Los burócratas peronistas traicionaron nuevamente, a cambio de los fondos que garantizan seguir viviendo como millonarios
Por Claudio Colombo
Las centrales sindicales —la CGT y las CTA— no aportaron
prácticamente nada a la multitudinaria concentración nacional realizada el
jueves pasado contra el proyecto libertario de extranjerización de la tierra. A
sus dirigentes tampoco se les ocurrió convocar a un paro nacional para
fortalecer la movilización y golpear al Gobierno donde más le duele.
En cambio, el viernes 7 de agosto, burócratas sindicales de
todos los colores y pelajes se dieron cita en Liniers para rezarle a San
Cayetano. A la misa también concurrieron numerosos dirigentes del peronismo,
entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La burocracia no impulsó la movilización porque juega para
el Gobierno. Milei, por si acaso, la había presionado con la amenaza de vaciar
las cajas sindicales y las obras sociales, dos de las principales fuentes de
recursos que manejan estos personajes para vivir cómodamente mientras la
mayoría de sus “representados” padece las consecuencias de la motosierra.
Sin embargo, inmediatamente después de que los caciques
gremiales demostraran que, más allá de sus declaraciones para la tribuna, no
tienen ninguna intención de enfrentar seriamente el ajuste, el Gobierno acomodó
las cosas para garantizar que los fondos que sostienen a esta casta parasitaria
continuaran fluyendo en tiempo y forma.
La presión gubernamental se había materializado mediante el
Decreto 407, reglamentario de la Ley 27.802. Esa norma modificaba la base de
cálculo de las cuotas solidarias y de otros aportes establecidos en los
convenios colectivos de trabajo, reduciendo así los ingresos de las
organizaciones sindicales.
La reglamentación establecía límites y recortes sobre los
aportes y las contribuciones patronales destinados a fines “sociales,
asistenciales, previsionales o culturales”, denominados por algunos “peajes
gremiales”. Esta modificación rompía el acuerdo alcanzado originalmente entre
el Gobierno y la conducción de la CGT cuando se sancionó la reforma laboral.
La medida provocó una oleada de presentaciones judiciales
por parte de los sindicatos y la negativa de numerosos dirigentes gremiales a
renegociar los convenios colectivos de trabajo. Para destrabar la situación, el
jefe de Gabinete, Diego Santilli, impulsó un nuevo decreto, número 612, que
corrigió la reglamentación y permitió volver prácticamente a fojas cero.
A través del mismo, se estableció que la base de cálculo
utilizada para aplicar el límite del 2 % a las cuotas solidarias no estaría
integrada únicamente por el salario básico, sino también por las demás sumas
remunerativas, normales y habituales, percibidas mensualmente y originadas en
el convenio colectivo.
Con esta ampliación de la base de cálculo de las cuotas
solidarias y de los demás aportes patronales, la burocracia obtuvo lo que
buscaba. A cambio, sus principales dirigentes se muestran dispuestos a negociar
los próximos convenios dentro del marco impuesto por la reforma laboral
libertaria. En los hechos, esto significará aceptar la continuidad del derrumbe
del poder adquisitivo y la destrucción de conquistas históricas de la clase
trabajadora.
El Gobierno garantiza las cajas y la burocracia garantiza la
paz social. Ese es el verdadero contenido del pacto. Mientras Milei descarga la
crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador, los dirigentes sindicales
preservan sus privilegios, desmovilizan a las bases y bloquean cualquier
respuesta de conjunto.
¡Las trabajadoras y los trabajadores tienen que romper
definitivamente con esta burocracia podrida, recuperar todos los sindicatos que
sea posible y construir organizaciones democráticas alternativas capaces de
luchar de verdad! Hay que centralizar la resistencia mediante asambleas de base,
delegados revocables y el control directo y efectivo de las bases sobre sus
representantes.
La izquierda tiene que ponerse al frente de este proceso y
postularse para conducirlo tanto sindical como políticamente. Porque no alcanza
con denunciar a los traidores: hay que expulsarlos de las organizaciones
obreras y construir una nueva dirección capaz de preparar la huelga general y
organizar la lucha hasta derrotar el ajuste de Milei e imponer una salida de
fondo que acabe con la entrega del país a las grandes potencias, un gobierno revolucionario
de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
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