Por Damián Quevedo
Finalmente, luego de dos días de gobierno sin
anuncios, el ministro de economía Luis Caputo, anunció un paquete de medidas en
sintonía con lo que se esperaba. Estas, en los hechos, significan un salto
adelante de la política que venía implementando el gobierno anterior.
El conjunto de políticas empujará una aceleración brutal
de la inflación, y, por lo tanto, un golpe de knock out al bolsillo de la clase
obrera, ya que aumentarán de manera exponencial los precios de los productos de
consumo masivo, las tarifas del transporte público y en los servicios de
energía.
Se reducirán
los subsidios a la Energía y al Transporte. El ministro de Economía expresó que
"hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas
energéticas y transporte a través de estos subsidios".
Además, hizo
un guiño a las provincias remarcando que "los subsidios al transporte en
el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del
interior" y sumó: "Así que vamos a terminar también con esa
discriminación hacia el interior"[1].
Este ataque al salario indirecto y el incremento en
las ganancias de las empresas que implica, va acompñado de otro hachazo a los
jubilados, que profundiza el recorte que venía llevando adelante el gobierno de
Fernández/ Mazza. Entre los anuncios posteriores al video de Caputo, se publicó
que el gobierno congelará las jubilaciones y otorgará aumentos por decreto, es
decir a discreción de la actual administración.
De esta manera, se acrecentarán las ganancias de
ciertos grupos económicos, que serán beneficiados por la licuación de los
salarios con el impuesto inflacionario. Pero, al mismo tiempo, esto significará
la liquidación de los sectores patronales menos “competitivos” y un avance en
la concentración monopólica.
La idea de los dueños del poder es que desaparezcan los
capitales sobrantes, que son aquellos que no pueden sostenerse y reproducirse
sin transferencias del Estado, mediante las cuales se apropian de una pare de
la plusvalía que de otro modo quedaría en manos de capitales más grandes o más
productivos. El cambio en las retenciones a la agroindustria, con la extensión
de estas a otros sectores, además del complejo sojero es parte de este proceso.
Uno de las
medidas que le dará ingresos fundamentales al fisco será la suba generalizada
de derechos de exportación, es decir, aquellas economías regionales que no
pagaban retenciones pasarán a hacerlo en esa magnitud. Es una contrapartida,
dicen en Economía, de la fuerte devaluación del tipo de cambio que, esperan,
acelerará exportaciones y liquidación de divisas hasta fin de año. Creen que
podría haber unos USD 5.000 millones, que están en conversaciones con las
cerealeras[2].
Estas medidas, que buscan maximizar las ganancias de
una fracción del empresariado, no resolverán el problema de déficit fiscal, que
es la justificación técnica que el gobierno utiliza para justificar este ajuste.
Es que la reducción de impuestos (en los hechos con el aumento del dólar
oficial) al complejo agroindustrial, hará que ingresen menos fondos a las arcas
públicas por las retenciones que venía pagando ese sector.
Por otro lado, las ganancias de los grandes
capitalistas, también está sujeta a los vaivenes del mercado mundial, que
atraviesa una recesión generalizada, con lo cual este incremento en la
explotación de los trabajadores, esta sangría sobre los salarios, en poco
tiempo será insuficiente para las patronales, incluso las más grandes, que continuarán
exigiendo más y más ajustes.
Esto es, parafraseando a el ex presidente Raúl
Alfonsín, una economía de guerra, pero es una guerra declarada de los
capitalistas y su gobierno contra los trabajadores. Para llevar adelante estos
combates antiobreros, la burguesía cuenta con el apoyo de la mayor parte de las
conducciones sindicales, que, junto con el peronismo y el macrismo son los
principales aliados de Milei.
Esto quiere decir, que, para luchar, los y las de abajo tendrán que construir una nueva conducción política y sindical, una dirección combativa que se apoye en las asambleas de base y ponga en pie un Centro Coordinador de la Resistencia, donde se vote un Plan de Lucha y un Programa Obrero Alternativo al del gobierno y todas las fracciones capitalistas. Esa es, hoy por hoy, principal tarea de la militancia combativa o de izquierda.
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