Por Damián Quevedo y Juan Giglio
El gobierno nacional no deja de cosechar derrotas en
el ámbito judicial, que, por supuesto, tienen un trasfondo político. Luego del
rechazo en el fuero laboral ahora el DNU de Milei sufrió otro revés, pero en el
foro contencioso administrativo, donde esperaba cierta complicidad.
Javier Milei
empieza a ver cómo se complica la misión de mantener a flote el Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 con el que pretende sentar las nuevas bases de
la economía argentina a través de la regulación en favor de los grandes grupos
económicos.
Después de la
cautelar que frenó la reforma laboral incluida en el DNU, fue la justicia en lo
contencioso administrativo la que le dio un nuevo golpe al desbaratar la
estrategia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que pretendía concentrar
todos los cuestionamientos contra el mega decreto en ese fuero porque le
resulta más amigable que los tribunales laborales.
Es un golpe
mortal y definitivo a la estrategia del gobierno, ya que desarma el colectivo y
obliga al gobierno a apelar cada una de las cautelares y las sentencias que se
dicten, explica a Página/12 el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien
también presentó un amparo contra el DNU[1].
La posición del poder judicial frente a las acciones
del ejecutivo no es algo menor, ya que puede liquidar o frenar las iniciativas gubernamentales.
Esto, en medio de la crisis terminal de la economía nacional, puede resultar
catastrófico para los planes libertarios y para la propia gobernabilidad.
Por supuesto, que la actitud contestataria de los
jueces no es el producto de sus principios “democráticos”, sino de los intereses
políticos y corporativos a los que responden o de los que sufren presiones. Por
todo eso, el lanzamiento del DNU terminó debilitando al nuevo gobierno, que
está en crisis desde el momento en que asumió.
La bancarrota argentina le quita a Milei la
posibilidad de ejercer el poder a través de la caja del Estado, como todos sus
antecesores. Por esa razón, su primer intento fue gobernar por decreto y sin
consenso con las demás fuerzas, ya que no tiene nada para ofrecer en una
negociación con los demás bloques parlamentarios o con los gobernadores.
El presidente, con el freno judicial, está obligado a llevar
todo al Congreso, donde, además de contar con un bloque minoritario, va con el
antecedente de la oposición de los jueces, a los que, diputados y senadores, probablemente
no querrán enfrentar con normativas que estos terminarán cuestionando.
Esta fragmentación de las instituciones no es “normal”
en los regímenes democrático burgueses, sino que expresa la existencia de una
total y absoluta debacle de sus instituciones y representantes ante las mismas.
Esta realidad hace que el gobierno sea uno de los más débiles de la historia
argentina.
Los jueces, los partidos patronales y la mayoría de
los capitalistas que hacen negocios en Argentina, comprenden la profundidad de
la crisis, razón por la cual no quieren quedar atados al carro de un gobierno
que marcha velozmente hacia el precipicio. ¡Los trabajadores debemos empujarlo e
imponer una salida que beneficie al pueblo!
Para eso, hay que convertir al país en una Gran
Asamblea -de carácter fundacional- en la que la mayoría discuta
y resuelva qué modelo -político, económico y social- hace falta para salir de
la crisis. ¡O el que nos proponen Milei, Massa, Bullrich, Macri, Scioli,
Kicillof y compañía, con ajustes eternos y brutales, no contra la “casta”, sino
contra el pueblo, o el que impulsamos los y las socialistas, que es opuesto por
el vértice!
Esta asamblea tendrá que nutrirse y sostenerse a partir de la creación y extensión de miles de asambleas obreras y populares en los lugares de trabajo, estudio y los barrios, como las que comenzaron, incipientemente, a desarrollarse en algunas localidades, tratando de repetir lo que ocurrió en 2001, donde había miles a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional.
La crisis, de una vez y para todas, tiene que ser pagada por quienes la provocaron, los capitalistas. Para eso, hay que echarlos a todos e imponer un gobierno de los que nunca gobernaron, los laburantes, que controlen las palancas fundamentales de la economía desde sus asambleas de base, en las fábricas, las grandes empresas de servicios y transporte y los bancos.
Hay que dejar de pagar la fabulosa e impagable deuda
externa y usar esos fondos para financiar un plan de reactivación de la
economía, que incorpore a millones de desocupados, con sueldos dignos, y se
proponga construir fábricas, vías férreas, usinas, hospitales, escuelas y todo
lo que hace falta para elevar la calidad de vida del conjunto.
Para avanzar en ese sentido hay que poner en pie una conducción revolucionaria, dispuesta a empujar organizar el Argentinazo que reclaman las actuales circunstancias y liderar a millones hacia la victoria. ¡Sumate a Convergencia Socialista para que, desde nuestro partido, colaboremos con esta tarea, que se hará posible con la unidad de los revolucionarios y las revolucionarias más consecuentes!
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