Cristina y el kirchnerismo: posaban de “nacionales y populares”, pero entregaron el país a Chevron, Monsanto y Mekorot
Por Claudio Colombo
El 28 de agosto de 2013, mientras la Policía neuquina
reprimía brutalmente a trabajadores, organizaciones mapuches, ambientalistas,
estudiantes y militantes populares que protestaban frente a la Legislatura, los
diputados provinciales aprobaron el acuerdo impulsado por YPF y la
multinacional estadounidense Chevron. El pacto había sido promovido por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Jorge Sapag.
La Ley 2867 habilitó el desembarco de Chevron en Loma
Campana, una de las zonas más importantes de Vaca Muerta. La empresa yanqui
anunció un desembolso inicial de 1.240 millones de dólares para explotar
hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. El gobierno
presentó aquella asociación como un paso hacia la “soberanía energética”,
aunque, en realidad, colocaba una parte estratégica del petróleo y el gas
argentinos en manos de uno de los mayores monopolios imperialistas del planeta.
El acuerdo, rodeado de cláusulas secretas y beneficios
extraordinarios, confirmó el verdadero carácter de la política energética
kirchnerista. La expropiación parcial de YPF a Repsol no significó su
recuperación integral bajo control estatal y popular. Sirvió para reorganizar
el negocio petrolero y asociar a la empresa con nuevos capitales extranjeros.
Mientras adentro de la Legislatura se consumaba la entrega,
afuera se lanzaban gases, balas de goma, chorros de agua y proyectiles contra
quienes defendían los recursos nacionales. La represión fue la otra cara del
pacto: cuando la propaganda “nacional y popular” no consigue ocultar la
entrega, aparece la fuerza del Estado para imponerla.
De Monsanto a Chevron
El acuerdo con Chevron no fue un hecho aislado. Un año
antes, en junio de 2012, Cristina Fernández había celebrado públicamente el
plan de inversiones de Monsanto, que incluía la instalación de una gigantesca
planta de acondicionamiento de semillas de maíz transgénico en la localidad
cordobesa de Malvinas Argentinas.
El anuncio se produjo después de varios años de disputas
entre Monsanto y el Estado argentino por el cobro de regalías sobre las
semillas y las exportaciones de derivados de soja. Monsanto no había patentado
en la Argentina la primera soja Roundup Ready —RR1—, razón por la cual no podía
cobrar por esa vía las regalías que pretendía imponer sobre la producción
nacional.
La multinacional intentó trasladar su ofensiva a Europa.
Entre 2005 y 2006 promovió acciones contra cargamentos de harina de soja
argentina que llegaban a los Países Bajos y reclamó el cobro de regalías por la
presencia residual de material genético patentado en Europa. En 2010, el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó esa pretensión, al determinar
que la protección de una secuencia de ADN no podía extenderse a la harina de
soja cuando esa información genética ya no cumplía la función para la que había
sido patentada.
Fracasada esa maniobra, Monsanto impulsó una nueva
generación de semillas transgénicas vinculadas con su sistema de cobro de
regalías. En agosto de 2012, el gobierno de Cristina autorizó mediante la
Resolución 446 la comercialización de la soja Intacta RR2 PRO, desarrollada por
la multinacional para resistir insectos y tolerar el glifosato.
El gobierno no le otorgó formalmente una patente argentina
sobre esa semilla, pero le abrió el mercado y respaldó una tecnología diseñada
para reforzar la dependencia de los productores respecto de Monsanto. A través
de contratos privados, controles sobre los granos y distintas exigencias
comerciales, la compañía buscó asegurarse el cobro por el uso de su paquete
tecnológico.
El pacto incluía la instalación de la megaplanta de Monsanto
en Malvinas Argentinas, con el apoyo de Cristina, del gobierno peronista de
José Manuel de la Sota y de las autoridades municipales. El proyecto fue
presentado como una fuente de inversiones y puestos de trabajo, ocultando sus
consecuencias ambientales, sanitarias y económicas.
De haberse concretado completamente, la planta habría
fortalecido el control del monopolio sobre la producción de semillas y
perjudicado especialmente a pequeños y medianos productores. Sin embargo, la
movilización sostenida de los vecinos, las organizaciones ambientales y los
movimientos populares consiguió paralizar el proyecto. La resistencia de
Malvinas Argentinas demostró que la movilización independiente puede derrotar
los planes de las multinacionales y sus socios gubernamentales.
La autorización de la soja Intacta y el respaldo a la planta
confirmaron que el discurso “nacional y popular” terminaba donde comenzaban los
negocios de Monsanto. La soberanía alimentaria quedaba subordinada a un puñado
de corporaciones como Monsanto, Syngenta, Dow, Pioneer, Nidera y Bayer, que
controlan semillas, agroquímicos y tecnologías indispensables para la
producción.
Con Monsanto se entregó soberanía sobre las semillas y los
alimentos. Con Chevron se subordinó el petróleo y el gas. La orientación fue
siempre la misma: garantizar los negocios de las multinacionales mientras el
Estado asumía los costos ambientales, económicos y sociales.
De Chevron a Mekorot
Esta política continuó durante el gobierno de Alberto
Fernández, sostenido y cogobernado por el kirchnerismo. Esta vez, además del
petróleo, el gas y las semillas, el recurso estratégico puesto a disposición de
intereses extranjeros fue el agua.
