Por Damián Quevedo
Desde hace años, Jorge Altamira comenzó una revisión del marxismo arremetiendo contra una de sus cuestiones centrales, que es lo que denominamos el sujeto revolucionario. Dicho de otra manera, la clase social que objetivamente está llamada a ser dirección de una revolución socialista.
Para los y las marxistas, este sujeto ha sido y será siempre la clase obrera, debido al lugar que ocupa en la sociedad capitalista como sector que produce las riquezas y por el carácter social de esa producción, que hace que los obreros no puedan hacerlo sino colectivamente. ¡En eso reside la potencia objetiva de los trabajadores y las trabajadoras!
A mediados de los años noventa surgió el movimiento de desocupados, con trabajadores despedidos de YPF y otras empresas que habían perdido sus empleos y pretendían recuperarlos. Con el correr de los años este movimiento, bien ligado a la clase obrera activa, se fue convirtiendo en otra cosa, principalmente en organizaciones que se nutren de desocupados o subocupados que no provienen, centralmente, de las fábricas y empresas capitalistas, sino que trabajan como "changarines" y, recientemente, de cartoneros.
Todos ellos, si bien son oprimidos por la sociedad, a los cuales la izquierda y las organizaciones obreras deben defender, llevan décadas sin trabajos formales -si es que alguna vez lo han tenido- y no tienen prácticamente experiencia en la industria o en ramas de la producción que los obliguen a trabajar de manera colectiva, como sucede con el proletariado moderno. Ese es el caso, entre otros, de los cartoneros, actividad promovida hace tiempo por el mismo Estado y por la Iglesia Católica, a través del MTE de Juan Grabois.
Los cartoneros -insistimos, más allá de formar parte del movimiento de masas oprimido al cual debemos defender- no son parte de la producción social, ya que cualquier compañero o compañera que se dedique a esa actividad puede hacerlo solo o sola, como cuentapropista, en el fondo más parecido a un kiosquero o propietario de una pequeña verdulería, que a un obrero industrial o de la rama de los servicios.
Tanto el Partido Obrero como varias de las organizaciones que rompieron con este, continúan sosteniendo la caracterización del carácter proletario de los desocupados que ya no forman parte del ejército de reserva para el capital. Estamos hablando de aquellos, que, en los hechos, no están en condiciones de volver a ser parte de la industria u obtener un trabajo en el que se vinculen con otros trabajadores, sino que son estructuralmente, población sobrante para el capitalismo.
Tal es el caso del Partido Obrero, que sigue sosteniendo esta concepción al punto de sostener que; "Para el movimiento obrero ocupado, el movimiento piquetero representa un límite objetivo al uso del ejército de desocupados para presionar en favor de la baja del salario"[1]. Esta afirmación no solo es equivocada, sino que falsea una realidad nefasta, un sector importante de quienes cobran planes sociales, trabajan precarizados en los municipios, funcionando como elemento de presión para el cada vez más reducido sector de trabajadores municipales.
Del sujeto piquetero al frente popular
Recientemente el Partido obrero realizó su
XXIII congreso, en el que resolvió una orientación que contradice las
definiciones programáticas del FITu. El
Congreso debatió las perspectivas abiertas por la guerra, el fracaso del
gobierno de Fernández y la enorme crisis nacional en desarrollo, y resolvió una
campaña por una salida de los trabajadores y por un nuevo movimiento popular
con banderas socialistas, que está planteado por el agotamiento del peronismo,
embarcado en un plan de ajuste y un pacto con el FMI.
La idea de ocupar el lugar del peronismo, es decir de un movimiento burgués poli clasista, emparenta esta política con la línea promovida en los años 40 del siglo XX por el stalinismo, que se materializó a través de la construcción de los llamados “frentes populares”, cuya característica fundamental era la alianza con la socialdemocracia y con las fracciones "progresistas" de la burguesía.
Consecuentemente con esta definición, el Polo obrero, la organización piquetera del PO, inició una unidad que va más allá de una acción concreta, con un sector del kirchnerismo, el MTE de Juan Grabois, que es el dirigente kirchnerista más vinculado a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana conducida por el Papa Francisco. Esta línea tiene como base el distanciamiento del PO de la clase obrera y su anclaje en un sector fuertemente dependiente de la asistencia social del Estado.
En medio de la situación de crisis económica y de crisis política de los de arriba, que el mismo Partido Obrero reconoce, llamar a construir un movimiento de esas características es en el fondo un salvataje para los capitalistas. Además, con esta política no ayudan para nada a sacar de la marginalidad al sector sobre el cual pretenden construirse, ya que lo condenan al asistencialismo permanente y sistemático por parte del Estado que dicen combatir.
