Por Damián Quevedo
Luego de la derrota parlamentaria, Milei contraatacó
con declaraciones de venganza para quienes boicotearon -desde las filas “amigas”-
la sanción de la Ley Ómnibus. El libertario escrachó o avaló el escrache de
varios personajes ligados al gobierno y pidió la renuncia de los titulares de ANSES
y Minería, Osvaldo Giordano y Flavia Royón. El
oficialismo culpa a los gobernadores, entre ellos el salteño Gustavo Sáenz, por
no haber conseguido los votos necesarios[1].
El presidente continúa perdido y mostrándose incapaz de ejercer el poder de un Estado que se derrumba. Aunque Milei, en campaña, habló de eliminarlo, tiene claro que los capitalistas lo necesitan, porque sus instituciones políticas, militares y judiciales, son las herramientas que garantizan el dominio de una minoría millonaria sobre el conjunto de una sociedad cada vez más pobre. Por lo tanto, la idea del liberalismo en su versión austríaca, es una abstracción académica, solo útil para la tribuna electoral.
El problema de Milei es que el Estado no solo está quebrado, sino que sus principales instituciones atraviesan una crisis terminal, lo cual, tanto a él como a sus competidores, los deja sin el poder necesario para aplicar sus planes de ajuste. Parte fundamental de la institucionalidad burguesa, los partidos políticos, todavía no se recuperaron del colapso de 2001. Una de las consecuencias concretas de esa situación, es que ningún gobierno fue capaz de recomponer el tradicional funcionamiento bipartidista.
En ese contexto, la carencia de un partido nacional fuerte -como fueron en su momento el peronismo o la UCR- limita las posibilidades de maniobra del gobierno. Tampoco hay partidos fuertes y homogéneos en la oposición con los que se pueda negociar desde el ejecutivo nacional. En su lugar, Milei se encuentra frente a una infinidad de fracciones, organizadas alrededor de intereses contrapuestos, que, más allá de sus intenciones, impiden la sanción de las leyes más elementales.
Esta situación se profundiza con un aspecto subjetivo, que no deja de ser importante: la inexperiencia e incapacidad política de los funcionarios oficialistas, comenzando por el propio Milei, a los que les cuesta horrores hacer lo que hacen todos los políticos patronales, que es tejer alianzas. Esa realidad, combinada con la crisis general, dinamitó el acuerdo con los gobernadores, que, luego de lo que pasó en el parlamento, están más distanciados que nunca de Milei.
Esta crisis política crónica profundizará la crisis económica, porque tanto los grandes capitalistas como sus organismos financieros dudan de la capacidad del gobierno argentino para aplicar el ajuste que le reclaman y que necesitan para sostener sus ganancias. Argentina avanza hacia un período de grandes convulsiones sociales, en las que, tarde o temprano, la clase trabajadora se rebelará y protagonizará nuevas revoluciones. La izquierda debe prepararse para liderarlas, ya que, como nunca, habrá posibilidades de acabar con el capitalismo y construir una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores.
[1] Página12.
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