Por Damián Quevedo
Los números de la inflación y el endeudamiento para patear hacia adelante la crisis, o, aunque sea el pico de la misma, son las principales amenazas para el gobierno nacional y para quien pretenda y pueda sucederlo en 2023. Es que, por más que traten de “buscarle la vuelta”, existen aspectos -tanto económicos, como sociales y políticos- que combinados avivan el fuego de la crisis.
Argentina no está
aún en período híper inflacionario, como el que acabó con el gobierno de Raúl
Alfonsín, pero existen elementos similares. Uno de ellos es el estado de ánimo general,
ya que nadie confía en que la escalada de precios se pueda frenar, situación
que lleva a los comerciantes a remarcar precios de forma preventiva, o a retener
mercancías a la espera de otros aumentos, es decir, en las actuales
circunstancias lo que más aumenta es la especulación.
La inflación de abril evidenció una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales con respecto a marzo. En términos interanuales, el IPC presentó una suba de 57,8%, el registro más alto en los últimos treinta años, y en lo que va del año acumuló un alza del 23%. Y, si bien para mayo el dato podría ser menor del 6% registrado el mes pasado, los distintos pronósticos privados dan cuenta de que continuará por encima del 5% y algunas proyecciones estiman que puede superar el 70% en 2022[1].
El otro factor, no menor, es la crisis política, porque cualquier análisis más o menos serio indica que estamos ante un gobierno muy débil, algo que, a todas luces, desbarranca a cualquier gobierno se proponga pilotear semejante coyuntura. Alberto Fernández no tiene, en este contexto, prácticamente ningún apoyo, ni de los trabajadores, ni de alguna de las principales fracciones burguesas.
El proceso inflacionario licua la deuda del Estado en pesos y los salarios, pero también acrecienta la deuda en dólares y las dificultades del gobierno para obtener, ya que se encarecen en relación a la moneda local. Todo esto sucede antes de que el gobierno ejecute, si es que anima, uno de los puntos centrales del acuerdo con el FMI, que es reducir el gasto público en materia de subsidios a la energía, es decir, un aumento de tarifas que necesariamente empujará una mayor suba del resto de los precios.
La única estrategia del ministro Guzmán y del presidente es -para tratar de capear el temporal- el endeudamiento mediante la emisión de bonos para sostener el gasto público. Sin embargo, esta estrategia ya fracasó, porque la crisis internacional y la cada vez mayor volatilidad financiera llevan a que los capitalistas no se arriesguen a comprar papelitos de un país en crisis.
No es casual que, en estos últimos días el riesgo país, uno de los indicadores que influyen en el mercado de deuda, haya alcanzado los 1900 puntos. Para entender esta cifra debemos compararla con la calificación que la burguesía internacional le pone a Ucrania, que está en guerra. ¡Allí es de 2500, apenas un poco más arriba que la Argentina!
El marco internacional desfavorable, la bomba de tiempo de la inflación y la deuda en Argentina señalan que los trabajadores y las trabajadoras debemos, sí o sí, prepararnos para grandes luchas, porque a los de arriba no les queda otra que apretarnos las tuercas con más ajuste, más despidos y más precarización laboral. Si no lo hacemos, estas políticas nos llevarán a una situación como la de Venezuela, donde las mayorías obreras y populares están sumidas en la pobreza más extrema.
Por todo esto, la izquierda que se reivindica revolucionaria no solo debe denunciar las intenciones reaccionarias de quienes ejercen el poder -que son iguales que las de aquellos que se preparan para sucederlos- sino que tiene que agitar con claridad que no existe otra salida a la crisis que no sea la de gestar, desde las bases, otro Argentinazo, que vaya esta vez a fondo echándolos a todos e imponiendo una salida de verdad, una salida obrera y socialista.
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