Imagen: Espert junto a una caricatura de Pablo Escobar y el narco Machado con el avión que le "prestó" para hacer campaña
Por Damián Quevedo
El triple femicidio de Florencio Varela puso en el tapete la cuestión de cómo se desarrolla el narcotráfico en el conurbano bonaerense. No mucho tiempo atrás esta discusión giraba en torno a Rosario, donde el gobierno nacional desplegó fuerzas federales para “combatir” a las bandas santafesinas, en realidad, una enorme puesta en escena que no resolvió prácticamente nada.
En ese marco, han reaparecido denuncias
que vinculan a funcionarios públicos, como José Luis Espert, con el comercio
ilegal de drogas. Según documentos de la
fiscalía del Distrito Este de Texas, José Luis Espert —diputado nacional de La
Libertad Avanza y candidato a la reelección por Buenos Aires— habría recibido
200.000 dólares de una red liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario
actualmente detenido en Argentina con pedido de extradición a Estados Unidos
por narcotráfico y lavado de dinero[1].
El caso de Espert es apenas un botón de muestra de un entramado que atraviesa el Estado en todos sus niveles, ya que el tráfico de drogas -cada vez más baratas y nocivas- crece desde hace décadas en este país, sobre todo en las provincias que cuentan con mayor cantidad y concentración de habitantes.
Allí, como en otras regiones semicoloniales, no existe el crimen organizado por fuera del control estatal, por lo tanto, no hay tráfico de estas sustancias prohibidas sin la participación directa de las fuerzas de seguridad. Esta es una realidad por todos conocida y hasta aceptada por el mismo gobierno, que al enviar fuerzas federales a Rosario reconoció el compromiso de la policía provincial con las mafias locales.
Las actividades ilegales, dentro del capitalismo, impulsan el crecimiento de un enorme y sofisticado aparato de represión -policía, jueces, cárceles, etc.- cuya principal función no es otra que la de disciplinar a la clase trabajadora. La provisión de drogas en los barrios juega el mismo papel, ya que estas sirven para alienar a una parte significativa de los laburantes, que, de esta manera, dejan de lado la posibilidad de luchar por sus reivindicaciones insatisfechas.
La producción y comercio de drogas es una rama extremadamente rentable de los negocios capitalistas, que, para extenderse y consolidarse, requiere la existencia de una burocracia estatal que le permita contar con la existencia de zonas liberadas y protección. Para lograrlo, los narcos financian las campañas políticas de candidatos y candidatas de distintos partidos, tanto oficialistas como opositores.
Todos los representantes del capital, en el terrero de la política o el sindicalismo, tienen vínculos directos o indirectos con el narcotráfico, como los dirigentes del peronismo, que, con su enorme aparato de punteros barriales, el control de la Bonaerense y las barras bravas del fútbol, son garantes más que eficientes del desarrollo de este comercio infame, que destruye a la juventud obrera y popular.
Las patotas, que nutren los actos de campaña y actúan como guardaespaldas de los candidatos -tanto de los libertarios como del PJ y otros partidos patronales- son mercenarios que cobran en dinero y drogas por estos servicios. En definitiva, estas lacras, son la muestra definitiva de que ni el gobierno nacional ni las gobernaciones provinciales van a combatir a las bandas de narcotraficantes, porque sus integrantes forman parte del problema, son beneficiarios directos de los negocios de los narcos.
Solo la clase trabajadora, que es la
principal víctima del narco tráfico, con una dirección revolucionaria a la
cabeza, podrá acabar con este negocio, llevando adelante una gran revolución
social que acabe con la causa de todos sus problemas, el capitalismo, que, de
seguir existiendo, destruirá buena parte de la vida tal cual la conocemos y al
propio planeta Tierra.
[1] Infobae 25/09/2025
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