Declaración de la Corriente Comunista Revolucionaria Internacional, CCRI
En el libro, El 18 Brumario de Luis
Bonaparte, Marx sostiene, parafraseando a Hegel, que la historia se repite,
pero agrega, que primero sucede como una tragedia y luego una como farsa. Los acontecimientos de
la semana pasada en Perú convalidaron con una asombrosa exactitud la afirmación
de Marx.
El miércoles pasado Pedro Castillo anunció a
través de un mensaje televisado el establecimiento de un gobierno de excepción,
el cierre temporal del Congreso, la convocatoria a elecciones para elegir un
nuevo Congreso con facultades constituyentes, la imposición de un toque de
queda y la intervención del Poder Judicial.
La diferencia estuvo en que Castillo no logró alinear al ejército detrás de la asonada y terminó cayendo, enredado en su propia red. Perú es un país en crisis políticas permanentes, con una economía magra que empuja este tipo de situaciones críticas. Justamente por eso, el ahora depuesto presidente, llegó al gobierno como parte de esa crisis de representación, que dio lugar a un proceso de total y absoluto agotamiento de los partidos patronales tradicionales, que es una expresión clara y contundente del agotamiento del régimen político “democrático” del Perú.
La razón del resultado diferente, es que Fujimori representaba al sector más reaccionario de la oligarquía y, por lo tanto, podía contar con el apoyo de instituciones claves del estado burgués. En contraste, Castillo es un político burgués populista "rosa". Ganó las elecciones por su trayectoria en las organizaciones populares de masas y por el apoyo de un sector importante de éstas. Su programa electoral incluía demandas sociales y democráticas progresistas con posiciones reaccionarias anti mujeres y anti LGBT.
Sin embargo, una vez que llegó al poder, Castillo hizo todo lo posible para probarse a sí mismo como un representante competente de la clase dominante. Por esa razón, a pesar de no provenir de esos partidos y de la tradicional y raquítica burguesía peruana, al ocupar el poder ejecutivo, se transformó inmediatamente en el administrador de los negocios de esa burguesía y, sobre todo, de las grandes multinacionales, de las que los capitalistas peruanos son subsidiarios.
Eso es lo que demostró al intentar maximizar las ganancias de las grandes mineras, con la reforma tributaria y con la represión. Lo que puso de manifiesto una vez más el carácter pro empresarial del gobierno, que mediante el Decreto Supremo 042-2022-PCM, hizo oficial el pedido de la empresa. En su primer artículo decreta que “la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. De esta manera, y así como lo viene haciendo con los integrantes de la comuna campesina de Torata-Moquegua, Castillo apela a la abierta represión para contener las demandas populares y congraciarse con los intereses de los grandes empresarios mineros[2].
Sin embargo, y muy a pesar de los esfuerzos de Castillo por garantizar la gobernabilidad capitalista, su propia debilidad, la falta de grandes estructuras políticas y sindicales que lo puedan sostener, y sin el apoyo del movimiento de masas -que lo votó para rechazar a Keiko Fujimori- terminó cayendo, aprisionado en la lucha de camarillas (de las que él forma parte) que buscan hacer negocios desde el Estado.
La burocracia estatal es uno de los negocios centrales de la endeble clase capitalista de Perú, por eso la pelea por manejar los resortes del gobierno, que es tan abierta, genera una inestabilidad permanente desde el siglo pasado hasta ahora. Por esa razón y, en medio de la crisis económica mundial y del comienzo de un nuevo ascenso obrero y popular, la inestabilidad peruana continuará a pesar de los intentos burgueses de frenarla.
El derrocamiento de Castillo es un intento de la oligarquía de recuperar el poder político bajo su control total. A sus ojos, Castillo sufría no solo por ser un administrador incompetente de los asuntos políticos de la clase dominante, sino también por sus esporádicos intentos de recuperar popularidad repitiendo consignas de su programa electoral (como la creación de una Asamblea Constituyente).
La izquierda revolucionaria no debe permanecer pasiva ante las actuales protestas populares contra el derrocamiento de Castillo. No prestamos ningún apoyo político a un político populista "rosa" tan burgués. Pero compartimos el sentimiento de sectores progresistas de las masas de que el derrocamiento es un intento de la oligarquía por consolidar el poder en sus manos.
La tarea es intervenir en tales protestas apoyando la resistencia contra la ofensiva de la oligarquía sin expresar ningún apoyo político a Castillo o su administración (que incluía también varias figuras completamente reaccionarias y oscurantistas). No abogamos por el apoyo político a Castillo sino por la resistencia práctica a la ofensiva de la oligarquía. En tal lucha, es decisivo agitar consignas democráticas.
Desde la izquierda revolucionaria, junto con repudiar al gobierno que se acaba de instalar, sin ningún mecanismo democrático que lo legitime, debemos apoyar la lucha de los trabajadores y el pueblo, para que sean las masas (a través de una huelga general victoriosa) quienes decidan qué gobierno y qué “modelo” de país pretenden. Eso podría ocurrir, a partir del adelanto de las elecciones -que este gobierno niega- o de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que Castillo prometió en su campaña.
Pero, sea cual fuere el mecanismo elegido por los de abajo, deben ser los trabajadores, con sus organismos democráticos, quienes garanticen el control y la reglamentación de estas votaciones, porque, como lo han demostrado a lo largo de la historia reciente del Perú, las camarillas burguesas son enemigas de la voluntad popular, enemigas de la democracia que dicen defender.
Mientras tanto, vamos a seguir insistiendo en que la única salida de fondo, capaz de resolver las demandas elementales del pueblo pobre del Perú, es echarlos a todos e imponer un gobierno Obrero y Popular que inicie el camino hacia el Socialismo. Un gobierno de esas características debería, en primer lugar, expropiar a las grandes empresas monopólicas y nacionalizar el comercio y la banca, para ponerlos a funcionar, bajo control de sus empleados, al servicio de un plan económico opuesto de emergencia.
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