Por Damián Quevedo
Recientemente, el
Congreso de Brasil rechazó un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
mediante el cual intentó incrementar el impuesto a las operaciones financieras
(IOF), que existe desde 1964. Hace más de treinta años que no sucede algo
parecido, ya que la última vez que el parlamento acabó con un decreto
presidencial, fue durante el gobierno de Collor de Mello, quien poco tiempo
después terminó siendo destituido.
El veto del poder
legislativo es un duro revés para el gobierno del PT, que no tiene mayoría en
el parlamento y se enfrentará a elecciones el año próximo. La medida, aunque esperada, amenaza con empeorar las relaciones entre
Lula y el Congreso hasta el final de su mandato en 2026, en momentos en que el
gobierno enfrenta crecientes retos para alcanzar sus objetivos fiscales para
este año y el próximo[1].
Desde que asumió su
nuevo mandato, Lula da Silva se comprometió a cumplir los objetivos acordados
con el FMI, como el ajuste fiscal, que es la meta principal. el gobierno de Brasil anunció un ajuste del gasto público por
70.000 millones de reales (casi 12.000 millones de dólares) para 2025 y 2026,
una decisión que busca calmar las dudas de los mercados sobre el desempeño
fiscal de la mayor economía de América Latina[2].
El PT intenta pasar el aumento del IOF como una medida progresista, que busca redistribuir la riqueza del país. Sin embargo, el objetivo del fallido incremento nada tiene que ver con esto. Todo lo contrario, ya que fue pensado para mantener el gasto público en los límites aceptados por el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué representa el IOF?
El aumento del IOF es muy
insuficiente. De hecho, las fintechs y otras empresas del mercado financiero
tendrían que pagar un poco más de lo que pagan actualmente. Pero, aun así,
sería un nivel insuficiente para lograr la supuesta "justicia
fiscal". En otras palabras, no significa gravar excesivamente a los
multimillonarios capitalistas ni cambiar la estructura tributaria regresiva que
tenemos en Brasil, donde la gente paga muchos más impuestos que los ricos[3].
Por otra parte, el impuesto a las operaciones financieras tampoco afecta las ganancias de las multinacionales que operan en Brasil, ya que no impacta sobre las remesas enviadas a las casas matrices de esas empresas, donde va el producto principal de la plusvalía extraída a la clase obrera brasileña. Esta medida de Lula es una maniobra electoral, para que el ajuste pase como una política redistributiva. ¡Gato por liebre, como dice el dicho!
La crisis general del capitalismo exige que todos los gobiernos -de todos los colores- avancen sobre los salarios y las condiciones de vida de la clase obrera. Esta situación borra la nebulosa frontera entre populismos de extrema derecha y los que se pintan de progresistas, como el kirchnerismo en Argentina o el PT en Brasil, porque todos, en definitiva, cumplen el mismo papel de defensores de un sistema, que en su etapa decadente se vuelve cada vez más inhumano.
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