Nuevo escándalo en la timba libertaria, la corrupción en niveles astronómicos
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Por Ernesto BuenaventuraEntre los escándalos a los que el Gobierno nacional nos tiene acostumbrados, en estos días sobresalió uno: las operaciones financieras del Banco Central vinculadas al oro de las reservas, que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), arrojaron un resultado negativo de más de mil millones de dólares durante 2025.
La polémica se suma
a las preguntas que siguen abiertas sobre el traslado de lingotes de oro al
exterior. El destino de esas reservas y las condiciones en que se encuentran no
fueron explicados de manera convincente por el Gobierno. Ahora, la discusión se
amplió: la AGN cuestionó el resultado de operaciones financieras realizadas con
el oro como respaldo.
Según el organismo,
el BCRA concertó operaciones con derivados liquidables en dólares para cubrirse
ante una eventual caída del precio del metal. El resultado de esas
transacciones fue negativo: el informe contabilizó una pérdida de 1.023
millones de dólares, pagada con divisas. El titular de la AGN, Juan Manuel
Olmos, afirmó: “Tuvieron que pagar”. Del monto total, 960 millones
corresponderían al resultado de las operaciones y 62,8 millones, a primas de
opciones. (1)
El Banco Central,
sin embargo, defendió su estrategia y sostuvo que, al considerar en conjunto la
variación del precio del oro y las operaciones de cobertura, su posición en ese
metal obtuvo un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares. La AGN,
por su parte, aprobó los estados contables del BCRA, aunque señaló el resultado
negativo de los derivados. La controversia exige que se conozcan los contratos,
los criterios usados para medir sus resultados y el destino de las divisas
desembolsadas. (2)
La noticia abrió
también una causa judicial. El abogado Gregorio Dalbón denunció al ministro de
Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; y al
superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet.
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con
intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La denuncia plantea que se
investigue el resultado negativo informado por la AGN y la responsabilidad de
los funcionarios. (3)
Durante el debate
parlamentario sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Bausili
defendió cambios vinculados con las facultades de la entidad para operar con
sus activos. Ese debate vuelve más urgente conocer qué operaciones se
realizaron con el oro, bajo qué autorizaciones y con qué controles. La opacidad
sobre el traslado de los lingotes y la controversia por las operaciones
financieras alimentan la desconfianza pública.
La explicación
oficial no alcanza. Aunque el BCRA presenta un saldo neto favorable al combinar
la valorización del oro con las coberturas, queda por esclarecer por qué
operaciones específicas generaron un costo de más de mil millones de dólares y
cómo se tomaron esas decisiones. Que el balance general arroje una ganancia no
elimina la obligación de rendir cuentas por el uso de las reservas públicas.
Este episodio
vuelve a poner en cuestión a un Gobierno que se proclama defensor de la
eficiencia, mientras administra recursos públicos con operaciones cuyos
detalles recién salen a la luz a través de una auditoría y una denuncia
judicial. La pérdida señalada por la AGN no es un dato menor: son divisas del
Banco Central, en un país sometido a la escasez de dólares, el endeudamiento y
el ajuste sobre las mayorías trabajadoras.
La corrupción
atribuida a Adorni resulta anecdótica frente a la magnitud de este asunto. Los
funcionarios responsables deben dar explicaciones y la Justicia debe
investigar, junto con la responsabilidad política de quienes avalaron estas
operaciones. Ninguna acusación equivale por sí sola a una condena, pero tampoco
puede haber impunidad ni encubrimiento cuando están en juego las reservas del
país.
La rendición de
cuentas y la defensa de los recursos nacionales no pueden quedar en manos de
las instituciones de un régimen subordinado a los intereses capitalistas. La
salida de fondo exige la movilización de la clase trabajadora y el pueblo para
imponer un gobierno de trabajadores, que ponga las riquezas y las decisiones
económicas bajo control de quienes las producen. Un gobierno que, además,
pongan en pie tribunales populares que juzguen y castiguen a los responsables
actuales y anteriores de la entrega del país a los grandes monopolios,
acusándolos de “traidores a la patria”.