
ha sido el cambio de los actos públicos, que, de presenciales, se transformaron
en virtuales o digitales. Este mecanismo llegó para quedarse e imponer, junto
con los manejos y acomodos corruptos, condiciones de flexibilidad laboral
inéditas. ¡Desde nuestra agrupación los denunciamos, porque no son democráticos
y se prestan, sirven para precarizarnos y son utilizados por los funcionarios para
digitar las designaciones!
Hay que tener en cuenta, además, que no todos ni todas
cuentan con conectividad correspondiente, ni tienen claridad acerca del
funcionamiento de este mecanismo, lo cual les impide conocer la totalidad de
las horas publicadas. Esta situación, muchas veces, los lleva a postularse mal
y a recibir las sanciones correspondientes por parte de las autoridades. Los
actos públicos virtuales no son claros, a pesar que este método se viene
implementando desde hace dos años, porque no queda claro si se toma por puntaje
o por la prioridad que le da el docente al postularse. Esto es una locura, ya
que el docente no sabe qué horas o cargos quedaron al momento de llegar su
puntaje.
Los actos públicos virtuales no son, para nada,
transparentes, porque la base docente no
puede supervisar cómo se organizan, si está todo en regla, si quienes se
postulan están en condiciones de hacerlo. Tampoco se pueden evitar los
acomodos, ya que la supervisión de estos actos queda en manos del tribunal y de
Suteba, que, como todos y todas sabemos, son ámbitos en los que reina el
acomodo. Los actos públicos no son
dinámicos, porque quienes estamos en las escuelas todos los días, sabemos que
las horas que no van a los actos públicos o que tardan tanto en salir, al
momento de la postulación ya no sirven, porque la suplencia termina. ¡Si esto
ocurría con los actos presenciales, mucho más ahora, con los digitales!
Por todo esto, reclamamos que se vuelva a la modalidad de
actos presenciales, que sean controlados por comisiones de base de la docencia,
que se incorporen a los gremios con todos los derechos, en cuanto a vetar e
invalidar los resultados y, en ese marco, a modificar todo lo que sea necesario
para que las postulaciones se hagan en el marco más abierto y democrático
posible.
Luchemos por una
educación pública, gratuita y de calidad, con toda la comunidad educativa
Para resolver todo esto y evitar que nos precaricen, volver
a los actos públicos presenciales y aumentar significativamente el presupuesto,
debemos luchar contra el Plan de Ajuste del gobierno nacional y provincial, un
plan cuyo objetivo no es satisfacer las necesidades de los trabajadores y el
pueblo, sino pagar la deuda al FMI y garantizar la ganancia de las
multinacionales, que, además, pretenden la provisión de mano de obra barata y
sumisa por parte de las escuelas.
Ese plan de lucha debe partir de la base, con cientos de
asambleas en las escuelas que resuelvan coordinar entre sí y proponer plenarios
regionales y provinciales con mandato, para que sean los y las docentes quienes
resuelvan cuándo, cómo y por qué se levantan las medidas. ¡Que nunca más
decidan los burócratas sindicales entre cuatro paredes! Hay que pelear para que
la plata que, hoy por hoy, va a parar a la deuda, se destine a la educación y
las áreas del Estado que las necesitan para aumentar la calidad de vida del
pueblo.
Tenemos que pelear para que, en definitiva, seamos los y las docentes quienes tomemos en nuestras manos la educación, porque estamos realmente interesados e interesadas en defenderla y transformarla al servicio de la comunidad educativa, integrada esencialmente por laburantes. Por eso, las asambleas de base deben convocar al estudiantado, las familias, vecinos, vecinas a sumarse a esta gran batalla por la educación pública, gratuita y de calidad.
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