La reforma laboral, que es el gran objetivo que intentarán imponer prácticamente todas las patronales -pequeñas, medianas y grandes- tiene el propósito de eliminar derechos y conquistas históricas, de manera de reducir los costos de producción y hacer retroceder a la mayoría de la clase trabajadora a condiciones de semi esclavitud.
Esta política, es, en primer lugar, una necesidad de los capitalistas ligados a Estados Unidos, que, para competir con China, necesitan aumentar la productividad laboral, ya que los asiáticos cuentan con mano de obra mucho más barata y flexibilizada. Para avanzar en ese sentido, los patrones pretenden aumentos sustanciales en los ritmos de trabajo.
La reforma también está siendo requerida por el empresariado más pequeño, el que conforma el universo “Pyme”, para mantenerse en pie frente al avance de las importaciones de productos muy baratos que provienen principalmente del continente asiático.
Sin
embargo, por más que consigan votar la reforma, la mayoría de estos empresarios
caerán en desgracia por las asimetrías que tendrán lugar en el marco de la
apertura comercial con Estados Unidos. Es que, más allá de las promesas de
Donald Trump, su gobierno continuará subsidiando a las ramas de la producción
que compiten con la burguesía de nuestro país.
Argentina
compite en sectores sensibles para Estados Unidos —agro, acero, aluminio,
industria química y farmacéutica— y enfrenta una diferencia de productividad
que vuelve riesgoso un esquema de apertura unilateral. La ausencia total de
análisis sectorial y de evaluación de impacto agrava la vulnerabilidad del
aparato productivo local[1].
Este ataque en regla a los derechos y conquistas obreras no es otra cosa que la continuación y profundización del que llevaron adelante los distintos gobiernos peronistas, desde Carlos Menem en adelante, pasando por Néstor, Cristina y el inefable Alberto Fernández. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta política tiene que ver con la transformación de miles de estatales en monotributistas “autónomos” que perdieron su estabilidad laboral en todas las dependencias del Estado.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández siguieron el mismo camino, durante sus gobiernos el porcentaje de precarizados, monotributistas y contratos basura en el Estado creció en un 252 % y el gobierno de Alberto Fernández terminó con el 50% de los trabajadores de la administración central en condición de “contratados”, lo que le facilitó el camino a Milei para echarlos.
Ni qué hablar de los cientos de miles de “planeros” o “cooperativistas” que reemplazaron a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza en los municipios de todo el país, compañeros y compañeras que realizan el trabajo que antes se hacía bajo convenio, cobrando sumas insignificantes, sin obra social y los derechos elementales de cualquier laburante efectivo.
Milei quiere, en definitiva, hacer lo mismo que el peronismo, pero no solo a nivel del Estado -nacional, provincial y municipal- sino en todas las empresas del país y con todos sus trabajadores. Lamentablemente, la CGT y la mayoría de los sindicalistas, más allá de patalear para las cámaras, no hacen ni harán nada para enfrentar y detener esta andanada reaccionaria. ¡Son cómplices, más bien capataces de la reforma, porque reciben a cambio la zanahoria de las obras sociales y otras prebendas!
Mientras los dirigentes sindicales, mayoritariamente peronistas, viven como reyes, los y las de abajo estamos cada vez más pobres. Por eso, no habrá manera de organizar la lucha contra la reforma y el ajuste en general, sino son las bases las que lo toman en sus propias manos, pasando por encima de los traidores. La izquierda debe promover esta dinámica, postulándose como alternativa de dirección de las próximas luchas y puebladas, con un programa que proponga la destrucción de la causa de todos los males: el sistema capitalista semicolonial, que ya no tiene cura.
[1] Pagina12 15/11/2025
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