Los piquetes y las huelgas son algunos de los recursos obreros para
desarticular el sistema productivo, financiero o del transporte, obligando a
los patrones a sentarse a la mesa de las negociaciones. Por supuesto que
incomodan -y así debe ser- tanto a los patrones como al estado patronal. Por
esa razón el intento de reglamentarlas para que otros no se hagan cargo de las
molestias ocasionadas, es lo mismo que intentar prohibirlas. Esta actitud pasiva -que esperan los de arriba de los trabajadores- no la
extienden a sus lacayos gubernamentales, que cuentan con impunidad para ejercer
la peor de las violencias, cerrando empresas y dejando en la calle a miles,
matando de hambre a otros tantos o entregando los recursos a los monopolios,
reprimiendo, matando, torturando y encarcelando a quienes enfrentan
estos planes de ajuste, saqueo y explotación. La burguesía, que critica a los “encapuchados” que se ponen al frente de las
movilizaciones para evitar accidentes de tránsito o impedir el accionar de
provocadores, no tiene prejuicios a la hora de utilizar a la policía para
apalear a estas marchas o armar esas modernas patotas - denominadas empresas de
“seguridad” privadas- que son dirigidas por personajes impresentables y
violadores seriales de los derechos humanos. (Leer todo)
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