Por Juan Giglio
Los días 4 y 5 de setiembre de 1975 ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados por una banda fascista, organizada por el gobierno de Isabel Perón a través de su ministro de “Bienestar Social”, el "Brujo" José López Rega, qui comandaba la Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A, acatando órdenes del mismísimo General Perón.
Durante la noche del 4 de setiembre, cinco militantes terminaban de cenar y se preparaban para ir a una fábrica cercana llamada Petroquímica Sudamericana, que se encontraba tomada por sus trabajadores. Los compañeros, que llevaban dinero para el fondo de huelga, eran: Roberto Loscertales, dirigente de ingeniería y trabajador de Astilleros Río Santiago; Ana María Guzner, no docente universitaria; Lidia Agostini, odontóloga recién incorporada al PST; Adriana Zaldúa, empleada del Ministerio de Obras públicas y dirigente de la Facultad de Arquitectura; Hugo Frigerio, delegado del Ministerio de Obras públicas.
El auto en que viajaban fue interceptado por una patota de la Triple A, que dejó sus cuerpos en La Balandra -Berisso- a 26 kilómetros de la La Plata, con marcas de tortura, luego de ser desfigurados por los golpes y acribillados con escopetas itakas. ¡El cuerpo de Adriana tenía 79 balazos, expresando el carácter alevoso y criminal de la Triple A, cuyo propósito no era otro que el de amedrentar a la vanguardia obrera y popular de esa época!
La indignación invadió a la militancia partidaria, que se reunió en el local de la calle 54, entre 7 y 8, a pocas cuadras de la plaza San Martín y de la casa de gobierno. Al promediar la tarde, tres compañeros que habían ido a denunciar la masacre también fueron secuestrados y asesinados. Apareciendo en un descampado en las afueras de la ciudad. Carlos Povedano, delegado en el Ministerio de Previsión Social; Patricia Claverie, militante de la Juventud Socialista de Avanzada del PST y OscarLucatti, trabajador del Ministerio de Obras Públicas, fueron sorprendidos por la Triple A en la calle 8, entre 54 y 55, a plena luz del día cuando viajaban en un Fiat 125.
El PST denunció con los crímenes y convocó a la movilización a todas las organizaciones, exigiendo “juicio y castigo”. Algunos dirigentes se acercaron a la gobernación, pero su titular -Victorio Calabró, uno de los responsables de los ataques criminales contra la izquierda- estaba ausente al igual que el resto de las autoridades. Es que la ciudad estaba prácticamente en manos de la Triple A, ligada a la policía -que comandaba Calabró- aprovechando la “zona liberada” para secuestrar y asesinar militantes, preparando el terreno para el golpe de estado, que se impuso seis meses después.
Cuarenta y siete años después continúa la impunidad, ya que no existe ningún responsable procesado ni detenido. Desde 1982 en adelante, ninguno de los gobiernos de la “democracia” quiso meter mano en el asunto, porque significaría involucrar a los máximos dirigentes del Partido Justicialista. Nadie quiso investigar, porque de esa manera se habrían conocido las relaciones mafiosas entre los políticos peronistas y las bandas parapoliciales que se organizaban en la cúpula de la policía provincial, las mismas patotas que siguieron actuando en la dictadura y fueron responsables de la segunda desaparición de Julio López, acatando las órdenes del genocida Etchecolaz.
En ese marco, los gobiernos de los “derechos humanos” -de Néstor y Cristina- no avanzaron ni un milímetro, sino que preservaron la total y absoluta impunidad. Desde Convergencia Socialista recordamos a los camaradas caídos en La Plata en 1975, rescatando su compromiso con la militancia revolucionaria en una época en la que solidarizarse con las las luchas obreras y populares podía significar la muerte. ¡Investigación, juicio y castigo a sus responsables, ideológicos y materiales! ¡Aparición con vida de Julio López, desarme del aparato represivo de la Policía Bonaerense! ¡Basta de impunidad!
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