Venezuela: Por una Comisión Independiente de Verdad y Justicia ante las consecuencias de los dos terremotos

 

Omar Vázquez Heredia, Caracas

            El pasado miércoles 24 de junio, como todas y todos sabemos, el litoral central de Venezuela sufrió un doble terremoto de 7.2 y 7.5 en la escala de Ritcher. Hasta ahora las consecuencias de esos eventos naturales, según cifras oficiales, son de 2.595 personas fallecidas, 12.400 heridos, 12.841 damnificados, 189 edificios desplomados y 565 edificios con desplome parcial. Entonces, lo primero es enviar nuestra solidaridad, sentido pésame, a las víctimas directas y agradecimiento a las personas e instituciones que aquí o fuera del país han realizado muestras de solidaridad concreta ante las terribles consecuencias de los terremotos.

Desde el gobierno de facto de Delcy Rodríguez se ha planteado “no politizar a una catástrofe nacional”. No obstante, aunque las causas de los dos terremotos son naturales la magnitud de sus consecuencias son producto de políticas estatales y empresariales desarrolladas antes y después del pasado 24 de junio. En términos técnicos, ante eventos naturales extremos se diferencia la exposición, la presencia geográfica afectada, y la vulnerabilidad, la propensión a ser afectados negativamente y a una capacidad de respuesta insuficiente por factores estatales, económicos y sociales. Los habitantes, las edificaciones, en el litoral central del país, especialmente en La Guaira, estuvieron expuestos a los dos terremotos por su ubicación geográfica, pero la magnitud del impacto dependió de políticas estatales y empresariales que aumentaron su vulnerabilidad.

En ese sentido, es necesario exigir y organizar una Comisión Independiente de Verdad y Justicia ante las consecuencias de los dos terremotos, en la cual participen organizaciones gremiales, activismos colectivos, ONG, víctimas directas, familiares de las víctimas directas, universidades, ciudadanos en general, y acompañados por expertos técnicos en diferentes aristas de la problemática.

¿Por qué es necesaria una Comisión Independiente de Verdad y Justicia ante las consecuencias de los dos terremotos?

I

En su alocución de ayer, jueves 2 de julio, la presidenta de facto Delcy Rodríguez sin ninguna investigación ya señaló que el desplome o daños estructurales de los edificios construidos por la Gran Misión Vivienda o empresas privadas han ocurrido solo por el llamado doblete sísmico. En ese sentido, el gobierno ha anunciado que su política estatal será la de garantizar total impunidad para las antiguas autoridades de la Gran Misión Vivienda y las empresas privadas constructoras.

Al contrario, se requiere abrir y desarrollar una investigación, que puede terminar siendo culpatoria o exculpatoria, y tendría como objetivo esencial determinar la posible responsabilidad de las antiguas autoridades de la Gran Misión Vivienda, de las empresas constructoras y de funcionarios municipales. De ese modo, se debe identificar si cumplieron las normas jurídicas y los protocolos técnicos relacionadas con las condiciones de los terrenos donde se construyeron esas edificaciones y con las regulaciones antisísmicas en esas construcciones.

En este caso, como en muchos otros, se observa la falsedad de resaltar un supuesto antagonismo esencial entre Estado y capital privado, entre Estado y mercado, entre  Estado y empresas privadas. En realidad, estamos observando como el manto de la impunidad lanzado por el gobierno de facto, como cristalización del Estado, se propone cubrir a sus altos funcionarios y al mismo tiempo a las constructoras privadas. Por ello, sobre las consecuencias de los dos terremotos solo tendremos verdad y justicia si se organiza una Comisión Independiente, con experticia técnica, pero sobre todo con capacidad de presión para arrancarles a las autoridades estatales el esclarecimiento completo de las posibles responsabilidades gubernamentales y empresariales y en caso de existir las necesarias condenas penales y administrativas para lograr justicia reparativa y restaurativa.  

II

En la misma alocución de ayer, Delcy Rodríguez dijo que después de los dos terremotos hubo una operación mediática, que se enmarcó en el mensaje “todos a la Guaira”. En palabras de la presidenta de facto esto tenía como objetivo entorpecer las actividades de búsqueda y rescate de personas. Esto es falso, y tiene entre sus intenciones defender la gestión gubernamental de las consecuencias de los dos terremotos y atacar las acciones de activismos colectivos e individualidades para ayudar a las víctimas directas. En realidad, las personas bajaron a La Guaira sin coordinación, sin planificación, en términos coyunturales por la falta de legitimidad y confianza en las autoridades gubernamentales y en su gestión de las consecuencias de los terremotos, el debilitamiento de las organizaciones sociales y activismos colectivos, y la ausencia del liderazgo opositor legitimado para ser una voz orientadora.

Las personas que bajaron a La Guaira, pero también aquellas y aquellos que se han organizado y movilizado en el resto del país, observaron la lenta y escasa respuesta del gobierno de facto, y ante la desconfianza en el aparato del Estado prefirieron asumir directamente actividades de búsqueda y rescate y de apoyo con la entrega de donaciones de bienes básicos como agua, insumos médicos, alimentos, colchonetas, y ropa. 

Esto se resumen a lo que hemos escuchado en las calles: “lo poco que puedo donar, no se lo voy a entregar para que no llegue, para que se lo roben”. Dicha desconfianza de la inmensa mayoría de la población venezolana en el gobierno de facto lo demuestra la misma Delcy Rodríguez cuando aclara y resalta que el financiamiento exterior a recibir para la llamada reconstrucción será depositado en una cuenta en la Corporación Andina de Fomento, CAF, la cual tendrá auditoría internacional.  

