Por Damián Quevedo y Juan Giglio
En el juicio a Cristina Fernández y ex funcionarios de la banda “nacional y popular”, el fiscal que lleva la causa pidió una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El progresismo vernáculo, la burocracia sindical y los barones del conurbano cerraron filas en defensa de la jefa, sosteniendo que se trata de una persecución política.
Lamentablemente, algunos sectores de izquierda, como los camaradas del PTS cayeron en la trampa montada por el circo político y judicial de la burguesía. En ese sentido, desde su página, La Izquierda Diario, ubicaron a Cristina como una perseguida política, convocando, en los hechos, a defenderla.
En el caso de Cristina Kirchner, el pedido
implica una clara persecución política, que incluye un antidemocrático pedido
de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un pedido muy a tono con lo
planteado en muchas ocasiones por sectores de la derecha y la gran corporación
mediática[1].
Cuando los burgueses se matan entre sí, para ver quien o quienes se hacen cargo del manejo del Estado -incluyendo este tipo de “persecuciones”- los revolucionarios no tomamos partido, dejamos que se debiliten, peleándose entre sí. ¡Que se revuelquen en el mismo fango apestoso del Capitalismo, que todos estos personajes defienden con uñas y dientes!
Solo reclamamos el cese de la persecución de ciertos dirigentes capitalistas, cuando las dictaduras eliminan derechos y libertades democráticas y, en ese marco, los reprimen, encarcelan, torturan y asesinan junto al activismo de izquierda y la vanguardia obrera. Cuando nos hagamos cargo del poder, a través del Estado socialista, serán juzgados por tribunales obreros por el hecho de corrupción más importante, que es el de haber gobernado al servicio de los grandes monopolios, nacionales y extranjeros.
Queda claro, que, detrás del juicio, existe una pugna electoral, como también, que, durante los anteriores gobiernos kirchneristas, hubo actos de corrupción que ahora son aprovechados por la oposición, que cuando gobernó fue tanto o más corrupta que Cristina y compañía. ¡Los actos de corrupción ligados al Estado son inherentes al Capitalismo, que, para seguir existiendo, se nutre de estos de la misma manera que lo hace mediante la súper explotación obrera y la depredación de las riquezas naturales!
Por esto, tampoco acordamos con la conclusión del artículo del PTS, que después de caracterizar la existencia de un proceso de “politización del poder judicial”, que es utilizado para “perseguir opositores políticos”, reclama, que los acusados sean juzgados por tribunales populares. ¡Esto, en los hechos, significa, que estarán libres hasta que gobiernen los trabajadores, un verdadero despropósito!
Más allá de la abstracción que significa hablar de tribunales populares -en el marco del régimen democrático burgués- el PTS no puede dejar de ver que la justicia dentro de esta sociedad tiene un carácter de clase, al igual que lo será en el Socialismo, aunque de signo opuesto. Por lo tanto, los jueces nunca serán independientes ni imparciales, ni, mucho menos, se podrán por encima de los intereses de los capitalistas.
No existiendo ninguna dictadura, o posibilidad de que se imponga un régimen de estas características, los revolucionarios debemos aprovechar estas peleas entre los partidos patronales para alentar la lucha del movimiento de masas. ¡Cuando el régimen “democrático” burgués se debilita, como sucede ahora, los y las de abajo estamos en inmejorables condiciones para pegarles con dureza!
El deber de los socialistas es avivar el fuego de las peleas burguesas, para que se cocinen todos dentro de la misma olla. Una condena a Cristina no sería un ataque en regla a las libertades democráticas, ni nada parecido, sino un misil a la línea de flotación del régimen, ya que ella es una de las cartas de recambio para el 2023, una figura de enorme gravitación dentro del PJ, que es el gran garante del ajuste.
Los camaradas del PTS y otras organizaciones de izquierda, que consideran que una condena a la jefa de la banda kirchnerista sería un precedente nefasto, se equivocan de cabo a rabo. Si ese fuera el caso, si lo que estuviera en juego fueran las conquistas democráticas y su pérdida implicaría, que, a partir del fallo, estaríamos en peores condiciones para pelear, entonces habría que rechazar este juicio, sin dejar de señalar que la corrupción de la vicepresidenta.
Sin embargo -repetimos- este
no es el caso, lo que
hay es una tremenda y sangrienta puja entre los de arriba. En ese contexto es una
inaceptable pérdida de independencia política, asumir -aunque sea de forma
indirecta- la defensa de uno de los sectores patronales que están metidos en
este combate, más aún cuando es la vicepresidenta, es decir una de los
ejecutores del ajuste.
