Milei dejó de ser presidente para convertirse en virrey del FMI

Por Ernesto Buenaventura

Hace unos días pasó por Argentina la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El gobierno nacional la recibió con todos los honores, al punto de que mantuvo reuniones con la totalidad del gabinete y encabezó una conferencia de prensa en la que el ministro de Economía ofició prácticamente de secretario de la jefa del Fondo.

Fue ella quien respondió preguntas sobre la economía argentina, muchas veces con escaso conocimiento de la realidad del país, mientras las máximas autoridades nacionales asistían en silencio. Un espectáculo difícil de imaginar en un país verdaderamente soberano.

Como cierre de su visita, Georgieva viajó a Vaca Muerta para conocer de primera mano la principal fuente potencial de divisas del país. El interés no era casual: el petróleo no convencional aparece como uno de los pilares para garantizar el pago de la deuda que Argentina mantiene con el organismo.

Una deuda que, paradójicamente, fue contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el actual ministro de Economía, Luis Caputo, desempeñaba un papel central. El propio Javier Milei llegó a responsabilizar públicamente a Caputo por ese endeudamiento, señalando que esos dólares terminaron fugándose al exterior.

Durante su estadía, Georgieva sostuvo que era necesario profundizar el ajuste y que, si el plan resultaba exitoso, el país saldría adelante. Es decir, hasta la propia directora del FMI reconoce implícitamente que no existe ninguna garantía de éxito para el programa que impulsa.

No sorprende esa cautela. En la historia del Fondo Monetario Internacional no existe un solo caso en el que sus programas de ajuste hayan significado un desarrollo sostenido o una mejora para las grandes mayorías.

Sus recetas son siempre las mismas: reducción del gasto público, ajuste fiscal, restricción monetaria, reformas laborales y previsionales, sin importar la historia, las características productivas o las necesidades sociales de cada país. En la Argentina, la experiencia más cercana de aplicación estricta de esas políticas desembocó en la catástrofe económica y social de 2001.

Aunque el FMI siempre condicionó a los distintos gobiernos patronales —incluso a aquellos que afirmaban haberse desendeudado—, la injerencia que ejerce en la actualidad alcanza un nivel difícil de ocultar. Tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso aparecen cada vez más reducidos al papel de simples ejecutores de las directivas emanadas de ese organismo supranacional.

El objetivo del Fondo es evidente: orientar toda la economía hacia las actividades que generan divisas para garantizar el cobro de la deuda externa. En consecuencia, promueve un modelo basado en la producción primaria y en la exportación de materias primas con escaso valor agregado, es decir, con baja demanda de trabajo y reducido desarrollo industrial.

Ese plan no solo implica un aumento de la desocupación y una progresiva desindustrialización. También profundiza la dependencia estructural del país, consolidando el lugar que el imperialismo reserva para las naciones semicoloniales dentro de la división internacional del trabajo: proveedoras de materias primas baratas mientras la industria, la tecnología y los mayores niveles de rentabilidad permanecen concentrados en las grandes potencias.

Aceptados, en los hechos y o más complacientemente, por gobiernos de todos los colores -peronistas, macristas, radicales, libertarios- los planes del FMI condenaron y continúan condenando a nuestros países al extractivismo y a la especialización primaria, con sus conocidas consecuencias económicas, sociales y ambientales.

La visita de Georgieva dejó una imagen difícil de disimular: un gobierno que actúa más como administrador de los intereses de los acreedores internacionales que como representante de la voluntad popular. Milei no gobierna para el FMI únicamente porque comparta su programa económico; gobierna subordinando las principales decisiones del país a las exigencias de ese organismo.

Como en los tiempos del dominio colonial, la autoridad real parece residir fuera de las fronteras nacionales. Por eso, el problema no es solamente el ajuste, sino quién gobierna y en función de qué intereses. Mientras el FMI continúe definiendo el rumbo económico del país, no habrá posibilidad de un desarrollo independiente ni de mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

Romper con el Fondo Monetario Internacional, dejar de pagar una deuda ilegítima y romper con la subordinación a las potencias imperialistas constituye una condición indispensable para recuperar la soberanía nacional. Esa tarea solo podrá ser llevada adelante por un gobierno de trabajadores que reorganice la economía en función de las necesidades sociales y no de las ganancias del capital financiero internacional.

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