El Consejo de la Magistratura designa y remueve jueces federales, además de administrar el presupuesto del Poder Judicial, una de las fuentes de corrupción de sus integrantes, que son representantes de los jueces, colegio de abogados, cámaras de diputados y senadores, sectores académicos y del gobierno en ejercicio de sus funciones.
Luego de la auto designación del jefe de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como presidente de ese organismo, Cristina impuso a un senador propio y Massa, en diputados, a Roxana Reyes, del frente opositor. Estas designaciones profundizaron la sangrienta pelea que se está librando entre unos y otros por el control del Consejo de la Magistratura.
Este culebrón, que tiene como protagonista
principal a la “jefa” de la banda oficialista, puso a las negociaciones con el
FMI y a la mismísima guerra, en segundo plano. En ese contexto, la pelea
central ya no es entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino dentro de
las filas del gobierno: En un gesto de
diferenciación con Cristina, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Massa, accedió a la propuesta de Juntos por el Cambio y designó a la diputada
de la UCR Roxana Reyes...[1]
Esta maniobra empujó al presidente de la bancada kirchnerista a impugnar lo resuelto, argumentando que la composición del Consejo no sería proporcional a la representación parlamentaria. Germán Martínez, insiste con que no está de acuerdo con el nombramiento de la Diputada de la UCR, Roxana Reyes, y pidió ante la Justicia la nulidad de la designación.[2]
Lenin decía que, cuando los de arriba se pelean, los de abajo están en mejores condiciones de pelear. Lo que está sucediendo cumple con la premisa leninista, razón por la cual quienes acabamos de conmemorar su natalicio -nació un 22 de abril de 1870- deberíamos ser consecuentes con esa frase, impulsando con audacia la rebelión de los explotados y las explotadas.
Es que este circo, en que todos actúan como payasos, no solo golpea al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino también a la tercera columna en la que se apoya la gobernabilidad capitalista, el Poder Judicial, que desde hace unos años viene tratando de constituirse como garante del dominio burgués, aquí y en todo el sur del continente. Los “cuadernos” que desvelan a Cristina y el Lava Jato que tumbó a Dilma, han sido intentos de ubicar a los jueces federales como "árbitros" entre los demás poderes.
Sin embargo, la debilidad general y la crisis que atraviesa a todos los estamentos del Estado, ha impedido que este objetivo se lleve a la práctica, ya que no existe una sola institución capitalista que goce de cierta confianza en el movimiento de masas, que descree de todos y todas. Los y las socialistas debemos alentar esa desconfianza, convocando a la clase trabajadora a romper con la burguesía y a pelear por una alternativa propia, el gobierno obrero, popular y socialista.
Hay que echarlos a todos con un nuevo Argentinazo para conquistar salarios y condiciones laborales dignas, pero también para imponer la justicia que no garantizan los jueces de los ricos, que solo sirven para meter presos a los “ladrones de gallinas”. Para ir a fondo, será necesario poner en pie jurados obreros y populares, votados por las bases, que juzguen a todos los que nos gobernaron y entregaron el país a los monopolios, dejando una secuela de hambre, miseria, desocupación y condiciones laborales esclavistas.
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