Por Damián Quevedo
El proceso constituyente en Chile pasó, de un masivo apoyo en sus inicios, a un rechazo abrumador por parte de la mayoría de la sociedad. El cambio de la constitución de 1980, herencia directa de la dictadura Pinochetista, fue uno de los reclamos surgidos en la rebelión de 2019. Ese mismo proceso resultó en el triunfo electoral de Gabriel Boric, como una expresión distorsionada de la movilización.
Pero, en apenas dos años, la reforma constitucional fue rechazada por la mayoría de los chilenos, razón por la cual, ahora, el gobierno busca una
salida que le permita continuar con el cambio en la carta magna. Tras el triunfo del “rechazo” el 4 de
septiembre- que hizo que se mantenga vigente la actual carta magna impuesta por
una dictadura militar- los partidos políticos, excepto uno de extrema derecha,
iniciaron casi de inmediato negociaciones en las que acordaron continuar con el
proceso constitucional[1].
La política gubernamental de promover una nueva constitución, fue vista por la clase obrera chilena como algo ajeno a sus condiciones de vida, como un artilugio del progresismo para no realizar cambios de fondo, además de lo superfluo que puede resultar para la mayoría definir al Estado como multicultural o reconocer oficialmente la lengua mapuche.
El proceso constituyente, fue, por lo tanto, tardío e innecesario, porque Chile, al igual que la mayoría de los países de América Latina, ya realizó su revolución democrática, cuya base fundamental es el desarrollo capitalista, independientemente de las características que tenga el régimen político.
La reforma no solo es tardía, sino obsoleta, ya que los capitalistas de todo el mundo están tratando de dejar atrás el régimen democrático burgués, que la renovada constitución pretende consolidar. Los capitalistas, en Chile también quieren modificar la actual institucionalidad, de manera de enfrentar con más fuerza las luchas obreras y populares, en el marco de una crisis económica, social y política inédita.
Por otro lado, las masas, que en 2019 protagonizaron una fenomenal rebelión, con este proceso revolucionario comenzaron a dejar atrás a la democracia representativa, realizando una enorme experiencia con la democracia directa, que es la que surge, y continuará desarrollándose, a partir de las asambleas obreras y populares.
El rechazo a la reforma no significa una avanzada de la derecha reaccionaria chilena, ni un retroceso en la conciencia de la clase obrera, sino un masivo cuestionamiento a las vías institucionales, por parte de la clase obrera que experimentó -de la forma más trágica- la utópica y reaccionaria “vía pacífica al socialismo”, en 1973, con la caída del gobierno de Salvador Allende.
La crisis política abierta en 2019 no se cerró, más aún, con el fracaso de la reforma y la crisis económica -que golpea a todo el mundo y también a Chile- maduran las condiciones para nuevas movilizaciones revolucionarias con el protagonismo de la clase obrera, que es la única que puede poner fin no solo a los resabios de la dictadura, sino a todo el sistema capitalista, que es la causa de las penurias del pueblo chileno.
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