Por Claudio Colombo
Miles y miles protagonizaron las más
importantes protestas de los últimos años en Guatemala, contra el gobierno encabezado por el presidente Alejandro Giammattei. En ese contexto las masas
llegaron a quemar el Congreso Nacional, culpando a sus integrantes de ser responsables
de los recortes presupuestarios -debido a la imposición de un nuevo presupuesto- que afectarán la calidad de vida de la clase
trabajadora y los sectores más pobres ese país.
Ondeando
banderas guatemaltecas y carteles que decían "Giammattei, dimite",
los manifestantes en la Ciudad de Guatemala pidieron el sábado que Giammattei
vetara el presupuesto, que los legisladores aprobaron en la madrugada del
miércoles pasado, incluso cuando el huracán Iota empapaba partes del país
centroamericano que aún lidiaban con la destrucción de una tormenta anterior. (Al
Jazeera, 22 de noviembre)
Este mismo artículo explica que Con 99,7 mil millones de quetzales ($ 12,9 mil millones), el
presupuesto aumentó la deuda pública al tiempo que recortaba los fondos para la
atención médica, la educación, los derechos humanos y el sistema judicial,
indignando a personas, desde estudiantes hasta líderes empresariales, en un año
marcado por la crisis económica de la pandemia del coronavirus.
Desde el gobierno corrieron presurosamente a solicitar la ayuda de la OEA, cuyo secretario general -Luis Almagro- se puso a disposición, aterrorizado, como toda la burguesía regional, por el carácter cada vez más radicalizado de las rebeliones que están desarrollándose en todo el continente. Mientras
tanto, los voceros gubernamentales tratan de desacreditar las protestas, denunciando la existencia de un supuesto golpe de estado.
Los actos de
violencia sistemática en contra de las instituciones nacionales, de los cuales
hemos sido testigos todos los guatemaltecos en los últimos días, no representan
formas legítimas de ejercer la libertad de expresión. Por el contrario, dichos
actos no son sino un medio a través del cual grupos minoritarios buscan forzar
un verdadero golpe de Estado”. (Prensa Libre, Guatemala, 22 de
noviembre)
El parlamento, siendo consciente de la grave situación, acaba de dar marcha atrás con el presupuesto, lo cual constituye una primera victoria de la protesta: Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del
país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del Presupuesto del
Estado y del Organismo Legislativo 2021, por medio de procedimiento legislativo
correspondiente, en consecuencia, dicho Decreto no será remitido al Organismo
Ejecutivo”, afirmó Allan Rodríguez, presidente del Congreso de la República. (La Hora,
Guatemala 23 de noviembre)
Queda claro que la situación latinoamericana continuará
estando signada por grandes rebeliones, como esta y las que explotaron hace muy poco en Colombia,
Ecuador, Chile, Haití y Perú, empujando a los trabajadores y los pueblos a cuestionar el orden institucional vigente. No por casualidad, tanto en
Chile como en Perú una de las consignas más sentidas se relaciona a la
necesidad de cambiar o reformar la Constitución, que es la normativa
fundamental que ordena el funcionamiento del estado burgués.
Estas rebeliones, que aparecen justo cuando el dueño del “patio trasero”, EE.UU., atraviesa la crisis política y social más grande de su historia, avanzan desde la periferia hacia el centro, acercándose cada vez más a los países más grandes, donde el movimiento obrero es importante no sólo desde el punto de vista numérico sino en cuanto a su combatividad y experiencia, como el de Argentina, que pronto se sumará a la tendencia general, enfrentando el ajuste "nacional y popular".
La tarea de los revolucionarios y las revolucionarias es poner en pie una conducción que convoque con audacia al movimiento de masas a derrocar a sus respectivos gobiernos, construyendo los organismos democráticos que cuando triunfe la Revolución se conviertan en las instituciones que sostengan al gobierno que hará falta para cambiar todo e iniciar el camino hacia el Socialismo, el de los trabajadores y el pueblo pobre.
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