Por Damián Quevedo
Finalmente salió el fallo sobre la causa "Vialidad", con una condena simbólica a la vicepresidenta Cristina Fernández. Decimos simbólica, porque en definitiva es eso, un fallo testimonial, ya que faltan varias instancias judiciales para que quede firme y, además, porque todavía queda la posibilidad de un indulto presidencial.
Ante este suceso, como otros vinculados a la suerte de la vicepresidenta, es realmente preocupante la posición que asumen algunos partidos de izquierda, como el nuevo Mas o el PTS, que, en los hechos, se solidarizaron con Cristina Fernández.
La Izquierda Diario, del PTS, publicó varias
notas luego de que se diera a conocer el veredicto, en las que, con mayores o
menores pruritos, hace una defensa elíptica de la jefa de la banda
kirchnerista, definiendo al fallo como una
condena que muestra el objetivo proscriptivo de una casta judicial que no votó
nadie, pero busca decidir de forma antidemocrática quién puede ser candidato y
quién no; a quién se puede votar y a quién no. En este marco, Cristina Kirchner
-bajo cuyos gobiernos sí hubo corrupción, al igual que bajo todos los gobiernos
capitalistas-[1]
Con estas aseveraciones, los compañeros del PTS olvidan dos cuestiones fundamentales de la sociedad en la vivimos. Una, tiene que ver con que, en este régimen, los capitalistas siempre deciden en forma antidemocrática, ya que no es otra cosa que una dictadura de clase, en la cual, por más que se alternen entre dos o más partidos patronales, todos tienen la misma política.
La otra cuestión que olvidan, es que si bien es cierto que todos los gobiernos capitalistas son corruptos per se, es deber de los revolucionarios denunciar -en concreto y principalmente- a quienes ejercen el gobierno en este momento, lo demás es una generalización que elude la definición necesaria, en este caso sobre Cristina Fernández.
Por esa razón, cuando desde el PTS dicen, que, "bajo su gobierno hubo corrupción", no dicen que Cristina es corrupta. Esta es una diferencia sustancial, un equívoco que un revolucionario no se puede permitir, porque los socialistas le hablamos a la clase obrera, que tiene absoluta claridad sobre la corrupción kirchnerista, el el papel que jugaron en ese sentido, tanto Néstor como Cristina.
Para finales de 2003, tras el primer año en la
Casa Rosada, los Kirchner informaron un patrimonio neto $7.016.544,
considerando las deudas y los créditos a favor consignados en sus declaraciones
juradas. Cuatro años después, en diciembre de 2007, cuando Cristina Kirchner
recibió la banda presidencial de manos de su marido, los activos del matrimonio
habían ascendido a $25.537.371. La cifra representaba un aumento nominal de
264%[2].
Esto, sin contar los inmuebles adquiridos durante la última dictadura, el otro período en el que el matrimonio de Río Gallegos y el Calafate acumuló su cuantiosa fortuna. Como ya señalamos en notas recientes, los revolucionarios no debemos defender a ningún representante de las patronales, en medio de las disputas entre bandas capitalistas.
Debemos insistir en que tampoco habrá cárcel o proscripción para Cristina Fernández, porque los mejores representantes del capital y los más fieles servidores del imperialismo no van presos en esta sociedad, como sucedió con Carlos Saúl Menem. Los trabajadores y el pueblo tendrán que meterla presa, tanto a ella como a Macri y al resto de los políticos patronales que entregaron el país a los grandes monopolios.
Los socialistas debemos dejar en claro que solo habrá justicia cuando la clase obrera dirija la sociedad, y, con sus jurados democráticos juzgue a todos los capitalistas y sus representantes por décadas de crímenes cometidos en contra de los trabajadores.
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