[1] La Izquierda Diario 22/08/2022
Todos los políticos patronales son corruptos
Por Damián Quevedo y Juan Giglio (Nota publicada el 22 de agosto)
La prensa y los partidos patronales están prestando atención a varios casos de resonancia nacional, íntimamente relacionados a la corrupción y el narcotráfico en el ámbito del Estado. Estos son, entre otros, los de ciertos policías ligados al narcotráfico, Milagro Sala y la mismísima vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Un caso de funcionarios judiciales y policías que se quedaban con parte de los cargamentos secuestrados a los narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires estalló como una granada en el interior de la política argentina. No solo por las capas freáticas de protección política que emergieron alrededor del caso, que tiene al fiscal Claudio Scapolan en su epicentro[1].
En ese marco, el caso de mayor repercusión mediática, cuyo devenir podría afectar las próximas elecciones presidenciales, es el conjunto de causas que enfrenta Cristina Fernández sobre desviación de fondos públicos y lavado de dinero.
Los negocios y negociados de funcionarios de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, podrían convertirse en otros casos emblemáticos, debido a la feroz interna que existe en esos ámbitos. Lilita Carrió acaba de “prender el ventilador”, acusando de corruptos a varios funcionarios o ex funcionarios del espacio.
Si “rascamos” bien a fondo, encontraremos infinidad de situaciones que involucran a funcionarios o personas que pretenden serlo, ya que el Estado es una “caja” que colabora, no solo con los negocios de la burguesía a la que defiende, sino con los que realizan quienes comandan sus instituciones, aún las más insignificantes.
Por esta razón, los negocios -lícitos e ilegales- que tienen lugar dentro del ámbito estatal, no constituyen una anomalía o una cuestión que tenga que ver con actos fortuitos de individuos de reprochable ética, sino más bien una parte constitutiva del funcionamiento del Estado capitalista. ¡En ese sentido, todo lo relacionado al narco tráfico no es ajeno a este "modus operandi"!
Al igual que en el proceso de la denominada “acumulación originaria”, el Estado juega un papel fundamental en el impulso de los grandes capitales que giran en torno a la producción y comercio de drogas ilegales. Esta es, no queda ninguna duda, una de las ramas de más dinámicas de la producción capitalista, que no podría existir sin el control y el impulso estatal, como sucede en Estados Unidos, alrededor de la DEA.
Ahora bien, este aparato de Estado, por la forma como es reclinado en las alturas, por la manera como se organiza su jerarquía, por las reglas de selección y de carrera que lo presiden, encierra una simbiosis perfecta con la media y gran burguesía. Lazos ideológicos, sociales y económicos indisolubles unen este aparato con la clase burguesa. Todos los altos funcionarios reciben sueldos tales que les permiten una acumulación privada de capital, a veces modesta, pero en cualquier caso real, lo que interesa a estas personas, incluso a nivel individual en la defensa de la propiedad privada y en la buena marcha de la economía capitalista[2].
El personal político -que se turna en administrar los recursos provenientes del aparato estatal- goza de muchos privilegios, que le permiten participar, directa o indirectamente, de los negocios que realiza la burguesía -para la cual "gestionan"- enriqueciéndose con una parte de la plusvalía que está le extrae a la clase obrera.
No existe ninguna manera práctica de terminar con este tipo corrupción sin acabar con el capitalismo, en términos nacionales e internacionales. Los socialistas luchamos por una sociedad, que ya demostró ser muy superior a este régimen decadente, la que establecieron los obreros de París, en 1871 y la clase obrera rusa en 1917.
Por eso, desde nuestra organización no defendemos ni defenderemos a ninguno de los políticos corruptos cuestionados por la justicia burguesa, ni a los oficialistas, como Cristina o Milagro Sala, ni a los opositores, como Macri, “Pepín” Fernández u otros. ¡Todos deben ir a la cárcel, no solo por sus actos de corrupción, sino, principalmente, por dedicarse a gobernar al servicio de unos pocos, que se llenan los bolsillos a costa de la súper explotación del conjunto y la depredación de los recursos!
Debe ser la clase trabajadora, a través de jurados obreros y populares, quien los juzgue, impartiendo los castigos más duros y ejemplificadores, para que, a partir de un gobierno revolucionario, quede claro que nadie, absolutamente nadie, volverá a tocar un peso o recurso que sea propiedad del pueblo organizado.
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