Por Damián Quevedo
La campaña electoral del kirchnerismo,
más allá de quien sea su candidato o candidata, se centró en el viejo recurso
de la victimización, para la cual cuenta con la ayuda del poder judicial. El peronismo
busca ubicar en el centro de la escena política la eventual condena a Cristina
Fernández, haciendo un paralelismo con otro corrupto transformado en mártir y
faro del progresismo vernáculo, Lula da
Silva.
La diferencia sustancial entre el líder del PT brasileño y la jefa de la banda de piratas del Estado argentino, es que prácticamente no existen posibilidades de que la vicepresidenta termine presa. Si hay algo que distingue al personal político que sirve a las patronales, son los privilegios que tienen, sin los cuales no podrían cumplir ese papel. ¡Mucho menos en una época en la que le Capitalismo profundiza sus características más salvajes y de rapiña!
En Argentina, todos los funcionarios que llegaron a sus cargos mediante elecciones, tienen fueros, es decir la inmunidad para no ser detenidos e ir presos, incluso luego de ser condenados, como sucedió con otro corrupto importante, el ex presidente Carlos Saúl Menem.
Como vicepresidenta de la Nación tiene fueros de inmunidad de arresto y para que se los quiten debe pasar por un juicio político. Y además porque para que una eventual detención tenga lugar, la sentencia debe quedar firme para que comience a cumplirse y para eso debe pasar por otras instancias judiciales. Por otra parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola cuando pidieron condena para Cristina Kirchner no solicitaron su detención[1].
Ante la posibilidad de una condena, que de todos modos permitiría instancias de apelación, tanto La Cámpora, como el PJ bonaerense y los sectores de la burocracia sindical más vinculados al aparato del Estado, como Yasky y Catalano, amenazaron con un paro y movilización hacia los tribunales.
Esta marcha, al igual que el acto de La Plata, sería, en caso de concretarse, una acción de los aparatos políticos, territoriales y sindicales, ya que como quedó demostrado en la última aparición pública de Cristina Fernández, la vicepresidenta ya no goza de la convocatoria de años atrás. Por otra parte, la causa es vista por la mayoría de la sociedad, como lo que realmente es, una pelea entre mafiosos.
Mayoritariamente, la clase obrera, lejos de entrar en esa disputa, sabe claramente que sus intereses no están en la defensa de Cristina, como pretende hacerle creer el progresismo. La izquierda no debe caer en la trampa, tiene que mantener su independencia política, dejando que los de arriba “se maten entre ellos”, ya que estas disputas favorecen la rebelión de los y las de abajo.
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