Por Damián Quevedo
Tras la aprobación de la ley “Bases”, las fuerzas represivas detuvieron a decenas de manifestantes, quienes fueron procesados por el fiscal Stornelli con acusaciones, que van desde “resistencia a la autoridad” hasta “sedición”.
En otro acto de la desproporcionada escalada de violencia
judicial y política, los manifestantes detenidos al voleo durante la
movilización contra la Ley Bases y acusados de una supuesta “sedición” contra
el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y
Ezeiza[1].
Con este ataque a las libertades democráticas, el gobierno nacional busca implementar, en los hechos, lo que aún no pudo imponer con su paquete de leyes y el DNU: criminalizar la protesta social para amedrentar a la clase obrera y el pueblo.
Milei está tratando de implementar un estado de excepción, como el que impuso Alberto Fernández, en 2020 -con los encierros masivos- utilizando la excusa del “enemigo invisible”, tan invisible como el “terrorismo”, que, actualmente, estaría atentando contra Milei y sus secuaces.
En ese marco, desde las organizaciones combativas debemos impulsar la lucha en defensa de las libertades públicas, convocando para eso a la más amplia unidad de acción, ya que estas son una conquista fundamental, que se alcanzó después de años de dura resistencia a la dictadura militar.
Los regímenes democráticos -dentro del capitalismo- aunque son limitados, siempre son preferibles a las dictaduras, ya que le permiten organizar a la clase obrera de una manera más favorable que cuando debe actuar en la clandestinidad absoluta.
Para eso, la tarea principal es, hoy por hoy, movilizarse por la libertad y el desprocesamiento de los detenidos y las detenidas, compañeros y compañeras que sufrieron los efectos de una verdadera cacería por parte de la policía y otras fuerzas federales y capitalinas.
Además, las organizaciones de
izquierda debemos reunirnos para elaborar un plan conjunto de defensa de
nuestras columnas, de manera de impedir que continúen actuando impunemente los provocadores
enviados por la policía y actuar en consecuencia frente a la represión.
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