Por Dalton Noyola
En tan solo 24 horas, Gendarmería determinó, a través
de una actuación administrativa que ya ha sido archivada, que el disparo de
bomba de gas lacrimógena que hirió gravemente a Pablo Grillo, se trató de un
“hecho fortuito”. No solo eso, además determina que la responsabilidad del
ataque es de la víctima, por haberse ubicado "en la línea de tiro".
Guerrero continúa cumpliendo funciones para la fuerza,
sin conocerse exactamente qué tipo de tipo de tareas y dónde las realiza. Esto quiere
decir que sus funciones podrían estar relacionadas a las acciones represivas de
todos los miércoles en la Plaza de los dos Congresos.
Recordemos que Bullrich, a las pocas horas del ataque,
intentó justificarlo con el argumento de que Pablo sería un “militante kirchnerista.
Después de estas declaraciones, dijo que “estaba preso” y que la bomba de gas que
lo lastimó gravemente, había sido lanzada respetando el protocolo. Esto último fue
desmentido rápidamente por el propio mapa de la policía y las imágenes tomadas
por reporteros de distintos medios, tanto alternativos como nacionales, que
mostraron que el disparo fue lanzado a quema ropa.
Según el sumario de GNA, ni Guerrero ni sus superiores
merecen "reproche alguno desde el punto de vista disciplinario". En
ese marco, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, que están a cargo
del proceso contra el gendarme, todavía no lo han citado para que cumpla con la
declaración indagatoria.
Todas las declaraciones prestadas por personal y jefes
de Gendarmería Nacional que intervinieron en el operativo son coincidentes. El
relato que se repite, con mínimas variaciones de forma, afirma que se
desarrolló “con profesionalismo”, que las órdenes fueron “claras y ajustadas a
los reglamentos”, que “se priorizó la seguridad de todos”, y que “el personal
actuó conforme al protocolo vigente”.
Por su parte la familia patrocinada por el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos
(LADH) pide que se cite a Guerrero, por tentativa de homicidio agravado por
abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
Tanto el padre como el hermano de Pablo, continúan exigiendo
que se juzgue, no solo a Guerrero, sino además a toda la cadena de mandos, ya
que, desde Bullrich para abajo, todos los superiores del gendarme acusado están
involucrados en el hecho.
Bullrich y sus secuaces continúan encubriendo sus
crímenes como tantas otras veces. Basta con citar el caso de Santiago Maldonado,
para comprender esta verdadera norma por parte de los jefes del aparato
represivo.
Mientras tanto, familiares, amigos y diferentes organizaciones
continuamos gritando Justicia por Pablo todos los viernes en Remedios de
Escalada, su barrio. Más que nunca debemos impulsar una gran campaña, que
incluya movilizaciones, para acabar con la impunidad y para que vayan presos los
responsables políticos y materiales de este alevoso intento de asesinato. ¡Que quede
claro que los grillos no se callan!
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