En abril de 2022, el entonces ministro del Interior, Eduardo
“Wado” de Pedro, encabezó una misión oficial a Israel junto con gobernadores y
funcionarios nacionales. Allí visitó instalaciones de Mekorot y anunció la
preparación de convenios de cooperación con esa empresa estatal israelí.
Meses después comenzaron a firmarse acuerdos para que
Mekorot elaborara planes maestros y brindara asistencia técnica sobre la
gestión del agua en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa
y Santa Cruz, entre otras provincias.
No se trataba todavía de una venta formal de los ríos, los
acuíferos o los sistemas provinciales, sino de algo igualmente peligroso:
abrirle las puertas de la planificación y administración de un recurso vital a
una compañía extranjera estrechamente vinculada con los objetivos estratégicos
del Estado de Israel. Posteriormente, Mekorot amplió su inserción en la
Argentina y llegó a actuar como asesora de AySA.
La elección de esa empresa no puede considerarse neutral.
Mekorot ha sido denunciada internacionalmente por su participación en el
régimen de apartheid hídrico impuesto al pueblo palestino. Bajo la ocupación
israelí, numerosas comunidades palestinas son privadas del control de sus
fuentes de agua y obligadas a depender de una compañía que abastece
prioritariamente a Israel y a los asentamientos instalados ilegalmente en
Cisjordania.
Informes de las Naciones Unidas señalaron que Mekorot
controla los sistemas de suministro en Cisjordania y que, durante los meses de
mayor escasez, reduce el abastecimiento a comunidades palestinas para
garantizar el consumo de los asentamientos israelíes. El agua, indispensable
para la vida, se transforma así en un arma de dominación, desplazamiento y
sometimiento colonial. Esta política se profundizó con la ofensiva genocida del
Estado de Israel contra el pueblo palestino.
Una sola política de entrega
Monsanto, Chevron y Mekorot expresan tres dimensiones de una
misma política de subordinación: el control imperialista de las semillas y los
alimentos, la apropiación del petróleo y el gas y la intervención extranjera en
la planificación del agua.
Cambian los monopolios, las banderas y los discursos, pero
permanece intacta la dependencia. Monsanto y Chevron representan directamente
al gran capital estadounidense; Mekorot constituye una herramienta estratégica
del Estado de Israel, principal socio del imperialismo yanqui en Medio Oriente.
La entrega tampoco comenzó con Milei. El gobierno libertario
la profundiza de manera brutal, desembozada y provocadora, pero transita un
camino preparado por administraciones anteriores. El kirchnerismo amagó por
izquierda, pronunció discursos sobre la soberanía nacional y después pegó por
derecha, garantizando los negocios de las mismas multinacionales que decía
enfrentar.
Cristina Fernández y sus aliados “progresistas” actuaron
como administradores de este proceso de recolonización. Su retórica soberanista
sirvió para encubrir acuerdos con Chevron, Monsanto, Barrick Gold, Mekorot y
otros grandes capitales extranjeros. En vez de enfrentarlos, les garantizaron
territorios, recursos, infraestructura, seguridad jurídica y represión contra
quienes resistieron.
Axel Kicillof tampoco puede presentarse como ajeno a esta
política. Fue ministro de Economía cuando se consolidó el acuerdo con Chevron y
uno de los principales defensores del supuesto carácter soberano de aquella
asociación. Hoy pretende aparecer como una alternativa a Milei, pero su
trayectoria demuestra que el peronismo y el kirchnerismo no rompieron ni
romperán con los intereses imperialistas.
En esta etapa de decadencia capitalista, las potencias
intensifican el saqueo de los países dependientes, apoderándose de su energía,
sus minerales, sus tierras, sus alimentos, sus semillas y su agua. Para hacerlo
cuentan con gobiernos cipayos de distintos signos: liberales, neoliberales,
populistas, desarrollistas e incluso fuerzas que se presentan como progresistas
o de izquierda.
Los trabajadores deben rechazar tanto la entrega descarada
del gobierno libertario como la subordinación maquillada del progresismo. No
existe soberanía posible mientras el petróleo, el gas, el litio, la tierra, las
semillas y el agua permanezcan sometidos a los intereses de los monopolios y al
pago de la deuda externa.
La lucha por una segunda y definitiva independencia nacional
está inseparablemente unida a la expropiación de las multinacionales, la
ruptura con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda fraudulenta. Los
recursos estratégicos deben quedar bajo propiedad pública y ser administrados
democráticamente por los trabajadores y las comunidades, de acuerdo con un plan
económico al servicio de las necesidades sociales y de la protección del medio
ambiente.
También es necesario terminar con el control privado de las
semillas y desarrollar una producción e investigación estatal, bajo la
dirección del INTA, las universidades públicas, los organismos científicos, los
trabajadores rurales, los pequeños productores y las poblaciones afectadas por
los agrotóxicos.
Para avanzar en esa dirección es necesario construir una
nueva dirección política y sindical de los de abajo, completamente
independiente del progresismo, el peronismo y todas las fuerzas patronales. La
izquierda revolucionaria debe ponerse al frente de esa tarea, trazando una
delimitación clara con Cristina, Kicillof, Wado de Pedro y todos los
administradores de la dependencia.
La disyuntiva es terminante: o los monopolios continúan
apropiándose del petróleo, las semillas y el agua, o la clase trabajadora
conquista el poder para recuperar esos recursos y ponerlos al servicio de las
mayorías. No habrá independencia nacional sin revolución social.