Por Ernesto Buenaventura
Milei recibió dos golpes fulminantes,
propinados por el poder legislativo. Uno, fue el rechazo al veto presidencial
sobre el presupuesto de discapacidad, una resolución que tiene más peso
político que económico, pero que significa una derrota enorme para el
ejecutivo, a pocos días de las elecciones. El otro, fue la modificación de la
reglamentación sobre los propios decretos, que limita su implementación.
En
un claro intento de ponerle límites al gobierno de Javier Milei, el Senado
aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el tratamiento
legislativo de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) con una visión
restrictiva que obliga al Poder Ejecutivo a conseguir, en un plazo de 90 días,
el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de las medidas
adoptadas mediante este tipo de instrumento[1].
Durante kirchnerato se había impuesto la forma en que debían invalidar estos decretos presidenciales, para lo cual se requería, hasta ahora, la desaprobación de las dos cámaras legislativas. El proyecto del Senado cambia -en tres aspectos- esta metodología, con el claro propósito de atarle las manos a Milei.
En caso de aprobarse definitivamente, el nuevo reglamente plantea, que, para consagrar un DNU, la norma deberá ser aprobada -por ambas cámaras- dentro de los 90 días corridos, desde su emisión. En el mismo sentido, con solamente una cámara que lo rechace, el decreto caerá inmediatamente. También prohíbe que el ejecutivo emita mega decretos, en clara alusión a la ley bases.
Esto dejará sin capacidad legislativa a Milei, gane o pierda las próximas elecciones legislativas, porque, aún en caso de triunfar, no alcanzará la mayoría que necesita para llevar adelante todas sus políticas. La decisión del Senado es una declaración de guerra de la mayoría de los partidos patronales, que, al representar a diferentes fracciones del capital, no actúan de la manera en que gobierna Milei, un verdadero outsider, o, como dijo Lilita Carrió, un “verdadero marginal” de la política.
Para enfrentar esta andanada de golpes de la “casta”, Milei viajó a Estados Unidos a buscar apoyo de ciertos capitales yanquis. Algunos de estos tienen una larga relación con el capitalismo argentino, como Chevron, mientras que otros, están ligados a los buitres o piratas financieros, como el representado por el denominado “rey de los bonos basura”, Michael Milken.
De todos modos, el resultado de esta nueva travesía a yanquilandia, puede ser el de todas las giras libertarias en esa región del mundo: muchas felicitaciones y apoyo verbal, pero ninguna inversión concreta. Pase lo que pase de aquí en más, la crisis política tiende a profundizarse, una situación caótica que obliga a la gran burguesía a pergeñar una salida o recambio institucional, antes de que explote una nueva rebelión popular.
En este contexto y con semejante perspectiva, la izquierda debe cumplir su papel, agitando la necesidad de que el movimiento de masas salde cuentas con el gobierno, con el método más eficiente, la acción directa. Pero también, que la clase obrera no deje en manos de su futuro a los verdugos del pueblo, los y las de abajo deben convertir al país en una gran asamblea, con carácter constituyente, donde se discuta democráticamente qué modelo de Argentina será necesaria, de aquí en más, para salir de la crisis.
Ahí, los revolucionarios y las revolucionarias plantearemos la necesidad de organizar un gobierno obrero, que rompa con el capitalismo, expropiando las principales empresas monopólicas, para ponerlas a funcionar bajo control de sus empleados. Y el desconocimiento de la deuda-estafa externa, para poner en marcha, con esos cuantiosos fondos, un plan de reactivación de la economía nacional.
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