Por Damián Quevedo
El gobierno nacional continúa abriendo frentes de batalla que no puede sostener, luego del quiebre casi irreversible con el parlamento, ahora embiste contra la Corte Suprema, uno de los poderes en los que se pararon sus antecesores, cuando gozaban de mejores condiciones para gobernar el país.
La relación entre el presidente Javier Milei y la Corte Suprema de Justicia se tensó en las últimas horas luego de que el mandatario expresó que “al menos tres jueces” tienen una “posición bastante poco amigable” con el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que avanzó con la desregulación de la economía. La Corte tomó nota de los dichos del jefe de Estado, que por primera vez apuntó públicamente contra la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, pero evitó responder a los cuestionamientos[1].
Sumada a las anteriores, esta pelea con los jueces supremos, en los hechos le cierra al presidente todas las vías de la gobernabilidad dentro del régimen republicano, razón por la cual se propone ejercer sus funciones en base a decretos. Milei pretende imponer reformas estructurales, que, aunque sostienen todos los partidos patronales, no están de acuerdo en afectar la institucionalidad “democrática”, porque caracterizar el riesgo que esto supone.
Cuando las iniciativas gubernamentales se traban en el congreso, como viene sucediendo, la opción del presidente es recurrir a fallos de la Corte Suprema, como hicieron Menem y Kirchner. Ahora ese camino le resultará más que tortuoso, ya que parece que los jueces no están convencidos de la necesidad de avalar, de manera sistemática, la promulgación de los decretazos.
Si el gobierno aún conserva una buena cantidad de apoyos entre sus votantes, no es por la calidad de sus políticas, sino por el odio generalizado hacia las estructuras políticas y sindicales tradicionales, que se están desmoronando junto a todas las instituciones del régimen. Sin embargo, esa ventaja es efímera, ya que el presidente, para mantener su popularidad, necesitará elevar la calidad de vida del conjunto, algo que no quiere no puede garantizar.
La otra columna que sostiene al edificio gubernamental es el acuerdo estratégico que mantiene con la burocracia sindical, que, mayoritariamente, está dispuesta a negociar una de las leyes fundamentales que requieren todos los capitalistas, la reforma laboral.
Los burócratas, que no quieran pelear y están dispuestos a colaborar con la destrucción de conquistas históricas, también son acreedores del mismo rechazo que existe hacia los políticos patronales. ¡Las bases del movimiento obrero no confían en los actuales dirigentes, por eso les resulta difícil concretar los pocos paros y movilizaciones que decidir realizar, no para luchar consecuentemente, sino para sostener sus lugares al frente de los gremios!
Frente a este panorama, la izquierda tiene que dejar de poner en el centro de sus tácticas a la “exigencia”, reclamo o pedido a estos gangsters -para que hagan lo que no pretenden, acciones de lucha- ya que esa línea la llevará a un callejón sin salida. De continuar con esta práctica estéril, las bases obreras terminarán por sacar la conclusión de que no existen grandes diferencias entre los burócratas y las organizaciones combativas, porque estas siempre marchan a la cola de los traidores.
En ese sentido, este Primero de Mayo, todos los sectores que se reivindican socialistas y realmente combativos, deben poner en pie un acto en el que se tracen rayas de manera contundente y frente a toda la sociedad. ¡Hay que organizar un acto Obrero y Socialista, una tribuna al servicio de la rebelión y el cambio social! Este accionar debe ser permanente y sistemático, ya que solo así se podrá plantar bandera, solo así comenzará a surgir, frente al movimiento de masas, una opción realmente distinta.
[1] La Nación 08/04/2024
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