Milei reforma la carta orgánica del Banco Central, para que el FMI se lo apropie

 

Por Musa Ardem

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentada por el gobierno de Javier Milei no es una modificación técnica ni un simple cambio institucional. Es un paso decisivo en la consolidación de un régimen político y económico diseñado para garantizar que el ajuste permanente deje de depender de la voluntad circunstancial de un gobierno y pase a convertirse en una obligación del propio Estado argentino.  

No es casual que la iniciativa haya sido anunciada pocos días después de la visita de la directora del Fondo Monetario Internacional. Lejos de representar una decisión soberana, el proyecto expresa la hoja de ruta que el imperialismo financiero viene imponiendo desde hace décadas a los países dependientes: asegurar el pago de la deuda externa por encima de cualquier necesidad social, reducir al mínimo las funciones del Estado y abrir todas las áreas de la economía a la valorización del gran capital.  

La reforma elimina de la Carta Orgánica del Banco Central objetivos vinculados al crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad financiera, la regulación del sistema de pagos y la promoción de condiciones favorables para el desarrollo nacional. En su lugar, establece un único mandato: preservar el valor de la moneda.  

Detrás de esa aparente neutralidad técnica se esconde una definición profundamente política. Significa que el Central dejará de ser, incluso en los estrechos límites del capitalismo argentino, un instrumento con capacidad para intervenir en función de las necesidades generales de la economía y pasará a tener como misión exclusiva garantizar las condiciones monetarias que exige el capital financiero.  

Milei volvió a justificar esta orientación recurriendo al viejo dogma monetarista según el cual toda inflación sería consecuencia exclusiva de la emisión monetaria. Esa concepción, convertida por el oficialismo en una verdad incuestionable, desconoce deliberadamente la estructura dependiente de la economía argentina, la concentración monopólica, la formación oligopólica de precios, la especulación financiera, la fuga de capitales y la permanente transferencia de riqueza hacia el exterior. 

De esa manera, pretenden demostrar que la inflación no tiene nada que ver con las contradicciones del capitalismo dependiente, sino que es un problema exclusivamente atribuible al gasto público y a los salarios. Esta definición no es un error teórico, es la cobertura ideológica de un programa de clase. ¡Para Milei y toda la casta capitalista, si la inflación tiene una única causa, entonces existe también una única solución: el ajuste permanente sobre las condiciones de vida de la población trabajadora!  

El proyecto incorpora, además, un mecanismo inspirado en el shutdown estadounidense que habilitaría la paralización de organismos públicos cuando el presupuesto resulte insuficiente. Bajo el argumento de la disciplina fiscal podrían suspenderse o desmantelarse servicios esenciales como la educación, la salud, la ciencia o las políticas sociales. En nombre del equilibrio de las cuentas públicas se institucionaliza el derecho del Estado a abandonar las necesidades más elementales de las mayorías populares.  

Al mismo tiempo, la reforma profundiza la separación entre el Banco Central y el resto de las instituciones estatales. Se presenta esa medida como una garantía de independencia respecto del poder político. Pero la independencia sólo vale frente al pueblo argentino y frente a cualquier gobierno que pretenda modificar el rumbo económico. Frente al Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales de crédito y los grandes acreedores privados, esa independencia desaparece. El Banco Central será menos dependiente de la soberanía popular y más dependiente de los intereses del capital financiero internacional.  

El oficialismo intenta presentar este modelo como el funcionamiento normal de las economías más desarrolladas. La realidad es exactamente la contraria. Los principales bancos centrales del mundo conservan múltiples objetivos y coordinan sus políticas con los Estados nacionales para defender los intereses estratégicos de sus respectivas burguesías. Ni Estados Unidos ni las principales potencias imperialistas renuncian a utilizar todos los instrumentos económicos cuando están en juego sus intereses nacionales. El libre mercado absoluto sólo se recomienda para los países dependientes.  

Por eso esta reforma no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de un programa estratégico orientado a profundizar la condición semicolonial de la Argentina. Privatizaciones, desregulación, entrega de los bienes comunes, subordinación al FMI, debilitamiento de las capacidades estatales y reformas institucionales convergen en un mismo objetivo: convertir al país en una plataforma de extracción de recursos naturales, exportación de materias primas y transferencia sistemática de riqueza hacia los centros del capitalismo mundial.  

No estamos frente a un exceso ideológico de Milei ni a una extravagancia personal. Su gobierno expresa los intereses de las fracciones más concentradas del capital financiero internacional y de una parte de la gran burguesía local asociada históricamente a ese proceso de dependencia. Su función consiste en desmontar las conquistas acumuladas durante décadas de luchas populares y construir un nuevo marco institucional que dificulte cualquier intento futuro de revertir este rumbo.  

En esa perspectiva, el verdadero objetivo de la reforma es constitucionalizar el ajuste, convertir el pago de la deuda en un principio superior a cualquier derecho social y consolidar un Estado cuya principal función sea garantizar la rentabilidad del capital antes que las condiciones de vida de quienes producen la riqueza.  

Frente a esta ofensiva no alcanza con resistir cada medida por separado. Es necesario enfrentar el conjunto del programa del Fondo Monetario Internacional, romper con los mecanismos de subordinación que atan al país al imperialismo y levantar una salida independiente de los trabajadores. La defensa de la soberanía nacional, de la industria, de los recursos estratégicos y de las conquistas sociales sólo puede ser consecuencia de la movilización consciente de la clase trabajadora y del pueblo. 

La profundidad de la crisis confirma, una vez más, que no existe una salida progresiva dentro de los límites del capitalismo dependiente argentino. La disyuntiva planteada hace más de un siglo conserva toda su vigencia: socialismo o barbarie. Construir una alternativa revolucionaria capaz de derrotar el programa del imperialismo y de sus representantes locales no constituye una consigna propagandística sino una necesidad histórica para evitar que la Argentina profundice un proceso de desintegración económica, social y política cuyas consecuencias recaerán, como siempre, sobre las mayorías trabajadoras.

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