Aunque discuten las formas, oficialistas y opositores están a favor de profundizar el ajuste que ordena el FMI
En medio de sesiones maratónicas, la cámara de diputados continúa discutiendo la llamada ley ómnibus del gobierno nacional. A pesar de los cuestionamientos a las formas y ciertas cuestiones del contenido, la mayoría de la oposición incluido el peronismo, está dispuesta a aprobar el paquete, ya que todos los capitalistas asumen la necesidad de que la crisis la paguen, como siempre, los trabajadores y el pueblo.
Tras una semana de frenéticas negociaciones y amenazas del oficialismo de convocar a sesión sin contar con los votos de la oposición dialoguista, se alcanzó un principio de acuerdo sobre la Ley Ómnibus[1].
El DNU y la ley en cuestión, forman parte de un plan de ajuste y saqueo aún mayor, razón por la cual desde el ejecutivo reclaman contar con facultades extraordinarias, amplios poderes que les permitan tomar deuda e imponer medidas más duras sin ningún cuestionamiento parlamentario. En ese sentido, lo que negocian en el Congreso no es esto, sino la cantidad de tiempo que durará esta prerrogativa.
No habrá manera de frenar el ajuste en el Congreso, por más presiones que se ejerzan desde afuera, ya que los representantes de la burguesía, de todos los colores, tienen claro que, para mantener el sistema con vida, tendrán que seguir destruyendo la calidad de vida de la mayoría del pueblo trabajador, e, incluso, de un sector del capitalismo nacional.
Es por eso que, la única manera de acabar con esta política antiobrera y antipopular, es echando a los ajustadores y evitando que sean reemplazados por otros que, con diferente “relato”, apunten para el mismo lado. Eso será posible con un nuevo Argentinazo, que imponga, además, una salida verdaderamente democrática, a través de la cual el movimiento de masas discuta y resuelva qué modelo de país hace falta para salir de la crisis.
Hay que llenar la Argentina de asambleas obreras y populares, donde se lleve adelante este debate, que concluya en una gran asamblea nacional, con representantes de todo el pueblo, que tenga un carácter fundacional. La constitución plantea, para este tipo de situaciones, la posibilidad de convocar a una Constituyente, que podría ser la opción, pero mucho más amplia, democrática y representativa que la que estipula nuestra carta magna.
Comentarios
Publicar un comentario