Por Damián Quevedo
El acuerdo con el FMI, que, a raíz de la crisis internacional y la debacle del gobierno nacional, no sirvió para "tranquilizar a los mercados", fue la primera parada de un recorrido muy largo. El ejecutivo necesita posponer pagos de deuda, por lo menos hasta el 2023, para llegar a las próximas elecciones y hacer un traspaso dentro de los marcos institucionales “normales”, es decir sin una renuncia antes de término de Alberto Fernández.
Aunque falte un poco más de un año para las elecciones presidenciales, nadie puede descartar semejante perspectiva, por lo tanto, el que viene, será el año más largo -y traumático- de la historia del Peronismo. El drama, para el régimen de conjunto, es que, hoy por hoy no existe ninguna alternativa de recambio capaz de garantizar la tan necesaria, para los capitalistas, “gobernabilidad”.
La anunciada
guerra contra la inflación, que todavía no tuvo ningún disparo concreto, no es
más que una cortina de humo creada por el gobierno para tapar su política real,
con la que apunta a rebajar el poder adquisitivo de la clase trabajadora,
aumentar tarifas, profundizar la precarización laboral y, en ese marco,
entregar lo poco que queda de soberanía nacional a la voracidad de los grandes
monopolios.
Tras cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y y lograr una prórroga hasta el 31 de marzo los dos pagos
de capital que enfrentaba la Argentina esta semana por USD 2800 millones, el
ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Francia para avanzar en las
negociaciones para refinanciar la deuda pendiente con el Club de París por 1515
millones de dólares[1].
El gobierno “nacional y popular” está quebrado por donde se lo mire. El Frente de Todos ya ni siquiera es un frente. ¡Existen mayores acuerdos entre Cambiemos y la banda liderada por Alberto, Manzur y Massa, que dentro de toda la alianza que dio lugar al triunfo peronista!
El anuncio de nuevas retenciones a una parte de la producción agroindustrial, generó otra grieta entre varios gobernadores de provincias sojeras (peronistas y radicales) y el gobierno nacional. A pesar del alza de los precios de las materias primas, el ejecutivo nacional no está en condiciones de imponer este tipo de gravámenes por decreto y, mucho menos, a partir del Congreso.
El Estado está quebrado en términos económicos, ya que la invasión de Ucrania aceleró la crisis internacional, que golpeó con una dureza inusitada a la magra economía argentina. No existen ingresos de dólares suficientes para pagar la deuda en los términos acordados con el FMI, ni siquiera con el ajuste actual, el mismo resultado obtendrá Guzmán con el Club de París.
El gobierno está acorralado y dando vueltas en círculos, ayudando con su dinámica a profundizar la crisis de representatividad de la burocracia sindical, que es su principal sostén. Por eso, el activismo combativo, que comenzó a moverse, tiende a cuestionar su dominio, ganando la elección muchos cuerpos de delegados y comisiones internas.
Este proceso incipiente
de “reorganización” política y sindical de los y las de abajo, puede dar lugar
al surgimiento de una nueva conducción del conjunto. La izquierda
revolucionaria debe colaborar para que esto suceda, proponiendo su programa y
sus métodos, porque de su concreción dependerá la suerte de los próximos combates
obreros y populares.
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