sábado, 21 de marzo de 2026

Cambio en la ley de glaciares y destrucción de las fuentes de agua potable, un ataque directo y estratégico a la producción agropecuaria


Por Ernesto Buenaventura

Luego de aprobarse en el Senado, Diputados está tratando la reforma de la Ley 26.639, denominada de “Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. Si bien esto no es más que la continuación de las políticas al servicio de los monopolios extractivistas, sostenidas por todos los gobiernos anteriores a Milei, la nueva normativa permitirá que estos intensifiquen cualitativamente la depredación de recursos naturales estratégicos, principalmente el agua, que utilizan por toneladas para hacer funcionar a la minería de cielo abierto.

Argentina es uno de los territorios con mayor cantidad de glaciares del planeta. Muchos son visibles, como el Perito Moreno; otros, subterráneos, esenciales para las cuencas de agua que alimentan regiones agrícolas y ganaderas muy lejos de la cordillera. Lo que ocurra en San Juan, Catamarca o Santa Cruz no queda confinado allí́: repercute en la región pampeana, en los valles productivos y en las poblaciones que dependen de esas reservas hídricas[1].

El resultado, a mediano plazo, puede ser catastrófico, ya que la falta de agua dulce afectará a la agroindustria, que es el sector más dinámico de la economía nacional, el que arrastra al resto. En los hechos, esta modificación de la ley terminaría eliminando, o limitando de manera exponencial, a la “gallina de los huevos de oro” de la burguesía argentina, y, al mismo tiempo, a cientos de miles de pequeños y medianos productores de todo el país.  

El modelo agro exportador actual, que todavía funciona con cierto control del Estado, le permite a este recaudar una parte de sus ganancias, mediante impuestos y retenciones. El cambio hacia una Argentina extractivista -productora de materias primas minerales o hidrocarburíferas- significará que las grandes empresas del sector, en los hechos, no aporten casi nada, que es lo que está sucediendo en la actualidad con las que ya existen y lo que el gobierno pretenden sostener.   

Al eliminar las ventajas, que, más allá de sus enormes límites, tiene la producción agrícola y ganadera, el gobierno destruirá, parcial o totalmente, a un sector que apalanca a otros rubros de la industria. La transferencia de parte de la plusvalía de estos capitales hacia otros de menor productividad, como la minería, hará que el Estado y el conjunto de la economía nacional se debiliten como nunca antes.

Esto no solo condena al país a ciclos crisis económicas y recesiones más largos y profundos, sino a una situación que lo asemejará a regiones en donde priman el hambre, la desocupación masiva y la falta total de oportunidades para el conjunto del pueblo. En ese sentido, la entrega de los glaciares implicará, en primero lugar, la eliminación de la pequeña producción agrícola y ganadera, para todos aquellos que no puedan concretar el acceso al agua. 

Si bien este proceso en el que los grandes monopolios eliminan a los capitales más pequeños, es propio del sistema capitalista, esta política impulsada por el gobierno nacional y toda la oposición patronal, acelera esa tendencia. El impacto ambiental no es una hipótesis, es en la destrucción de recursos naturales esenciales para la vida, que las multinacionales mineras vienen llevando adelante desde hace décadas.

Los ejemplos en este sentido abundan. El 13 de septiembre de 2015 la empresa Barrick Gold derramó en su mina Veladero, en la provincia de San Juan, más de 1 millón de litros de agua cianurada, llegando a contaminar cinco ríos. En el 2023, la empresa Livent derramó en su proyecto Fénix en Catamarca más de mil litros de ácido clorhídrico. La misma empresa es acusada de haber secado la vega del río Trapiche en la provincia. Asimismo, los proyectos Josemaria en San Juan y MARA en Catamarca, vulneran la Ley de Glaciares, al afectar glaciares de escombros y ambiente periglacial, de acuerdo a su Evaluación de Impacto Ambiental y al informe de la Secretaría de Minería provincial respectivamente[2].

La lucha contra este avance del capitalismo extractivista es una batalla por la supervivencia de millones de trabajadores y pequeños productores en este país. El freno a la nueva legislación sobre glaciares será, de concretarse, apenas un paso en el sentido de terminar con el saqueo y la depredación, que acabarán definitivamente cuando acabemos con el capitalismo.  



[1] Perfil 20/03/2026

[2] https://farn.org.ar/reglamentacion-del-rigi-y-la-ley-de-inversiones-mineras-dos-caras-de-la-misma-moneda/

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