Por Musa Ardem
Tanto el ministro de economía como el vocero presidencial se encargaron de aclarar, una y otra vez, que con el préstamo del FMI no habrá riesgo de devaluación, declaraciones que fueron necesarias porque nadie les cree. Los grandes bancos ya calculan una devaluación entre el 25 y el 30 % para fin de año, pero existe el temor de que se adelante, incluso antes de las elecciones.
El
Fondo exige, entre otras cosas, la salida del cepo cambiario, reclamo que viene
siendo acompañado por un sector importante de las patronales locales. Sin
embargo, para concretarlo, el Banco Central necesitaría contar con un colchón
de dólares que no tiene y que tampoco resolverá el préstamo del FMI.
En el Gobierno asumen que los
US$20.000 millones del acuerdo serán “de libre disponibilidad”. Este es un
punto crucial y aún genera muchas dudas. Según fuentes con acceso al FMI, la
burocracia del organismo lo máximo que podría aceptar serían US$6.000 millones
frescos, más US$14.000 millones para pagar vencimientos, con lo cual salir del
cepo sería muy difícil.
Más allá de las intenciones de Caputo y Milei, la devaluación llegará tarde o temprano, ya que esta pseudo convertibilidad es insostenible. La cuestión que desvela al oficialismo, es que, por más que raspe la olla, los dólares no van a alcanzar para frenar la corrida que tendrá lugar cuando los ahorristas quieran comprar verdes para defender sus ahorros.
Esto puede hacer colapsar el sistema financiero, como en el 2001, obligando a los bancos a construir un corralito o algún mecanismo parecido, para evitar la fuga de depositantes. La crisis financiera, combinada con la recesión y la caída a pique del poder adquisitivo de los salarios, obligará a que los trabajadores y otros sectores de la población salgan a pelear.
El gran temor del gobierno no son las elecciones legislativas, sino la calle, porque, como demostrado en estas últimas semanas, no pudo controlar ni frenar las protestas con el protocolo represivo. Para colmo de males, ahora deberá enfrentarse con un nuevo paro de la CGT, que, más allá de las intenciones conciliadoras de los burócratas, puede potenciar y radicalizar la bronca que se acumula por abajo.
La
izquierda y el activismo combativo deben aprovechar la huelga y las
movilizaciones que tendrán lugar el día anterior, para organizar a la
vanguardia más decidida, alrededor de un programa verdaderamente consecuente y
una perspectiva organizativa que no le dará la podrida y decadente burocracia
sindical peronista.
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