Por Damián Quevedo
La absoluta mayoría del progresismo local y gran parte de la izquierda, asumieron la caracterización de que el procesamiento a Cristina Fernández y el atentado, son hechos que expresan la existencia de una avanzada derechista, o de carácter fascista, contra las libertades democráticas.
Si bien, ya señalamos en varias notas, que ninguno de estos hechos implica una amenaza para la democracia burguesa, sobre estos se han montado -quienes manejan el Estado nacional- para tratar transformar al régimen democrático burgués en un instrumento mucho más represivo y restrictivo.
Nuestra gran diferencia con el progresismo y la mayoría de la izquierda, es que, ésta avanzada antidemocrática, no está siendo encabezada por Milei, el Macrismo o la “Banda de los Copitos”, sino por el partido que gobierna y se ocupa de aplicar el Plan de Ajuste del FMI: el Frente de Todos.
Un claro ejemplo que esta avanzada reaccionaria, es la propuesta, por parte de del kirchnerismo, de promover e imponer una ley contra el llamado lawfare. La propuesta del diputado Gutiérrez, quien abrió la ronda de ponencias al mediodía en la sala 2 del Anexo del Congreso de la Nación, hizo foco en la necesidad establecer un castigo “para quienes decidan deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional de un país”, para que vaya "más allá de una multa como hoy prevé el Código Penal".
En esta iniciativa, a diferencia del proceso por corrupción a la vicepresidenta, subyace una amenaza para los y las trabajadoras que se rebelen contra las políticas del gobierno, o, que en determinadas situaciones reclamen la renuncia o procesamiento de algún funcionario. ¡En esos casos, los luchadores que hagan eso, pueden ser acusados de “deteriorar el prestigio de una persona o el orden institucional”!
La propuesta del kirchnerismo, además de impedir que los funcionarios acusados de cometer actos de corrupción, liberándolos de los juicios en curso, les garantiza un marco de enorme impunidad a quienes cometerán estos actos en el futuro. ¡Esta ley, de promulgarse, reforzaría la impunidad que, ahora, a través de los fueros, ya tienen estos personajes!
Este intento de endurecimiento del régimen -para con los trabajadores, nunca con las patronales y el imperialismo- es un paso más, luego de la fallida propuesta de ley contra los "discursos de odio", para dejar atrás el régimen democrático burgués -tal como lo conocemos- y avanzar hacia una especie de bonapartismo.
Esto, que sucede en Argentina, es un proceso mundial, ya que las burguesías de todos los países están tratando de avanzar en ese sentido, debido al agotamiento de las instituciones “democráticas” que utilizaron durante años para ejercer su dominio. La crisis capitalista y el cuestionamiento, cada vez más profundo, hacia los de arriba, por parte del movimiento de masas, empuja a los capitalistas en esa dirección.
La izquierda, en vez de caer en las trampas tendidas por los “nacionales y populares”, que agitan el peligro del enemigo “fascista”, debe denunciar centralmente al gobierno y sus planes antidemocráticos. Poner en el centro de la atención de la clase trabajadora, a quienes tienen el control del Estado burgués, es una cuestión de principios.
Para eso, los luchadores y las luchadoras que defienden las banderas del Socialismo, deben jugarse a organizar, desde las bases, el Argentinazo que haga realidad la consigna que gritaron millones durante los sucesos de 2001: ¡Que se vayan todos!, pero ahora, de manera definitiva, para que, revolución mediante, se ponga en pie un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
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