Por Nico Kobane
Una marea humana ganó las calles de Rumania rechazando el
decreto aprobado este martes por la noche - con carácter de urgente - por el
Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD), mediante el cual se eliminan las penas
de cárcel por corrupción para los casos cuyo perjuicio sea inferior a 44.000
euros. El líder del PSD, Liviu Dragnea, es uno de los imputados por
“abuso del poder” y “corrupción”. Con esta ley podrían eludir cualquier
responsabilidad, ya que la fiscalía estimó que este dirigente - portavoz de la
campaña electoral que le dio el triunfo a la Social Democracia - no habría
robado más de 24.000 euros. Dragnea no pudo ocupar el cargo de primer ministro por esta
acusación, teniendo que ceder su lugar a Sorin Grindeanu, quien justificó el
decretazo utilizando el argumento - insostenible - de que no se podría seguir
procesando porque las cárceles están “súper pobladas” y, por lo tanto, no
habría lugar para recibir a los futuros presos. De imponerse, la nueva normativa no solo regirá para los
nuevos casos, sino también para las investigaciones y juicios que ya están curso,
eliminando la consideración acerca del delito de “negligencia penal”. Las movilizaciones constituyeron un duro golpe para gobierno,
que en medio del escándalo se vio obligado a aceptar la “renuncia” del ministro
de Comercio y Negocios, Florin Jianu, que se alejó del ejecutivo alegando
razones de "conciencia”. (Leer todo)

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