Cristina negocia impunidad con jueces del lawfare, que sus senadores acaban de votar
Por Claudio Colombo
El bloque de senadores del PJ, alineado con Cristina
Fernández de Kirchner, acordó con libertarios, radicales, macristas y otras
fuerzas patronales acompañar los ascensos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo
Bertuzzi. El jefe de la bancada peronista, el formoseño José Mayans, resumió el
espíritu del acuerdo con una frase reveladora: “No nos peleemos más con los
jueces”.
¡Claro que no quieren pelearse! Varios de los magistrados
elegidos mantienen vínculos con sectores del propio peronismo. Desde el
kirchnerismo justificaron su voto afirmando que la negociación había sido
favorable:
*“Nos dividimos en cuartos. Un cuarto del Gobierno, otro de
los gobernadores, otro del PJ y el resto sueltos. ¿Cómo no lo íbamos a votar?”*
(Infobae, 2 de septiembre).
La explicación desnuda el verdadero contenido del acuerdo:
no se discutieron principios, antecedentes ni intereses sociales, sino el
reparto de cargos dentro del Poder Judicial. Como si se tratara de un botín,
los partidos del régimen se distribuyeron jueces y espacios de poder según el
peso político de cada sector.
La misma nota de Infobae señala:
*“Nadie puede creer que Cristina Kirchner no haya sido la
estratega de esa decisión. ¿Ya no existe la teoría del lawfare? ‘Yadarola es el
juez en lo penal económico que analiza facturas truchas, que juzga si evadiste
(...) con la tuya te revienta, salvo que alguna tarifa te exima de cualquier
condena’. La frase pertenece a Cristina”.*
En octubre de 2022, un grupo de jueces federales,
funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, ex agentes de inteligencia y
directivos del Grupo Clarín viajó en un vuelo privado a la estancia del magnate
británico Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido.
Entre los magistrados que participaron de aquel viaje se
encontraban Julián Ercolini, titular del Juzgado Federal N.º 10 de Comodoro Py;
Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo
Yadarola, juez en lo Penal Económico, y Pablo Gabriel Cayssials, juez en lo
Contencioso Administrativo Federal.
Los periodistas de Página/12 Raúl Kollmann e Irina Hauser
denunciaron a los viajeros por presuntos delitos de corrupción y prevaricato.
También sostuvieron que el encuentro secreto tenía como objetivo conspirar y
“arreglar” causas para favorecer al expresidente Mauricio Macri y perjudicar a
Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo presentó aquel episodio como
una de las mayores expresiones del llamado *lawfare*.
Ahora, sin embargo, el mismo sector político que denunciaba
a esos jueces negocia y vota sus ascensos. La contradicción es inocultable.
Todo indica que, además de obtener la designación de magistrados cercanos,
sectores del peronismo podrían estar buscando algún tipo de ventaja judicial
para Cristina Kirchner, quien el viernes 4 deberá comparecer, junto con su hijo
Máximo, ante los tribunales de Comodoro Py por la causa Hotesur.
Pero, más allá de estas especulaciones, existe una
explicación política más profunda. El kirchnerismo actúa de esta manera porque
forma parte del “partido del orden”. Frente a la crisis económica, social y
política, todas las fuerzas que sostienen el capitalismo procuran garantizar
que las instituciones del régimen funcionen sin fisuras al servicio de sus
verdaderos beneficiarios: los grandes empresarios, los bancos, los
terratenientes y los monopolios imperialistas.
Para continuar obteniendo ganancias mediante la explotación
de la clase trabajadora, la burguesía necesita la llamada “seguridad jurídica”.
Necesita jueces que protejan la propiedad capitalista, avalen el saqueo de los
recursos naturales, garanticen el pago de la deuda externa y castiguen a
quienes enfrenten los planes de ajuste. Esa es la tarea que les encomienda a
sus representantes políticos, más allá de sus distintos colores, discursos y
formas electorales.
Como señalamos en una nota publicada en nuestro blog el 31
de agosto:
*No es la primera vez que libertarios, macristas, radicales
y peronistas coinciden. Cuando están en juego los intereses estratégicos de la
burguesía, las diferencias electorales quedan rápidamente de lado. En este caso
se trata de una verdadera cuestión de Estado: el régimen necesita controlar a
quienes investigan, procesan o absuelven a los funcionarios que administran los
planes de ajuste, endeudamiento y saqueo.*
*Mientras el Gobierno destruye salarios y jubilaciones,
entrega los recursos naturales, toma deuda con el FMI y convierte los fondos
públicos en una caja para los grandes empresarios, los partidos patronales se
reparten los cargos judiciales. Después serán esos mismos jueces quienes
garantizarán la impunidad de los funcionarios, criminalizarán las protestas y
perseguirán a quienes enfrenten el ajuste.*
La Justicia no constituye un poder independiente situado por
encima de las clases sociales. Es una pieza fundamental del Estado burgués,
creado para defender la propiedad privada de los grandes medios de producción y
preservar las relaciones de explotación. Sus jueces pueden enfrentarse
circunstancialmente con determinados funcionarios o sectores políticos, pero
nunca cuestionan las bases del sistema que les otorga sus privilegios.
Por eso, esta Justicia burguesa jamás defenderá
consecuentemente los intereses de quienes viven de su trabajo. Los capitalistas
obtienen sus ganancias explotando a la clase obrera y, frente a cada crisis
provocada por su propio sistema, intentan aumentar esa explotación mediante
despidos, rebajas salariales, precarización y ajuste.
Los pocos fallos favorables al pueblo que pueden arrancarse
dentro de este régimen no son regalos de magistrados “independientes” ni
concesiones de políticos progresistas. Son conquistas parciales obtenidas
mediante la movilización y la lucha de los trabajadores.
La solución de fondo exige terminar con este Poder Judicial
vitalicio, privilegiado y sometido a los intereses de la burguesía. Hay que
imponer tribunales obreros y populares, con jueces elegidos directamente por el
pueblo trabajador, mandatos revocables y salarios equivalentes a los de un
trabajador calificado.
Una transformación semejante no podrá realizarse dentro de
los límites del capitalismo, porque los partidos que administran y defienden
este sistema jamás permitirán que el aparato judicial deje de servir a los
explotadores. Será posible mediante una revolución obrera y popular, dirigida
por una izquierda consecuente, que destruya el Estado burgués y abra paso a un
gobierno de las trabajadoras y los trabajadores.