También, la respuesta sin coordinación, sin planificación, de muchas personas ocurrió por la debilidad, el desconocimiento y desprestigio de Organizaciones No Gubernamentales  y organizaciones sociales y activismos colectivos, que han sufrido el ataque represivo del gobierno en los últimos años, lo que ha obligado a su repliegue en el terreno o en el plano comunicacional o a realizar concesiones a las autoridades estatales; pero también en algunos casos a su relacionamiento con la corrupción ocurrida en la administración de la denominada ayuda humanitaria, que llegó al país a partir de 2019.

Por último, las personas en un momento de emergencia nacional como el impacto de los dos terremotos se vio desprovista de un liderazgo legitimado, porque María Corina Machado tiene meses esperando la autorización de Donald Trump y Marcos Rubio para regresar a Venezuela. Esto porque la estrategia política de María Corina Machado después de la elección de julio de 2024 ha sido nuevamente promover y esperar por la intervención militar y las sanciones económicas de EEUU. En términos prácticos, objetivos, se hizo patente aquella frase de Simón Bolívar “llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria”. 

De ese modo, antes que a la lucha democrática del pueblo venezolano María Corina Machado ha servido a los intereses de la administración de Donald Trump por controlar la adscripción geopolítica del Estado venezolano y la extracción y exportación del petróleo de nuestro país. Por eso, después de los dos terremotos, muy tarde y solo tratando de ratificar su liderazgo político, María Corina Machado presenta a través de su aparato comunicacional un intento de regreso a Venezuela, pero en realidad no lo hace. Entonces, pareciera que María Corina Machado prefiere la continuidad del gobierno de facto de Delcy Rodríguez, que organizar y movilizar a la población para la recuperación de las libertades y derechos democráticos, y de ese modo contradecir la estabilidad deseada por Donald Trump y Marcos Rubio para seguir saqueando el petróleo de nuestro país.

En definitiva, la constitución de una Comisión Independiente de Verdad y Justicia ante las consecuencias de los terremotos sería una instancia que reivindique la solidaridad concreta de las personas que en La Guaira y el resto del país se han organizado y movilizado para colaborar con las víctimas directas de esos eventos naturales extremos. Dicha solidaridad concreta cuestiona en los hechos, por un lado que la precariedad material y la represión estatal haya roto totalmente los lazos solidarios al interior de la sociedad venezolana, y por otro lado que se haya impuesto completamente la ideología neoliberal del liderazgo de la oposición dominante que quiere reducir y eliminar los derechos sociales y establecer que la compra en el mercado sea el único modo de acceder a la satisfacción de necesidades básicas.

Por otra parte, la Comisión Independiente de Verdad y Justicia sería una instancia que mantenga de manera coordinada y planificada la operación de solidaridad con las víctimas directas de los dos terremotos y luche por una investigación que esclarezca las posibles responsabilidades estatales y empresariales para llegar a condenas penales y patrimoniales cuando sean necesarias para lograr una justicia reparativa y restaurativa.

III

            Delcy Rodríguez, en la misma rueda de prensa, también resaltó la solidaridad de Estados extranjeros que han enviado a rescatistas y la acción de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de otros organismos estatales. Así, agradeció a Donald Trump y Marcos Rubio por el envío de un contingente militar para la búsqueda y rescate de víctimas directas y la entrega de ayuda humanitaria. Además, lo hizo con mandatarios de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, México, entre otros.

En ese sentido, es innegable que los recursos y la fuerza de trabajo de los rescatistas de esos países en mayor o menor medida han logrado salvar vidas de personas tapiadas en La Guaira, por ejemplo. Entonces, nuestro agradecimiento directo para esas mujeres y hombres de diferentes países que vinieron a nuestro país para con su trabajo salvar vidas. Además, nuestro agradecimiento directo también para las mujeres y hombres del pueblo venezolano, que siendo civiles o funcionarios del Estado, como bomberos o personal de protección civil, han puesto su trabajo y tiempo al servicio de salvar vidas. 

Sin embargo, en el caso de Estados extranjeros hay que señalar el uso de recursos públicos y rescatistas de esos países para campañas políticas que intenta enaltecer o lavar la cara a líderes estatales. Por otra parte, hay que evidenciar el intento gubernamental de defender al aparato militar y policial del Estado, a pesar de su lenta y mediocre actuación después de los dos terremotos, porque son el sostén interno de la continuidad del actual gobierno de facto. 

Por ejemplo, en el caso extranjero, el gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones económicas y desarrollado una acción militar contra el país, que ha tenido como resultado la confiscación de recursos provenientes de las exportaciones petroleras del Estado venezolano. El mismo Donald Trump resaltó que su administración a partir del control del petróleo de nuestro país ha recuperado “muchas veces” el costo de la operación militar del pasado 3 de enero, que implicó el bombardeo de diferentes zonas de Caracas, Miranda y La Guaira y la captura del antiguo presidente de facto Nicolás Maduro. Entonces, es inverosímil que al gobierno estadounidense se le resalte su supuesta solidaridad cuando mantiene confiscados los recursos petroleros del Estado venezolano.

Por ello, una Comisión Independiente de Verdad y Justicia ante las consecuencias de los terremotos, junto al conjunto del pueblo venezolano, debe exigir la devolución de la gestión de los recursos petroleros para su utilización en la garantía de derechos humanos básicos para las víctimas directas, entre ellos: salud, alimentación, vivienda, educación y servicios públicos. Por otra parte, una Comisión Independiente de Verdad y Justicia, con su organización y movilización, podría lograr que el presupuesto estatal priorice la garantía de derechos humanos básicos antes que gastos militares y policiales, gastos suntuarios, y el pago de la odiosa y espuria deuda externa. 

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