Por Damián Quevedo
Los sucesos de Recoleta, desde la puja por las vallas con el jefe de gobierno de CABA, hasta el atentado contra la vicepresidenta y la escalada de acusaciones y chicanas entre el oficialismo y la oposición patronal, dejaron en claro que Argentina atraviesa una crisis política fenomenal, probablemente la más importante de su historia.
No existe estabilidad institucional desde las elecciones legislativas, cuando el peronismo empezó su vertiginoso descenso. No hay autoridad presidencial, al punto tal, de que muchos personajes públicos, cuando se refieren a Cristina Fernández, hablan de ella como la “presidenta”, así lo hicieron, entre otros, el jefe chavista Diosdado Cabello y Hebe de Bonafini.
La ausencia de
autoridad del poder ejecutivo no es solo en cuanto al aparato estatal, que
debería conducir con cierta eficacia. Lo es, también, sobre la mayoría de la
sociedad, situación que pegó un salto en la cuarentena, cuando el movimiento de
masas la desacató en los hechos. ¡Ni qué hablar del “pase sanitario”, que,
directamente, no se pudo implementar!
El entramado institucional está deteriorado y no hay liderazgos que puedan escapar a la grieta. No hay un Raúl Alfonsín y un Carlos Menem como en 1989, o un Duhalde y una mesa del diálogo al estilo 2002. En público hay acusaciones, y en reserva apenas diálogos inconducentes. Por eso la violencia amenaza con llenar ese vacío. En la recámara de la Bersa 32 quedó trabada la última señal de un país que parece irremediablemente roto[1].
Esta situación, que pone a la clase dominante en la cuerda floja, se profundizó con el proceso judicial contra Cristina Fernández, que desató crisis y peleas, no solo en el oficialismo, sino, además, en las filas de toda la oposición patronal. La victimización, potenciada después del atentado, funciona, pero solo para los “núcleos duros” del kirchnerismo y el PRO, que imponen la agenda política cotidiana.
Esta realidad, post sucesos de la Recoleta, alcanza apenas para desviar la atención del conjunto solo por algunos días, con suerte semanas, ya que la situación económica, que es cada vez más grave, empuja a millones, que no alcanzan a llegar a fin de mes, a salir a pelear por sus condiciones de vida, cada vez más miserables.
Antes
de que concluya 2022, casi con seguridad, el Ministerio de Economía volverá a
emplear el mecanismo de canje de bonos para “patear” compromisos por algunos
meses. Entre noviembre y diciembre tendría que conseguir pesos para atender
compromisos por $1,9 billones y, sobre ello, debería captar un neto para cubrir
el déficit primario. En ese contexto, a partir de enero de 2023 tendrá que
salir a buscar todos los meses en promedio $1 billón hasta septiembre. Para ese
momento, cuando la campaña presidencial ya esté lanzada, el contexto político
jugará un papel crucial[2].
La izquierda revolucionaria debe capitalizar esta situación crítica, deslindándose del circo montado por los de arriba, de manera de aparecer como una opción totalmente distinta e independiente de las fracciones patronales que se disputan el poder. La defensa de Cristina, que, de una u otra manera, realizaron casi todos los partidos que se reivindican socialistas, ayuda poco a que esto suceda.
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