Por Damián Quevedo
El poder judicial echó por tierra el delirio del gobierno nacional relacionado a la posibilidad de cercenar el derecho a huelga, una de las medidas con las que el ejecutivo pretendía frenar, o al menos contener, las luchas obreras que recién comienzan.
La Justicia laboral hizo lugar a la presentación de la CGT para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei buscó cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. La jueza Moira Fullana ordenó suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto. La CGT había señalado que no se había cumplido el debido proceso legislativo, ya que “la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto” sino a través de ley sancionada por el Congreso [1].
Anque parezca una mancha más para el tigre (o el León) este traspié es de suma importancia para Milei, ya que el eje central del paquete de ajuste -pactado con el FMI- es la intención de terminar con conquistas laborales históricas. Estas, a pesar de los continuos retrocesos, producidos en este y los anteriores gobiernos, todavía ubican a la clase obrera argentina en una posición privilegiada, si se la compara con la del resto de los trabajadores del continente.
Una nueva y más potente política de flexibilización laboral y el cercenamiento de muchos de los derechos obreros elementales, constituyen el pilar del plan de ajuste que reclaman los dueños del mundo. Sin embargo, este no se podrá concretar sin una derrota estratégica de la clase obrera.
Esta medida judicial no es producto de la “independencia de poderes” o de la buena voluntad de los magistrados, sino la expresión judicial de la desconfianza que una parte importante de las patronales le tiene al gobierno, no por sus intenciones -que son compartidas por prácticamente toda la burguesía- sino por su posibilidad de concretarlas. El problema para los capitalistas no es que el decreto sea inconstitucional, sino que el gobierno nacional es muy débil para poder sostener una medida semejante, que podría multiplicar las huelgas y la movilización de los trabajadores.
Eso también lo sabe la burocracia sindical, razón por la cual, en vez de decretar un paro nacional de repudio, recurrió a la justicia para frenar el decreto. ¡La mafia que conduce la mayoría de los sindicatos y centrales obreras no quiere acciones de luchas, porque teme que la situación se le vaya de las manos!
Es hora de que la izquierda y los sectores combativos tomen nota de esta situación y comiencen a dar los primeros pasos hacia la cada vez más necesaria construcción de un centro coordinador de las luchas, de carácter amplio, clasista y democrático. No habrá manera de pelear en serio contra la motosierra sin pasar por encima de los dirigentes traidores de la CGT y compañía.
[1] Pagina12 02/06/2025
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