Con la excusa de Malvinas, Milei pretende imponer un "Consejo de Seguridad Nacional" para profundizar la represión
Por Ernesto Buenaventura
El brote nacionalista de Milei tiene como una de sus claves principales su alineamiento con Donald Trump. Una subordinación que no es solamente ideológica, sino profundamente material, ya que el gobierno libertario depende cada vez más de la voluntad y los intereses de Washington. Esto vale tanto para las negociaciones de la deuda con el FMI como para garantizar la continuidad de la bicicleta financiera, que constituye uno de los pilares fundamentales de la política económica del gobierno nacional.
A esta dependencia y a la maniobra gubernamental destinada a acomodarse frente al rebrote antipirata y antiimperialista que se expresó entre sectores del movimiento de masas hay que agregar otro elemento decisivo: el intento de avanzar hacia un reforzamiento del aparato represivo contra los trabajadores y el pueblo. Porque la profundización del plan motosierra, en la medida en que provoque nuevas luchas y rebeliones populares, necesitará inevitablemente más represión para imponerse.
En ese marco, Milei aprovechó su discurso sobre Malvinas para anunciar una iniciativa cuyo alcance puede ir mucho más allá de la disputa por las islas: el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que contempla la creación de un **Consejo de Seguridad Nacional**.
Aunque todavía resta conocer el articulado definitivo y, por lo tanto, el alcance concreto de sus atribuciones, el propio Milei adelantó algunos de sus lineamientos. El organismo tendría la función de definir una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecería un marco para la protección de la denominada “infraestructura crítica”, además de la protección aeroespacial y marítima, y contaría con atribuciones para responder mediante instrumentos económicos y diplomáticos frente a actores estatales y no estatales considerados amenazas para la seguridad nacional.
Detrás de la retórica de la “soberanía nacional” aparece, por lo tanto, una cuestión que la clase trabajadora y sus organizaciones no pueden pasar por alto: la posibilidad de reforzar los mecanismos de vigilancia, inteligencia y disciplinamiento social del Estado capitalista.
Esta orientación no constituye una particularidad exclusivamente libertaria ni pertenece solamente a los gobiernos denominados de “derecha”. Forma parte de una tendencia más general de los Estados burgueses en el contexto de la crisis capitalista. ¡No hay que olvidar que la Ley Antiterrorista, cuyos mecanismos represivos pueden ser utilizados contra la protesta social, fue impulsada y aprobada durante el gobierno kirchnerista!
Esto sucede porque las instituciones de la democracia burguesa no flotan por encima de las clases sociales. Constituyen una determinada forma política de la dictadura del capital, una forma particularmente útil para la burguesía porque permite presentar su dominación de clase como si fuera la expresión de la voluntad de toda la sociedad.
Pero cuando la crisis se profundiza, la lucha de clases se agudiza y los márgenes económicos para realizar concesiones disminuyen, esas mismas instituciones comienzan a mostrar sus límites. La burguesía necesita entonces fortalecer al Poder Ejecutivo, ampliar las atribuciones de las fuerzas represivas, reforzar los organismos de inteligencia y restringir las libertades democráticas conquistadas por los trabajadores y el pueblo mediante décadas de lucha.
Es en ese contexto donde aparecen tendencias bonapartistas y autoritarias, aunque esto no significa que su desarrollo tenga un desenlace predeterminado. Su avance dependerá fundamentalmente de la lucha de clases. Lo que sí está claro es que, frente a una crisis capitalista cada vez más profunda, sectores de la burguesía buscan gobiernos más fuertes, capaces de imponer una mayor explotación de la clase obrera y garantizar el saqueo de los recursos naturales frente a la resistencia popular.
Desde ese punto de vista, el proyecto libertario de poner en pie un Consejo de Seguridad Nacional obliga a recordar experiencias históricas como el **Plan Conintes** —Conmoción Interna del Estado—, estrechamente ligado a la doctrina de la seguridad nacional.
El Plan Conintes fue puesto en marcha mediante el decreto secreto 9880/58 del gobierno de Arturo Frondizi, el 14 de noviembre de 1958, en medio de un ascenso de las huelgas y los conflictos obreros y bajo el argumento de combatir el avance del “comunismo”. Su aplicación se profundizó a partir de marzo de 1960, habilitando detenciones arbitrarias, persecuciones y el sometimiento de centenares de militantes obreros y populares a tribunales militares.
Las formas históricas son distintas y sería mecánico identificar directamente aquella experiencia con el proyecto actual. Pero existe una cuestión de fondo que permanece: **cuando la burguesía considera amenazados sus intereses estratégicos, transforma la llamada “seguridad nacional” en seguridad del Estado capitalista contra quienes luchan contra sus políticas.**
La experiencia latinoamericana también demuestra que las tendencias autoritarias no son patrimonio exclusivo de la derecha tradicional. Regímenes surgidos de procesos electorales y que conservaron durante determinados períodos instituciones democrático-burguesas, como Nicaragua y Venezuela, avanzaron posteriormente hacia formas cada vez más represivas y autoritarias para defender a las burocracias gobernantes y los intereses materiales sobre los que estas se apoyan.
En ese sentido, resulta particularmente reveladora la política de Trump hacia Venezuela. Después de capturar a Nicolás Maduro, Washington no impulsó el regreso inmediato de María Corina Machado ni colocó como prioridad la convocatoria de nuevas elecciones. Prefirió apoyarse en el gobierno chavista encabezado por Delcy Rodríguez, en la medida en que este podía garantizar con mayor rapidez y menores sobresaltos los acuerdos necesarios para acceder a las gigantescas reservas petroleras venezolanas.
Para el imperialismo no existen “demócratas” o “dictadores” en abstracto: existen gobiernos más o menos útiles para sus intereses. Cuando una dictadura garantiza negocios, petróleo, materias primas y estabilidad para el capital imperialista, las proclamas democráticas desaparecen rápidamente.
Por eso, detrás del repentino “antiimperialismo” malvinero de Milei hay que observar los intereses materiales que se encuentran en juego. Un gobierno que ata la economía nacional al FMI, que profundiza la penetración del capital financiero internacional y que busca fortalecer su alianza estratégica con Washington no puede encabezar ninguna lucha consecuente por la liberación nacional.
No existe soberanía nacional verdadera bajo la subordinación al imperialismo
La clase trabajadora y sus organizaciones combativas deben rechazar cualquier intento de utilizar la causa Malvinas para fortalecer el aparato represivo del Estado. Ningún cheque en blanco al Consejo de Seguridad Nacional de Milei. Ninguna utilización de la “seguridad nacional” como cobertura para perseguir huelgas, piquetes, movilizaciones y organizaciones populares.
La defensa de las libertades democráticas adquiere, en este contexto, una importancia estratégica. Pero no puede separarse de la lucha contra el ajuste, el FMI y el conjunto del régimen capitalista semicolonial.
Porque las libertades democráticas no fueron regalos de la burguesía: fueron arrancadas mediante enormes luchas de la clase trabajadora y el pueblo. Y serán esas mismas fuerzas, movilizadas de manera independiente de todas las variantes patronales, las únicas capaces de defenderlas consecuentemente.
¡No al reforzamiento del aparato represivo bajo la bandera de la “seguridad nacional”!
¡Fuera el FMI, piratas del Malvinas todos los imperialistas de la Argentina!
¡Por
la defensa incondicional de las libertades democráticas, las luchas obreras y
populares y la organización independiente de la clase trabajadora!