Por Damián Quevedo
El 26 de junio, un grupo de militares bajo el mando del general Zuñiga, avanzó con una columna de vehículos blindados sobre la plaza central de La Paz. Todo parecía indicar que se trataba de un “clásico” golpe de Estado, como sucedió muchas veces en el vecino país.
Sin embargo, nada de esto logró concretarse, ya que el resto del ejército no se plegó ni tampoco hubo sectores de la sociedad civil que apoyaran un “levantamiento” cuyos reclamos fueron difusos, a tal punto, que en ningún momento pusieron en cuestión la continuidad del presidente Arce.
Lo de Bolivia se emparentó, de cierta manera, a los levantamientos “carapintadas” -que tuvieron lugar entre 1987 y 1990 en Argentina- con reivindicaciones parciales que no apuntaban a cambiar el gobierno o al régimen político. Más allá de esto, desde la izquierda repudiamos el carácter reaccionario de ambos eventos.
El líder del movimiento, el general José Zuñiga, ocupó el cargo de comandante del ejército desde el primer mandato de Evo Morales y tiene reconocidos vínculos con movimientos sociales y sindicatos, como así también varias acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos.
Curiosamente, además de no buscar o no exigir la renuncia de Arce, el militar declaró -al ser detenido- que la maniobra en cuestión fue ordenada por el propio presidente boliviano, para tratar de recuperar popularidad en un momento crítico de su gestión.
Antes de ser arrestado por la policía en puertas del principal cuartel de las Fuerzas Armadas en La Paz, Zúñiga dijo a los medios que el propio presidente Arce la había encargado “hacer algo” para levantar la popularidad del mandatario afectada por una crisis económica, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social[1].
Es de público conocimiento la disputa dentro del oficialismo boliviano, entre el actual presidente y el ex mandatario Evo Morales. Es que, detrás de esta pelea por el aparato y la caja del Estado, existen fuertes pujas entre fracciones capitalistas que pujan por el control de los recursos naturales de Bolivia, que contiene el principal yacimiento de litio del mundo.
Desde su descubrimiento, las principales potencias, China, Rusia y EEUU buscan quedarse con la explotación del llamado oro blanco en ese país, Chile y Argentina. En ese marco, los imperialistas chinos y rusos tomaron la delantera, ya que, hoy por hoy, varias las empresas relacionadas a estas potencias las que están asociadas con la estatal YPFB.
En diciembre, Bolivia firmó un acuerdo con la empresa
rusa Uranium One Group para construir una planta piloto semi industrial con
tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) en el Salar de Uyuni para
producir 14.000 toneladas de carbonato de litio por año. En abril, la canciller
boliviana Celinda Sosa se reunió con su par ruso, Sergey Lavrov, en una reunión
en la que Moscú expresó su apoyo para las aspiraciones de Bolivia de unirse al
grupo BRICS[2].
La
inestabilidad política de Bolivia está directamente ligada a esta pugna entre potencias,
aunque, en ese contexto, los imperialistas no pretenden cambiar la actual
institucionalidad. Rusos, chinos, yanquis y europeos defienden la “democracia”
capitalista, porque es el régimen que les garantiza más estabilidad a la hora
de concretar sus negocios.
Todos
los gobiernos bolivianos, incluido el de Evo Morales -que llegó a echar de La
Paz al embajador yanqui, pero nunca rompió relaciones con EE.UU.- actuaron y
siguen actuando como virreyes de las grandes potencias.
Los
revolucionarios, frente a cualquier avance o amenaza golpista, defendemos los
derechos y libertades que son propios de la democracia burguesa, sin caer en el
engaño o la pantomima que el gobierno boliviano construyó para desviar la
atención del movimiento de masas.
Por esa razón, en la actualidad, es este gobierno y el partido oficialista, con todas sus fracciones, el principal enemigo de la clase trabajadora, ya que es el encargado de aplicar los planes de ajuste, súper explotación y saqueo de las riquezas al servicio del imperialismo.
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