Milei, entre la crisis interna y el muro chino

 

Por Damián Quevedo

La renuncia de Manuel Adorni, acorralado por los escándalos de corrupción, no cerró la crisis del oficialismo. Por el contrario, profundizó la guerra interna en La Libertad Avanza. En ese marco, la vicepresidenta retomó la ofensiva contra Javier Milei, Karina Milei y el núcleo duro del Gobierno, luego de las desaforadas reacciones del Presidente durante su viaje a Brasil y de su discurso en la Sociedad Rural.

El enfrentamiento en la cúpula del oficialismo alcanzó un nivel impensado. Tras las declaraciones de Victoria Villarruel, quien expresó en redes sociales una “genuina preocupación por el estado” de salud mental del Presidente y habló de “persecuciones imaginarias”, desde el propio oficialismo surgieron voces reclamando que diera un paso al costado. La vicepresidenta, cada vez más distanciada del círculo de poder que integran Javier y Karina Milei, respondió acusando a sus detractores de “pretender dañar la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”.

La salud mental del Presidente dejó hace tiempo de ser un tema tabú. La cuestión aparece cada vez con mayor frecuencia en los grandes medios y entre periodistas de alcance nacional. Pero que esa caracterización provenga de la propia vicepresidenta tiene un peso político muy superior. Mientras el Gobierno intenta proyectar una imagen de fortaleza, enfrenta un deterioro persistente de la imagen presidencial y crecientes dificultades para sostener su autoridad.

Villarruel mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con el círculo íntimo del Presidente y encontró en esta crisis una oportunidad para volver a diferenciarse. La repercusión de sus declaraciones refleja, más que una fortaleza propia, la extrema fragilidad del oficialismo. También pone de relieve la importancia institucional que conserva como presidenta del Senado, a pocos días del tratamiento del proyecto de ley que Milei y Luis Caputo comprometieron ante el FMI. La aprobación de esa iniciativa está lejos de estar asegurada y el Gobierno continúa haciendo cuentas para reunir los votos necesarios. En ese contexto, unas pocas declaraciones bastaron para desatar un verdadero tembladeral político.

La asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional está condicionada al cumplimiento del programa de ajuste y de las reformas estructurales exigidas por el organismo. El proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada constituye una pieza clave de esa agenda, orientada a reforzar las garantías jurídicas para el gran capital y consolidar un nuevo ciclo de dependencia. Los desembolsos del FMI se han convertido en un verdadero respirador artificial para sostener un esquema económico cada vez más cuestionado y con crecientes signos de agotamiento.

Desde luego, Villarruel no cuestiona el ajuste ni el programa acordado con el Fondo. Las diferencias que atraviesan al oficialismo no expresan proyectos sociales enfrentados, sino una disputa por el control del poder dentro de una misma coalición reaccionaria. Se trata de un rejunte de sectores que comparten el rumbo económico y los intereses fundamentales del gran capital, pero que, cuando la crisis se profundiza, están dispuestos a enfrentarse entre sí aunque el barco termine hundiéndose.

Al mismo tiempo, Milei comienza a exhibir un aislamiento cada vez mayor en el plano internacional. Su alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel genera tensiones incluso entre gobiernos de derecha de la región que, aunque comparten posiciones conservadoras, priorizan la defensa de sus propios intereses económicos y estratégicos.

Milei y Caputo apostaban a constituir un bloque latinoamericano de ultraderecha que funcionara como punta de lanza de la estrategia de Washington en la región. Sin embargo, esa pretensión chocó rápidamente con los límites que impone la realidad económica. Más allá de las afinidades ideológicas que puedan mantener con el Gobierno argentino dirigentes como Keiko Fujimori y otras fuerzas conservadoras que han ganado o disputan el poder en distintos países, las clases dominantes latinoamericanas no están dispuestas a sacrificar sus negocios en nombre de una cruzada ideológica.

La razón es sencilla: el principal socio comercial de buena parte de América Latina ya no es Estados Unidos, sino China. Las exportaciones de materias primas, alimentos, minerales y energía, así como las inversiones en infraestructura y financiamiento, convierten al gigante asiático en un actor indispensable para las economías de la región. Incluso gobiernos profundamente conservadores procuran preservar esos vínculos porque de ellos dependen buena parte de sus ingresos, de sus reservas y de la estabilidad de sus economías.

Por eso, ninguno de esos gobiernos está dispuesto a acompañar la política de confrontación permanente que Milei intenta impulsar contra Beijing ni a romper relaciones fluidas con Brasil, principal socio económico de Sudamérica y, al mismo tiempo, el principal aliado estratégico de China en el continente. La retórica anticomunista puede servir para cohesionar a determinados sectores políticos, pero pierde fuerza cuando entra en contradicción con los intereses materiales de las burguesías nacionales.

Esa contradicción explica el creciente aislamiento internacional del Gobierno argentino. Milei pretendía convertirse en el principal referente regional de la nueva derecha continental, pero terminó descubriendo que incluso sus aliados potenciales privilegian el pragmatismo económico antes que el alineamiento ideológico absoluto con Washington. Los intereses materiales terminan imponiéndose sobre las afinidades políticas, dejando al Presidente argentino cada vez más solo en el escenario latinoamericano.

En este escenario, el debate previsto para el 6 de agosto en el Congreso será una verdadera prueba de fuego para el oficialismo. El resultado de esa votación puede otorgarle un respiro transitorio o profundizar una crisis política que ya atraviesa al Gobierno y que amenaza con seguir debilitando su capacidad para imponer el programa de ajuste y reformas exigido por el FMI.

La crisis del oficialismo no implica, por sí misma, una salida favorable para las mayorías populares. Mientras las distintas fracciones del poder disputan espacios dentro del mismo proyecto de ajuste, continúa descargándose sobre los trabajadores el costo de una política dictada por el Fondo Monetario Internacional y los grandes grupos económicos. La tarea de quienes enfrentan ese rumbo pasa por construir una alternativa política independiente, capaz de derrotar tanto el programa del Gobierno como los intereses sociales que lo sostienen.

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