A diferencia de la condena contra Cristina Fernández, relacionada a la corrupción de su gobierno, la justicia libertaria está tratando de sentar un precedente peligroso para las libertades democráticas, mediante el proceso que la jueza Arroyo Salgado está llevando adelante contra militantes peronistas que escracharon al diputado oficialista José Luis Espert.
En este caso, el procesamiento y detención de estas personas constituye un ataque directo al derecho a protestar contra un personaje, que habitualmente provoca y amenaza a la oposición política y social de su gobierno. La jueza en cuestión pretende condenar a los militantes por delitos relacionados a la “asociación ilícita” y al “terrorismo”.
Alexia Abaigar, la funcionaria acusada de tirar excremento y colgar un pasacalle en la casa de José Luis Espert, que fue trasladada al penal de Ezeiza por un hecho que, en caso de comprobarse, es una contravención municipal, algo que no conlleva la privación de la libertad. Su abogado, Daniel Llermanos, indicó que el fallo de la jueza Federal Arroyo Salgado desconoce la presunción de inocencia[1].
Junto con Alexia, Arroyo Salgado ordenó la detención de otros funcionarios del municipio de Quilmes, que permanecen incomunicados en el penal de máxima seguridad de Ezeiza.
Esta situación, que demuestra las intenciones antidemocráticas del gobierno y sus jueces aliados, pone en evidencia la actitud real del peronismo hacia las libertades democráticas. El PJ convocó a marchar por su jefa, pero no movió un dedo por las militantes detenidas y en defensa de los derechos que están en juego.
Los socialistas y las socialistas no compartimos ningún interés con las funcionarias detenidas, que son representantes de las patronales y del sistema capitalista semicolonial que queremos destruir. Sin embargo, frente a este ataque a las libertades, reclamamos su inmediata libertad y desprocesamiento.
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