La casta judicial de "Lago Escondido" se consolida y reproduce con los votos peronistas
Por Ernesto Buenaventura
Con una unanimidad casi absoluta, el Senado aprobó 67
pliegos judiciales enviados por el Gobierno nacional (imagen de arriba). El peronismo rechazó
solamente la designación de Pablo Bertuzzi, pero acompañó las otras 66, entre
ellas la de Pablo Yadarola, aprobada por unanimidad. De esta manera, el PJ
volvió a votar junto con La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y los
bloques provinciales.
La votación fue posible gracias a las negociaciones
encabezadas por Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista. Bertuzzi obtuvo
44 votos a favor y 23 en contra, mientras que Yadarola y los otros 65
candidatos recibieron el respaldo unánime de los senadores presentes. [Infobae,
27/08/2026](https://www.infobae.com/politica/2026/08/27/senado-en-vivo-las-ultimas-noticias-del-debate-sobre-los-pliegos-judiciales-y-convenios-internacionales/)
No se trata de un asunto menor ni de una simple
formalidad institucional. Estamos ante la consolidación de una casta judicial
cuya función consiste en proteger a la casta política que administra el Estado
al servicio de los grandes capitalistas.
El peronismo le sirvió en bandeja a Javier y Karina Milei
la designación de magistrados que podrán intervenir en algunas de las causas
más sensibles para el Gobierno. Bertuzzi y Yadarola integrarán la estratégica
Sala I de la Cámara Federal porteña, tribunal encargado de revisar las
decisiones de los juzgados de Comodoro Py y que podría intervenir, entre otros
expedientes, en las investigaciones por el caso $LIBRA y las irregularidades en
la Agencia Nacional de Discapacidad.
Yadarola, además, participó del escandaloso viaje a Lago
Escondido junto con jueces, funcionarios judiciales y empresarios vinculados al
magnate británico Joe Lewis. Sin embargo, su pliego fue respaldado por los 66
senadores presentes, incluido el bloque justicialista. [El Tribuno,
28/08/2026](https://www.eltribuno.com/nacionales/2026-8-28-0-0-0-el-senado-aprobo-pliegos-de-bertuzzi-y-yadarola-para-una-camara-clave)
No es la primera vez que libertarios, macristas,
radicales y peronistas coinciden. Cuando están en juego los intereses
estratégicos de la burguesía, las diferencias electorales quedan rápidamente de
lado. En este caso se trata de una verdadera cuestión de Estado: el régimen
necesita controlar a quienes investigan, procesan o absuelven a los
funcionarios que administran los planes de ajuste, endeudamiento y saqueo.
Mientras el Gobierno destruye salarios y jubilaciones,
entrega los recursos naturales, toma deuda con el FMI y convierte los fondos
públicos en una caja para los grandes empresarios, los partidos patronales se
reparten los cargos judiciales. Después serán esos mismos jueces quienes
garantizarán la impunidad de los funcionarios, criminalizarán las protestas y
perseguirán a quienes enfrenten el ajuste.
El acuerdo también desnuda la mentira de la supuesta
independencia de poderes. El Poder Judicial no se encuentra por encima de las
clases sociales ni actúa como un árbitro neutral. Es una pieza fundamental del
Estado capitalista y, por lo tanto, está organizado para defender la propiedad
y los privilegios de la clase dominante.
El Congreso dicta las leyes de ajuste y saqueo; el Poder
Ejecutivo las aplica; los jueces persiguen a quienes las enfrentan, y las
fuerzas represivas atacan a los trabajadores que defienden sus salarios, sus
empleos y sus conquistas. Son distintas instituciones, pero todas forman parte
del mismo aparato estatal y cumplen, en última instancia, una misma función de
clase.
El PJ puede pronunciar discursos contra Milei y denunciar
el desprestigio de la Justicia, pero cuando llega la hora de votar acompaña 66
de los 67 candidatos propuestos por el Gobierno. Esta conducta no constituye
una contradicción ni una anomalía: expresa el papel del peronismo como sostén
del régimen y garante de la gobernabilidad capitalista.
Lo mismo sucede con los gobernadores e intendentes
peronistas, que aplican el ajuste en sus provincias y municipios, reprimen las
luchas y negocian con la Casa Rosada los recursos necesarios para mantener sus
propios aparatos. Detrás de las disputas y los discursos opositores existe un
acuerdo profundo alrededor de la defensa del Estado, la propiedad capitalista y
el pago de la deuda externa.
Los socialistas luchamos por terminar con esta Justicia
clasista. Proponemos reemplazarla por tribunales populares integrados por
trabajadores, con jueces elegidos directamente, mandatos revocables y salarios
equivalentes a los de un trabajador calificado. Ningún funcionario debe ocupar
un cargo vitalicio ni gozar de privilegios por encima del pueblo.
Pero una transformación de esta magnitud no será
realizada por los partidos responsables de sostener el régimen. Para acabar con
la impunidad, con los privilegios y con todas las castas, hace falta construir
una alternativa política independiente y socialista, capaz de organizar la
movilización de la clase trabajadora y de todos los sectores explotados.
El único camino consecuente es una revolución obrera y
socialista que destruya el aparato estatal de los capitalistas e imponga un
gobierno de trabajadores.