¿Qué haríamos los y las socialistas con
los planes y con la desocupación?
Por Claudio Colombo
Estos días se ha
vuelto a poner en el tapete el tema de los “planes” sociales, ya que, desde el
kirchnerismo y la oposición patronal, han vuelto a cargar sobre los movimientos
que organizan y movilizan a miles de personas que cobran estos “beneficios”,
que son sumas realmente miserables.
Cristina y Juntos por
el Cambio coinciden en cuanto a que habría que “crear trabajo” para sacar de
marginalidad a estos sectores. Sin embargo, ni ella ni el resto de los
políticos pertenecientes a partidos patronales, dicen cómo harían para crear
esos puestos laborales.
Mientras esta gente
debate -sin dar soluciones- los intendentes y gobernadores oficialistas y de
los otros, utilizan a miles de “beneficiarios” de los planes, para hacer el
trabajo, que, en otros tiempos cumplían compañeros y compañeras bajo
convenio.
Eso sucede en
prácticamente todos los municipios, donde las cuadrillas de limpieza, que antes
estaban integradas por trabajadores municipales o del gremio de camioneros,
ahora están organizadas en base a “planes”, compañeros y compañeras que
realizan esa tarea por apenas 22 mil pesos.
Desde Convergencia
Socialista proponemos algunas medidas concretas para cambiar inmediatamente esa
situación:
1) Los
planes se convertirán en seguro estatal obligatorio para quienes los están
cobrando, por un valor de 70.000.- que es, según el INDEC, el sueldo promedio
de la clase trabajadora argentina. Así, ningún compañero o compañera que cobre
el seguro será utilizado o maniobrado por las intendencias o ciertos
movimientos sociales que lucran con su desesperación.
2) Todo
trabajador o trabajadora que se quede sin trabajo, a partir de la imposición de
esta normativa, pasará a cobrar el seguro hasta que consiga volver a trabajar.
Este pago será indexado de acuerdo al porcentaje promedio que los gremios negocien
en paritarias.
3) Para que
millones de compañeros y compañeras consigna empleo, el Estado pondrá a
funcionar un Plan de Obras y Servicios a nivel nacional, financiado con fondos
provenientes del desconocimiento de los pagos de las deudas contraídas con
organismos financieros internacionales, como el FMI y otros.
4) Para
evitar que este plan -como siempre sucede dentro del Capitalismo- termine
siendo una fuente de corrupción y de manejos punteriles, será controlado por
comisiones de trabajadores y trabajadoras que rendirán cuentas a sus bases, y
que, además, serán cambiadas por otros y otras, cada seis meses, de manera de
impedir cualquier tipo de burocratización.
5) Las
grandes empresas proveerán con tecnología y fondos propios, a través del cobro
de impuestos progresivos. Las compañías que fueron privatizadas serán
renacionalizadas -bajo control obrero- y pasarán a depender de este Plan, que
no solo servirá para brindar trabajo a millones, sino para elevar la calidad de
vida del conjunto. Por eso, se harán obras ligadas a cuestiones vitales, como
el transporte, la construcción de viviendas, hospitales y escuelas,
etc.
6) Aquellos
trabajadores o trabajadoras, que, debido a su situación personal -edad, salud y
otros inconvenientes- no estén en condiciones de reintegrarse al sistema
productivo, a través de este Plan de Obras y Servicios o siendo tomados por
otras empresas, continuarán cobrando el seguro, que tendrá un carácter
universal.
7) Todas
las empresas importantes y multinacionales deberán -bajo pena de expropiación
si no cumplen- incorporar a miles de trabajadores y trabajadoras a sus
planteles. Para facilitar el ingreso de nueva mano de obra, rebajarán la
cantidad de horas laborales -llevándolas a 6 por día- de manera de repartirlas
entre “viejos” y “nuevos” empleados.
8) Para
conseguir todo esto será necesario luchar contra el gobierno y las patronales,
ya que, todos ellos, son enemigos de este tipo de soluciones. Es que, como
capitalistas, piensan que las crisis las deben pagar los laburantes, nunca
ellos. La clase obrera ocupada debe liderar esta pelea, porque, de
ganarse, será directamente beneficiada. Los movimientos sociales deberán
concentrarse en las puertas de las grandes empresas, como sucedió en los
inicios del movimiento “piquetero”.
9) Los trabajadores activos y los que no tienen trabajo rodearán las fábricas y empresas, exigiendo e imponiendo la incorporación de compañeros y compañeras en condiciones de ingresar. Las marchas hacia las instituciones del Estado deben tener el mismo objetivo, exigiéndole que garantice la creación del seguro universal y de trabajo genuino a través de estas medidas.
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