Por Damián Quevedo y Juan Giglio
La prensa y los partidos patronales están prestando atención a varios casos de resonancia nacional, íntimamente relacionados a la corrupción y el narcotráfico en el ámbito del Estado. Estos son, entre otros, los de ciertos policías ligados al narcotráfico, Milagro Sala y la mismísima vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Un caso de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados a los narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires estalló como una granada en el interior de la política argentina. No solo por las capas freáticas de protección política que emergieron alrededor del caso, que tiene al fiscal Claudio Scapolan en su epicentro[1].
En ese marco, el caso de mayor repercusión mediática, cuyo devenir podría afectar las próximas elecciones presidenciales, es el conjunto de causas que enfrenta Cristina Fernández sobre desviación de fondos públicos y lavado de dinero.
Los negocios y negociados de funcionarios de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, podrían convertirse en otros casos emblemáticos, debido a la feroz interna que existe en esos ámbitos. Lilita Carrió acaba de “prender el ventilador”, acusando de corruptos a varios funcionarios o ex funcionarios del espacio.
Si “rascamos” bien a fondo, encontraremos infinidad de situaciones que involucran a funcionarios o personas que pretenden serlo, ya que el Estado es una “caja” que colabora, no solo con los negocios de la burguesía a la que defiende, sino con los que realizan quienes comandan sus instituciones, aún las más insignificantes.
Por esta razón, los negocios -lícitos e ilegales- que tienen lugar dentro del ámbito estatal, no constituyen una anomalía o una cuestión que tenga que ver con actos fortuitos de individuos de reprochable ética, sino más bien una parte constitutiva del funcionamiento del Estado capitalista. ¡En ese sentido, todo lo relacionado al narco tráfico no es ajeno a este "modus operandi"!
Al igual que en el proceso de la denominada “acumulación originaria”, el Estado juega un papel fundamental en el impulso de los grandes capitales que giran en torno a la producción y comercio de drogas ilegales. Esta es, no queda ninguna duda, una de las ramas de más dinámicas de la producción capitalista, que no podría existir sin el control y el impulso estatal, como sucede en Estados Unidos, alrededor de la DEA.
Ahora bien, este aparato de Estado, por la forma como es reclinado en las alturas, por la manera como se organiza su jerarquía, por las reglas de selección y de carrera que lo presiden, encierra una simbiosis perfecta con la media y gran burguesía. Lazos ideológicos, sociales y económicos indisolubles unen este aparato con la clase burguesa. Todos los altos funcionarios reciben sueldos tales que les permiten una acumulación privada de capital, a veces modesta, pero en cualquier caso real, lo que interesa a estas personas, incluso a nivel individual en la defensa de la propiedad privada y en la buena marcha de la economía capitalista[2].
El personal político -que se turna en administrar los recursos provenientes del aparato estatal- goza de muchos privilegios, que le permiten participar, directa o indirectamente, de los negocios que realiza la burguesía -para la cual "gestionan"- enriqueciéndose con una parte de la plusvalía que está le extrae a la clase obrera.
No existe ninguna manera práctica de terminar con este tipo corrupción sin acabar con el capitalismo, en términos nacionales e internacionales. Los socialistas luchamos por una sociedad, que ya demostró ser muy superior a este régimen decadente, la que establecieron los obreros de París, en 1871 y la clase obrera rusa en 1917.
Por eso, desde nuestra organización no defendemos ni defenderemos a ninguno de los políticos corruptos cuestionados por la justicia burguesa, ni a los oficialistas, como Cristina o Milagro Sala, ni a los opositores, como Macri, “Pepín” Fernández u otros. ¡Todos deben ir a la cárcel, no solo por sus actos de corrupción, sino, principalmente, por dedicarse a gobernar al servicio de unos pocos, que se llenan los bolsillos a costa de la súper explotación del conjunto y la depredación de los recursos!
Debe ser la clase trabajadora, a través de jurados obreros y populares, quien
los juzgue, impartiendo los castigos más duros y ejemplificadores, para que, a
partir de un gobierno revolucionario, quede claro que nadie, absolutamente
nadie, volverá a tocar un peso o recurso que sea propiedad del pueblo
organizado.
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